El gobierno francés mostró su confianza en que el Senado apruebe en las próximas horas la reforma jubilatoria. El ministro de Trabajo, Eric Woerth, aseguró que la ley enviada por el Poder Ejecutivo galo “será definitivamente aprobada por el Parlamento entre el miércoles y el martes”.
Según reveló Woerth, el proyecto que todavía está en estudio en esa Cámara alta representantes sería aprobado “en la primera lectura”, equivalente a un texto en general, luego que el presidente Nicolás Sarkozy instruyó a sus senadores para que aceleren la votación. La norma que ya fue aprobada por la Asamblea Nacional fue modificada en Senadores, por lo que este lunes una comisión mixta (CMP, con siete diputados y senadores siete) deben acordar un texto único de las dos versiones.
Este viernes, la policía despejó finalmente el acceso a la refinería de Grandpuits, del grupo francés Total, a 54 kilómetros de París. Esa planta, junto a otras 12 refinerías se declararon en huelga hace 12 días y su entrada estaba bloqueada por trabajadores petroleros. El desalojo dejó tres heridos según los sindicatos, aunque según el gobierno transcurrió en calma.
La CGT, principal central sindical del país, denunció como un “obstrucción del derecho de huelga” la intervención policial en Grandpuits. En tanto, siguen bloqueados otra decena de los 219 depósitos de combustible del país y el 20 por ciento de las 12.300 estaciones de servicio de Francia carecían de combustible, según el ministro de Energía, Jean Louis Borloo.
La ley que Sarkozy espera promulgar con ansiedad prevé elevar de 60 a 62 años la edad mínima para jubilarse, de 65 a 67 años la edad para cobrar la pensión completa y de 40,5 a 41,3 los años de aportes.
Con este impulso, el gobierno francés ignoró la presión de los sindicatos y organizaciones sociales y estudiantiles que desde inicios de septiembre repudiaron la medida en durante seis jornadas de protestas. En esas movilizaciones millones de personas salieron a las calles por considerar “injusto” el proyecto. Aunque avanza la aprobación, lo opositores ya convocaron a otras dos marchas: una con huelga el 28 de octubre y otra sólo de protestas, el 6 de noviembre.
Sarkozy está convencido que la reforma es la única manera de limitar el creciente déficit y proteger la codiciada calificación crediticia “AAA” que tiene su país de las calificadoras de riego. El mandatario quiere que la ley sea aprobada rápidamente, con la esperanza de que las protestas cedan una vez que la ley entre en vigencia.
Según cálculos oficiales, el sistema jubilatorio necesitará en 2018 unos 44.000 millones de euros (61.000 millones de dólares) extra o será deficitario. Su principal argumento es que si la reforma se convierte en ley, Francia seguiría teniendo una de las edades de retiro más bajas de toda Europa.
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