El secretario de Derechos Humanos, Martín Fresneda, aseguró ayer que la denuncia penal que miembros de la Unión Cívica Radical (UCR) realizaron en su contra “no tiene fundamentos jurídicos”, sino que se enmarca en las aspiraciones políticas durante la campaña electoral. El miércoles, Ricardo Gil Lavedra, Lilia Puig de Stubrin, Gerardo Morales y Ernesto Sanz, entre otros, denunciaron a Fresneda por la supuesta violación de los deberes de funcionario público, al “omitir datos” sobre la presunta actuación del general César Milani en la represión ilegal durante la última dictadura.
“La denuncia carece de fundamentos, pero no carece de oportunismo electoral y político. Quieren agredir a una persona que tiene un gran compromiso con este proyecto”, dijo Fresneda a la agencia Télam. Y completó: “Los que me acusan son los que posibilitaron que en la Argentina estén libres todos los genocidas”.
El funcionario aseguró que la denuncia es “infundada” y sostuvo que uno de los objetivos perseguidos es el de que “algún juez aventurado quiera citar a la presidenta (Cristina Kirchner) como testigo, lo cual es una maniobra absurda, lamentable y dolorosa”.
“El segundo punto es que esta Secretaría nunca omitió los informes. En tercer lugar, los archivos que analicé para asistir a la presidenta me llevaron a la misma conclusión que tomó (el ex secretario de Derechos Humanos) Eduardo Luis Duhalde en su momento”, agregó.
“Ahora todo lo tiene que analizar la Justicia. Nosotros no podemos arrogarnos esa facultad de decir qué es verdad y qué no”, agregó quien fue miembro fundador de la agrupación Hijos en Córdoba.
Por su parte, el senador radical José Cano aseguró que en su provincia, Tucumán, “hay militares en situaciones similares a las de Milani y hoy están presos”. Y enfatizó: “Nos llamó la atención que la Justicia Federal con este fiscal vinculado al sector de La Cámpora haya decidido no investigar”.
El legislador evaluó que “lo curioso y llamativo es que cuando se acreditó documentación que amerita que la Justicia investigue no se lo hizo y no se puede tener un doble estándar a la hora de tratar los pliegos de los militares”.
“La imputación que hace el Cels es que en el ámbito de la Secretaría de Derechos Humanos existían elementos y eso es un hecho grave”, se quejó Cano.
En tanto, el senador oficialista Aníbal Fernández advirtió ayer que si se encuentra “un indicio” de que Milani estuvo implicado en la represión ilegal durante la dictadura “se cae todo” el pliego de su ascenso en la Cámara alta.
Fernández destacó que “en diciembre” los senadores analizarán “todos” los antecedentes de Milani para decidir sobre su ascenso. Para el legislador “hasta ahora, nuevo no hay nada” en la información aportada sobre Milani.
Fernández pidió “no permitir el linchamiento que genera este manoseo típico de las previas de las elecciones”.
Milani fue nombrado jefe del Ejército por la presidenta a comienzos de julio, pero cuando su pliego llegó al Senado la mandataria decidió retirarlo para ser tratado luego de las elecciones.
Carlotto y su “confianza”
La titular de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, volvió a asegurar que esa entidad “jamás” aceptaría a “una persona implicada en la represión” como jefe del Ejército y ratificó su “total confianza en las decisiones de la presidenta Cristina Kirchner” con relación al nombramiento del general César Milani como jefe del Ejército.
“Los organismos jamás aceptaríamos a una persona implicada en la represión, como afirman que estuvo Milani. No tenemos suficientes pruebas sobre esta situación, de manera que el Cels, organismo que suele ser consultado para estos ascensos, presentó una moción en el Senado para impedir que se lo ascienda”, dijo Carlotto. Sobre la mención de Milani en el libro “Nunca Más” riojano, explicó: “Hay miles de personas nombradas en ese libro y no todas son genocidas”.
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