La apertura de un expediente para investigar presuntos sobornos en el juzgado de Norberto Oyarbide tuvo sus primeras consecuencias: el juez le retiró la firma a su secretario Carlos Leiva y decidió despedir a la secretaria Eugenia González Cuidet.
La causa, que tramita en el juzgado de Luis Rodríguez, se inició por una denuncia del propio Oyarbide que realizó cuando conoció el dato de una presunta organización policial que operaba sobre los expedientes radicados en su juzgado.
El fiscal Ramiro González, a cargo de la instrucción, relató en su primer requerimiento los testimonios de dos testigos, el presidente y el abogado de una mutual, que declararon que dos policías les habrían pedido un soborno para el juez Oyarbide a cambio de frenar un allanamiento inminente. En ese escrito, el fiscal señaló como sospechosos a dos supuestos policías, “Ancona” y “Ángel”, que se presentaban como agentes de la División Investigación Federal de Organizaciones Criminales de la Policía Federal.
Nada nuevo y humor judicial
La situación de stand-by para Leiva y la salida de Cuidet fueron leídas en los tribunales porteños de Comodoro Py como señales que expresan la gravedad de la situación. Se trata de dos funcionarios de peso en el juzgado y, en el caso de Leiva, de larga trayectoria.
Sin embargo para el secretario esta experiencia no es desconocida. Cuando al ex juez Gabriel Cavallo le tocó subrogar el juzgado de Oyarbide también decidió retirarle la firma. Una especie de castigo que luego compensó otorgándole el apodo que habría de seguirlo hasta el día de hoy en el fuero federal: “Coco”, mote que, según cuenta de tanto en tanto el propio Cavallo, hace alusión a un gorila que saltó a la fama en los 90 ya que podía pronunciar alrededor de 100 palabras. El humor judicial ofrece significados curiosos.
Antecedentes de peso
La figura de Leiva cobró una magnitud relevante a partir de 2008, cuando en el juzgado de Oyarbide comenzaron a recaer las llamadas megacausas. El tráfico de medicamentos, la mafia de los pasaportes italianos adulterados y la llamada trama Schoklender por presunto desvío de fondos públicos le dieron influencia pero también fuertes reprimendas de la Sala I de la Cámara Federal.
Los jueces Eduardo Freiler, Jorge Ballestero y Eduardo Farah alertaron, mediante sucesivos fallos, todo tipo de irregularidades y sinsentidos en los procesos de instrucción que tenían lugar bajo la órbita de Oyarbide.
Hasta Zanola se quejó
Hace dos años, el sindicalista Juan José Zanola denunció que cuando estuvo preso por supuesta defraudación al Estado un hombre de mediana edad lo visitaba de tanto en tanto en el penal de Ezeiza para pedirle dinero a cambio de su liberación. En esa ocasión también se abrió un expediente que luego no prosperó y que estaba a cargo del fiscal Miguel Osorio, quien tiempo más tarde firmaría solicitadas a favor de la corriente Justicia Legítima.
Adepto al alto perfil, con una serie de expedientes incómodos en el Consejo de la Magistratura, este juez no cuenta con el apoyo de sus pares en el tercer piso de los tribunales de Retiro.
A principios de esta semana, algunos de los más veteranos, ante un edificio desolado por el asueto y el calor, recordaban el caso del ex juez Carlos Liporace, cuando publicaciones periodísticas alertaron que vivía en una propiedad valuada en más de un millón de dólares y que no tenía mayores ingresos que los de su cargo.
En esa ocasión, un grupo de magistrados federales se acercó para asesorarlo. Esa actitud no existirá para Oyarbide.
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