Esteban Guida y Rodolfo Pablo Treber / Fundación Pueblos del Sur (*)
Especial para El Ciudadano
Durante los últimos días el gobierno nacional implementó nuevas medidas tendientes a reducir el impacto de las importaciones de bienes y servicios sobre el stock de reservas del Banco Central. Es importante señalar que esto no tiene nada que ver con la administración del comercio exterior que requiere un modelo nacional de desarrollo industrial –como el que necesita nuestro país para salir de la pobreza y la dependencia económica– sino que apunta estrictamente a cumplir con las metas acordadas por el gobierno del Frente de Todos con el Fondo Monetario Internacional (FMI).
Estas metas apuntan básicamente a lograr acumular el volumen de reservas internacionales acordado con el Fondo; sin embargo, también procura generar un efecto recesivo concomitante. Por un lado, buscando controlar el nivel general de precios mediante el freno a la actividad económica que provoca una menor disponibilidad de insumos importados necesarios para el proceso productivo. Por el otro, y dada la menor demanda agregada resultante, busca reducir el consumo de energía, que significa un menor requerimiento de divisas y un menor sacrificio fiscal por vía de una reducción del gasto público en servicios económicos (subsidios al consumo de energía).
La urgente necesidad de frenar la salida de divisas para cumplir con el acuerdo del FMI lleva a aplicar medidas transversales que afectan a todas las empresas importadoras por igual, sin discriminar entre las que especulan y las que producen. De hecho, la última comunicación del BCRA en este sentido, incluye a todas las empresas en el requerimiento de buscar financiamiento en el exterior para poder adquirir insumos importados, cuando superen (en promedio) en un 5% lo importado en el mismo periodo del año 2021, o el 70% respecto al año 2020 (plena pandemia).
Cabe decir, como se argumenta desde el gobierno, que esta medida no implica una prohibición estricta a las importaciones, puesto que cualquier empresa puede realizar compras en el exterior utilizando dólares propios, y obtener las divisas respectivas en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) al dólar oficial, a los 180 días o 360 días (según el tipo de bien que se trate). Es obvio que esta barrera resulta más alta, hasta de imposible cumplimiento, para las pymes y cooperativas nacionales, ya sea por su limitado acceso al mercado financiero internacional o por la escasa disponibilidad de dólares propios después de varios años de control cambiario.
Las medidas generaron un esperado movimiento en el mercado cambiario informal. Se sabe que, ante este tipo de intervenciones, los movimientos especulativos contra el peso se suman a la lógica reacción de las empresas que buscan sostener su producción o reducir la incertidumbre generada respecto a la continuidad de la provisión de insumos clave; o sea, buscan dolarizarse. Para colmo, el gobierno dice que son medidas transitorias y que en tres meses se sabrá si continúan o se suspenden. En este caso, otra vez las pymes y cooperativas son las que no tienen más remedio que resistir y esperar.
Es posible que el gobierno logre su objetivo principal, cual es acumular reservas para obtener el visto bueno del FMI en la auditoría trimestral. Pero lo hará agudizando los desequilibrios de la economía y renunciando a una solución efectiva a los problemas de fondo. Por eso, resulta evidente que la firma del acuerdo con el FMI ratifica la total inconsistencia entre las decisiones del gobierno y los postulados básicos de la doctrina justicialista.
Las inconsistencias también se dan en el plano discursivo del presidente Alberto Fernández. Esta semana dijo que la Argentina “tiene una crisis de crecimiento”, en referencia al “problema” de la mayor demanda de insumos que se genera ante un incremento de la producción y la reactivación de la actividad económica.
En rigor de verdad, y para evitar profundizar la confusión, el presidente debería haber dicho que, con este modelo económico netamente abocado a la exportación de productos primarios, no es posible alcanzar un crecimiento sostenible ni desarrollo productivo local dada la fenomenal dependencia que tiene la economía de los bienes y servicios extranjeros. El verdadero problema es la ausencia de proyecto de industrialización nacional que tenga como fin alcanzar la independencia económica.
