El Ministerio de la Producción resolvió y notificó a 10 plantas frigoríficas con licencia de acopio A -para exportación- que los declaraba depositarios de parte de sus stocks en cámaras por no encontrar consistencia entre las constataciones de Senasa y los registros propios que por normativa vigente deben cumplimentar ante el Estado Provincial.
La medida incluye además el pedido de explicación -en un plazo no mayor a 10 días- a dos establecimientos frigoríficos sin stock por movimiento de pescado sin registro alguno ante la Agencia Santafesina de Seguridad Alimentaria (ASSAL).
Una medida esperada
Con una política definida el 28 de mayo de 2008 de la que fueron participes los actores de la Cadena de Valor del Río y sus Recursos, la Provincia -a través de la Secretaría del Sistema Hídrico, Forestal y Minero- cumplió con los ejes de trabajo que se habían definido y anunciado.
El Decreto 2136 firmado por el Gobernador Hermes Binner, fijó los criterios que deberían reunir las habilitaciones de transporte, las renovaciones de licencias y los registros de ingresos y egresos que mediante sistema informático el empresario debía declarar en la ASSAl. Por otro lado la Resolución 8 del Ministerio de la Producción definía las variables cuantificadas que se considerarían para la distribución de cupos con destino a exportación y mercado interno.
Los cambios de las reglas de juego tienden en todos los casos a dar transparencia al proceso y previsibilidad al sector en un sistema que utiliza como insumo un recurso que es propiedad de todos los santafesinos.
La medida no fue inesperada, señala el Subsecretario Carlos Scabuzzo , responsable por 60 días de los sistemas de fiscalización y control de la pesca santafesina “previamente comunicados, informados y asesorados el sector empresario en la mayoría de los casos optó por no cumplimentar las condiciones de las normas vigentes; ni demostró fehacientemente que su incumplimiento obedeció a razones ajenas a su propia voluntad”.
“Es verdad, estamos frente a un sector con reglas demasiado flexibles y cambiantes durante muchos años; pero las políticas de esta gestión fueron y son claras, se sustentan en la participación, en la transparencia y en la solidaridad; y aquí hubo participación de empresarios y de pescadores; hubo reglas claras que había que cumplir y hay definiciones a favor del más débil de este sistema que es el pescador”
Con el diseño de las herramientas dispuestas Producción avanza a un sistema que como única opción deja el ordenamiento de la actividad, y junto a distintas jurisdicciones coordinadas intervienen para asegurar la trazabilidad del proceso, las condiciones de higiene y seguridad del producto, el trabajo registrado, y el origen seguro.
Números claros
Los sistema de seguimiento y monitoreo que se suman a los controles tradicionales de fiscalización incluyen además del sistema on line -obligatorio por Decreto- de registro de la ASSAl un monitoreo ya no de los tramites de los permisos de exportación sino de las exportaciones efectivamente realizadas a través de aduana.
A partir de ello, en el día de ayer, el Ministerio de la Producción intimó a dos licencias de acopio A a demostrar en un plazo no mayor a 10 días el origen de exportaciones totales por 402 toneladas que surgieron de la información oficial del sistema de aduana.
Las nuevas reglas
Santa Fe adoptó una posición trascendente al ejercer su derecho sobre la facultad de autorizar niveles máximos de captura independientemente de los cupos de exportación que por atribuciones fija el Estado Nacional, disponiendo en el año 2010 por Resolución 007 de la Secretaría de Medio Ambiente un cupo máximo de captura de 4464 toneladas para destino de exportación o mercado interno.
En el mismo sentido, y en defensa del trabajo de miles de pescadores de la costa santafesina, la Resolución 103 del Ministro de la Producción Juan José Bertero exige a las empresas con cupo de exportación y mercado interno utilizar un solo origen: “Santa Fe” y un solo guiado de transporte en puertos habilitados santafesinos; independientemente que a favor de su libertad para ejercer el comercio las empresas pudiesen obtener cupos de otras jurisdicciones como pueden ser Buenos Aires y Entre Ríos.
