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Santa Fe

Frenesí reformista: van 9 proyectos para cambiar la Constitución pero la UCR no quiere dar el debate

Salvo por Juntos por el Cambio, las restantes fuerzas políticas que integran la Cámara provincial de Diputados presentaron sus proyectos para modificar la Carta Magna, que lleva 60 años sin que se le cambie una coma. Desde el radicalismo alegan que "no es el momento"


La Unión Cívica Radical santafesina decidió no sumarse a la ola reformista que parece haber tomado la legislatura provincial, y no ve con buenos ojos los diferentes proyectos de enmiendas a la Constitución de la provincia de Santa Fe, entendiendo que no están dadas las condiciones para el debate de la misma.

Juntos por el Cambio anunció que no acompañará el entusiasmo de los restantes espacios políticos de la legislatura por las modificaciones a la Carta Magna santafesina ya que descreen que el asunto sea prioritario en la agenda de la ciudadanía, y argumentan lo imperioso de tratar la situación de la inseguridad y la crisis económica de la provincia.

El Socialismo presentó su proyecto de reforma constitucional

“No es la oportunidad para debatir este asunto hoy. Cuando creamos que sea el momento daremos el debate y buscaremos los consensos necesarios para tener una Constitución mejor”, dijo el diputado Fabián Bastía, quien integró la reunión en la cual el espacio decidió su postura, y agregó: “No debe discutirse una agenda de la política, sino la agenda de los santafesinos”. No obstante, estas declaraciones son brindadas semanas después de la presentación del proyecto del correligionario Alejandro Boscarol, integrante de la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara, a la cual se le girarán los restantes ocho proyectos para su tratamiento.

El propio Boscarol detalló que el abordaje de los proyectos, desde la comisión, será en un esquema de audiencias, donde los partidos políticos se expresarán tanto sobre sus proyectos como la elaboración de un proyecto común.

La provincia de Santa Fe no ha reformado su constitución desde el 14 de abril de 1962. Las seis décadas subsiguientes trajeron consigo dos golpes de Estado, once presidentes democráticos, la posmodernidad, la caída del muro de Berlín, la Internet, la Ley de Matrimonio Igualitario, y la de divorcio, las Abuelas de Plaza de Mayo, Charly García y la televisión a color. Pero en todo ese tiempo, la bota de Estanislao López no ha encarado con profundidad una reforma de su Carta Magna. Y no por falta de intentos.

Reformistas sin reforma

Los radicales se identifican herederos de una tradición reformista, y dicen estar de acuerdo con la intención de llevar adelante una modificación de la constitución, pero la diferencia planteada está en el momento histórico: “el radicalismo claramente expresó la voluntad reformista pero entendemos que hoy no es el momento indicado o adecuado para llevar adelante la reforma, porque hay muchísimas urgencias, porque se ha agravado la situación económica, social incluso institucional de la provincia y donde necesitamos, claramente, tener más certidumbre y más estabilidad en el momento de tomar una decisión tan importante”, dijo a El Ciudadano el senador provincial Felipe Michling, presidente del comité provincial de la Unión Cívica Radical (UCR). “Hay que buscar primero los consensos necesarios para escribir el texto y a partir de ahí ver en qué momento se llaman a elecciones”.

Lucila de Ponti: “La Reforma Constitucional es una oportunidad para democratizar las instituciones”

El senador sancristobaleño agregó que “no es lo correcto llamar a elecciones para el año que viene, porque vamos a estar eligiendo, por lo menos de manera simultánea” a representantes comunes, cuyos mandatos tienen cuatro años de vigencia. “No podemos también elegir convencionales que van a  legislar para los próximos treinta o cincuenta años. Son cuestiones muy diferentes” dice Michling, diferenciando una elección de la otra. “No queremos mezclar una elección que es para un futuro inmediato y que influya en una elección para un futuro más extenso, de por lo menos los próximos treinta años”. 

