Rubén Armendáriz (*)
La Corte Suprema de Justicia sentenció que la reducción de pena apodada “2×1” (ley 24.390), que computa doble los días que un detenido pasa en prisión sin tener condena, no es aplicable a los responsables de crímenes de lesa humanidad, reparando la injusticia de un propio fallo anterior que generó una fuerte reacción social.
Los organismos de derechos humanos celebraron el fallo de la Corte que rechazó el beneficio del 2×1 (reducción de sentencia a la mitad) para los condenados por delitos de lesa humanidad y lo atribuyeron a “la lucha por la memoria, la verdad y la justicia”. Y a la movilización masiva que el 10 de mayo de 2017 colmó las calles del todo el país para rechazar aquel fallo que, por voto mayoritario, había abierto la puerta a la reducción de penas para genocidas procesados y condenados.
La decisión fue tomada por cuatro votos contra uno, éste el del actual presidente de la Corte, Carlos Rosenkrantz, a quien el gobierno colocó en esa posición. El 3 de mayo del año pasado, con la firma de Rosenkrantz, Horacio Rosatti y Elena Highton de Nolasco, la Corte sorprendió al declarar aplicable el 2×1 en el caso Muiña, un represor civil, integrante de una patota que perseguía a trabajadores y pacientes del hospital Posadas.
Treinta trabajadores del Posadas fueron secuestrados y al menos once continúan desaparecidos. En esa sentencia, los jueces consideraron que si había alguna duda sobre la aplicabilidad del beneficio a delitos como los cometidos por Muiña, “debe resolverse en favor del acusado en virtud de las exigencias del principio de legalidad”. Ese fallo desencadenó una catarata de pedidos en la misma línea por parte de otros represores, lo que en la práctica su aplicación implicaba una reedición de la ley de amnistía.
Y, además, generó el inmediato rechazo de los organismos de derechos humanos que convocaron a una movilización de repudio, ante una decisión que contrariaba el derecho internacional, que establece que debe existir una proporcionalidad entre la pena recibida y la gravedad de los delitos cometidos, y que no puede haber conmutaciones de penas para crímenes de lesa humanidad.
Además, impulsada por los sectores más reaccionarios del gobierno de Mauricio Macri, atacaba la esforzada construcción del camino de memoria, verdad y justicia como una política de Estado ante los crímenes de la dictadura cívico-militar de 1976-1983.
Sin dudas, en la Argentina, la participación en calles y plazas es parte del poder político, y quizá eso explique que el presidente Macri y su brazo derecho, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, quieran darle a la Policía Federal licencia para matar. La resistencia social, política y jurídica ya fue puesta en marcha, pero se acentúa, paralelamente, la violencia institucional.
Gatillo y fascismo fácil
Envalentonada con el operativo de seguridad impuesto en la “Franja de Gaza” donde se celebró la cumbre del G20 y con su victoria sobre el ex ministro de Seguridad de Buenos Aires Martín Ocampo, quien cargó con las culpas del desastroso y vergonzoso operativo de seguridad para el partido de fútbol entre River Plate y Boca Juniors, del cual ella era responsable, la ministra Bullrich buscó avanzar con su nuevo reglamento que permite a la Policía el uso de armas letales incluso contra personas no armadas.
Intentó que este reglamento, que flexibiliza y amplia el uso de las armas de fuego por parte de las fuerzas de seguridad autorizándolos a disparar hasta por la espalda y sin dar la voz de alto fuera aprobado las Policías provinciales. Pero la tarea no será tan sencilla, porque incluso provincias gobernadas por la coalición derechista Cambiemos anunciaron que no la van a implementar.
Ya la Justicia de la ciudad de Buenos Aires prohibió la aplicación del nuevo protocolo de seguridad que presentó Bullrich, y en respuesta a dos amparos que plantearon la nulidad del nuevo reglamento, el juez Roberto Gallardo decretó la inconstitucionalidad de la resolución y prohibió su aplicación en el ámbito de la ciudad capital.
La medida del juez hizo lugar a un pedido realizado por la diputada Myriam Bregman, presidenta de la Comisión contra la Violencia Institucional en la Legislatura de la ciudad, quien señaló que “esta resolución llega después de días críticos; el intento de cerrar la causa de Santiago Maldonado como mensaje de impunidad, el asesinato brutal del militante obrero Rodolfo Orellana, y la represión a conflictos gremiales”.
Además, personeros del oficialismo ya se manifestaron en contra del proyecto que, según algunos analistas, sirve, más allá de los presumibles asesinatos selectivos de dirigentes sociales, para facilitar la compra de armamentos de Estados Unidos e Israel.
“Nosotros no vamos a ir al fascismo”, sentenció la diputada Elisa Carrió, integrante de Cambiemos. “A la ministro se le va la mano (…) la reglamentación para fuerzas de seguridad viola los derechos humanos fundamentales”, dijo. “Esto se parece a las ideas de Bolsonaro (…). A los que se enojan conmigo por mi posición en seguridad les digo, que el día que maten a un hijo sólo por tener pelo largo o morocho se van a acordar de mí”, remató.
(*) Periodista y politólogo uruguayo, asociado al Centro Latinoamericano de Análisis Estratégico (Clae) www.estrategia.la
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