“No es menor, señala Scabuzzo, defender un recurso que es de todos contra la depredación, queremos empresarios comprometidos, que acepten reglas claras y cumplan con las normas vigentes; trabajamos por cambiar las condiciones de vida de los pescadores y modificar la relación que estos tienen a la hora de defender el precio de lo producido por su trabajo con el acopiador registrado”. No es cierto que pretendemos que desaparezca la actividad, nunca se nos ocurriría pensar en cerrar fuentes de trabajo y dejar a la deriva a miles de pescadores; pero esto no implica que exijamos se encuadren los operadores comerciales a la norma, la cumplan y asuman que el recurso es de los santafesinos y debe resguardarse para generaciones futuras sin desconocer las necesidades de las generaciones presentes; racionalidad en la administración del recurso; trabajo registrado y decente, precio justo al pescador y sistema comercial transparente, no es distinto a lo que se exige a cualquier otro empresario de otros sistemas”
Pescadores ciertos
Con el mismo objetivo, de darle ordenamiento y transparencia al sistema productivo de la pesquería santafesina, culminará sobre fines de este mes el primer registro legal por el cual quedarán habilitados los pescadores con sus respectivas licencias e inidentificadas sus canoas.
Días atrás se comenzó una fuerte campaña de sensibilización sobre los actores del primer eslabón tendiente a que defiendan su licencia sólo vendiendo lo producido a acopiadores registrados ante el Estado Provincial. “Vamos, lugar por lugar, pescador por pescador convocándolos a defender su licencia, llevamos afiches para espacios públicos, entregamos volantes, explicamos a cada uno que la licencia se defiende vendiendo a acopiador legal; fiscalizando en el puerto y exigiendo que en esa guía conste su nombre; todas ellas condiciones que le asegurarán a futuro recibir un beneficio por veda y renovar anualmente su licencia”, aseguró el funcionario.
Por otro lado, el pasado 17 de mayo se culminó el acuerdo con las organizaciones representativas de los pescadores que vienen interactuando con el Ministerio de la Producción en defensa de los intereses colectivos del sector. Reconocidas jurídica y administrativamente en el año 2009 revalidad su representación en el 2010: el sindicato de Pescadores de la Provincia de Santa Fe y las asociaciones civiles de la Provincia de Santa Fe y del Departamento Garay; a las que la cartera productiva otorga el valor máximo de captura para 2010 a partir del segundo trimestre del corriente año.
La decisión pondrá en acuerdo entre actores privados la oferta y la demanda obligando a las partes a definir un precio de referencia -tomando como patrón una pieza de 2 kilos- y que será publicado a través de los puertos de fiscalización en defensa del valor que reciben los pescadores. Los acuerdos además deberán determinar los puertos de fiscalización que serán utilizados para el fiscalizado y guiado asegurando la cobertura de toda la pesca santafesina como también el tonelaje discriminado en destino de exportación y tráfico interno.
Dicho acuerdo, establece también la creación de una comisión de seguimiento de los objetivos planteados en el mismo y el compromiso que en un plazo no mayor a 60 días se definirán los criterios que deberán cumplimentar las organizaciones citadas y/o nuevas organizaciones que participen en la distribución del valor máximo de captura a partir del año 2011, su inserción en el consejo provincial pesquero, en los acuerdos territoriales y en los sistemas de monitoreo de los puertos de fiscalización.
Con convenios celebrados con municipios y comunas se encuentran habilitados los puertos de fiscalización donde el pescador entrega al acopio mediando guía oficial de removido (para la bajadas de pescadores lejanas al puerto) o de transito. Para el control de este sistema el Ministerio de la Producción entregará próximamente los equipos de computación con el programa que permitirá la carga en tiempo real de las operaciones; por otro lado, creó una unidad de auditoría de proceso que será coordinada en un primer semestre por la sindicatura general de la provincia e integrada por un coordinador de equipo, un administrador provincial de planta y dos profesionales de ciencias económicos externos.
Fuente: sinmordaza.com
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