Así mismo, Michling entiende que el Poder Ejecutivo no está impulsando tampoco el debate por la reforma constitucional: “Para expresar la voluntad de reforma tiene que estar involucrado el Poder Ejecutivo y la Cámara de Senadores. Esto es un festival de proyectos de la Cámara de Diputados, es como una competencia a ver quién tiene más relevancia, más protagonismo” expresó el senador provincial.

Sobre la contradicción entre la postura orgánica de la UCR y el proyecto presentado por el correligionario Boscarol, el presidente del radicalismo santafesino explicó a este diario que la presentación fue realizada días previos a la definición de la Unión Cívica Radical en una mesa de acción política: “Tal vez hubo un apresuramiento. Todos tenemos derecho, como legisladores, a presentar proyectos. Aquí tiene que ver con la decisión partidaria que fue unánime” de no acompañar la ola reformista.

Más en común que en contra

Los nueve proyectos para la reforma comenzaron a ingresar en marzo del corriente año, con la iniciativa del diputado Gabriel Real, del Partido Demócrata Progresista (PDP), a las cuales le siguieron los pliegos de  los diputados peronistas Luis Rubeo, Lucila De Ponti (del Movimiento Evita y cercana al perottismo) y Matilde Bruera (líder del bloque Lealtad Kirchnerista), uno por el socialista Joaquín Blanco quien además preside la comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara Baja, un cuarto por el diputado Nicolás Mayoraz, presidente del bloque Vida y Familia (VyF) y un sexto por parte del partido Igualdad y Participación (IyP) liderado por Agustina Donnet. El contador se cierra con los proyectos de Dámaris Pacchiotti, diputada provincial por Ciudad Futura, y el presentado más recientemente por el ucerreísta Alejandro Boscarol.

Rubeo: “No hay ninguna posibilidad de que algún sector saque provecho de la reforma constitucional”

En suma, los textos de enmienda constitucional están firmados por 28 legisladores de los 50 que integran la Cámara de Diputados, aunque no llega a  ser los dos tercios que exige la letra de la Constitución provincial para avanzar en la redacción de una ley “especial (…) que declare la necesidad de reforma; y si fuere vetada, su promulgación requiere la insistencia legislativa por igual mayoría”.

Las intersecciones más presentes son la cuestión de la reforma del régimen electoral, la cual hoy no permite sufragar a personas de entre 16 y 17 años, la aprobación de la autonomía municipal, la reescritura de las normas de constitución de la Corte Suprema de Justicia provincial, el reconocimiento de los derechos de tercera y cuarta generación, como el acceso a la información pública y a la conectividad, y el sostenimiento de la bicameralidad de la legislatura.

Dámaris Pacchiotti, diputada provincial por Ciudad Futura, fue una de las legisladoras que presentó su propio proyecto de reforma

 

La mayoría de los proyectos reformistas toman la idea de la reelección como un elemento común, con la única excepción de IyP, quienes esquivan la renovación de mandato bajo el argumento de que “la alternancia ha salido muy bien para Santa Fe” en los últimos años, aunque no se muestran reacios a negociar en una mesa más amplia. Otro de los elementos que se repiten es la reforma de la justicia santafesina, en tanto a la conformación de la Corte Suprema de Justicia y la regulación del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y de la Defensoría Pública, los cuales hoy no tienen una entidad en la letra constitucional. Otra propuesta audaz es la creación de un Colegio de la Magistratura provincial con rango constitucional, que emule las responsabilidades del Consejo de la Magistratura a nivel nacional y que busque un proceso “transparente” de selección de jueces y permitiendo “un mejor control de los otros poderes del Estado”.

El pliego de Ciudad Futura trae consigo algunas diferencias destacables con las propuestas del resto de los textos presentados: por un lado, el proyecto autoriza a los Estados Municipales a reformular sus cartas orgánicas y sistema de gobierno en el caso que opten por sancionarlos. También añade la figura de viceintendente y fija la renovación del Concejo Municipal cada cuatro años, con reelecciones por igual periodo. Así mismo, establece la neutralidad religiosa y la obligatoriedad de integración sociourbana, con la vista puesta en la facilidad normativa para el acceso a servicios y al derecho a la conectividad.

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