Resulta llamativo observar cómo los sucesivos gobiernos, desde la vuelta de la democracia hasta la actualidad, han eludido describir en detalle este problema públicamente y enfrentarlo con decisión política, cuando no lo profundizaron deliberadamente. En otras palabras, se han sometido a administrar, de mejor o peor manera, un país dependiente sin proyecto de solución.
Estamos pagando las consecuencias de la irresponsable falta de planificación que venimos acarreando desde el año 1974 hasta la actualidad. A propósito, el presidente Juan Domingo Perón, señalaba ese mismo año: “Nuestra Argentina necesita un Proyecto Nacional, perteneciente al país en su totalidad (…) Es evidente que nadie puede, razonablemente, dudar que la planificación es imprescindible, de ahí que, una vez identificadas las necesidades auténticas de la sociedad, habrá que cuantificarlas. Deberá, entonces, determinarse cuánto y qué producirá el Estado; cuánto y qué, el sector privado”.
Si la economía sigue organizada en términos de las apetencias del poder económico, no hay razón alguna para pensar que estamos en camino a resolver los problemas y terminar con sus consecuencias más dramáticas. En este contexto del “sálvese quien pueda”, el Estado, sin rumbo de cambio, genera más incertidumbre y contribuye con la desorganización; por ende, es lógico esperar que la evolución de los precios (la inflación) no logre encauzar una dinámica descendente y predecible.
Una verdadera planificación que, vale reiterar, no refiere a la idea de un gobierno, un partido político o un conjunto de intelectuales sino al esfuerzo y la participación activa y responsable del conjunto de los argentinos organizados según su saber y actividad, es la que va a permitir establecer políticamente la posición de la economía en el concierto mundial, las necesidades de producción (para satisfacer primeramente las necesidades de los argentinos) y los medios para realizarla. En todo momento, la organización de esa planificación deber responder a los objetivos nacionales, que si están por sobre los intereses sectoriales y la presión foránea, podrán avanzar (aunque con lógicas dificultades y grandes desafíos) hacia un sendero de desarrollo, con justicia social.
La administración del comercio exterior, en este marco, es una política fundamental para logar estos objetivos, y sirve el uso de todo el instrumental posible, efectivo y eficiente para tal fin. Pero valen con la mira puesta en un modelo de desarrollo nacional, ya que su propósito no es la acumulación de reservas en sí, sino la protección, el estímulo y el sostenimiento de un aparato industrial capaz de producir los bienes y servicios necesarios para salir de la dependencia externa. Se puede comenzar por aquellos sectores con mayor capacidad para sustituir importaciones (alimentos, textiles, calzados, juguetes, autopartes, etcétera) sin postergar el desarrollo tecnológico e intelectual necesario para hacer lo propio en sectores con mayor capacidad para agregar valor e insertarse internacionalmente.
El verdadero proteccionismo es, cuando se aplica de manera específica y planificada, con el objetivo de desarrollar a la industria nacional en ese bien o servicio restringido. De lo contrario, genera el efecto adverso: contracción y freno al crecimiento. Esta es la síntesis de la diferencia sustancial entre lo que debería ser y lo que ejecuta el gobierno para cumplir con las exigencias del FMI.
Un ejemplo claro de lo planteado inicialmente es la restricción a la importación de bienes suntuosos. ¿Cómo puede ser que recién ahora, luego de varios años de control cambiario, se hable de maniobras especulativas del poder económico que, en complicidad con el Poder Judicial, acceden a divisas para compra de bienes de lujo (aviones, yates, autos de lujo, etcétera)? ¿Por qué no se hizo nada antes…?
La vicepresidenta, Cristina Fernández, se ha referido varias veces al problema del “bimonetarismo” como si fuera una cuestión de orden natural y no la consecuencia de los actos de gobierno, de la desregulación económica y falta de planificación según el interés nacional, en los últimos 40 años. Por lo tanto, eludiendo las causas, no plantea una salida política y económica concreta.
La solución existe y tiene sobrados antecedentes como para que la dirigencia política siga mirando para otro lado; de una vez por todas, tienen que dejar el chamuyo y ponerse a laburar para el interés de la Patria.
(*) fundacion@pueblosdelsur.org
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