Una roca de 700.000 toneladas impidió que los equipos de rescate tomaran contacto con 33 mineros atrapados a 700 metros bajo tierra desde el 9 pasado, en un yacimiento de la mina San José, en Copiapó, región de Atacama, a 800 kilómetros al norte de Santiago de Chile.
La única expectativa de rescate de los 33 mineros enterrados por un derrumbe en una mina de cobre y oro “son los trabajos con una sonda nueva con cabezales más precisos”, con la que comenzaron a abrir un agujero de 15 centímetros por donde pasar agua, informó ayer a Agustín Latorre, vocero de la Federación Minera de Chile.
“Está todo supeditado a que la nueva sonda con cabezales más precisos llegue al lugar donde están nuestros compañeros, porque los trabajos con la rampa quedaron absolutamente descartados ya que es imposible remover el obstáculo”, dijo a la agencia Télam Latorre, responsable de Relaciones Públicas de los mineros.
Por su parte, el ministro de Minería, Laurence Golborne, había adelantado que las posibilidades de contacto se retrasarían por varios días más, debido a la complejidad del terreno que debe perforarse.
“La mina tiene un bloqueo mayor al que originalmente se creyó y está en condición insegura, por lo que los técnicos han aconsejado no continuar trabajos internos en la mina”, informó ayer Golborne.
En tanto, Latorre, por su lado, indicó que “se maneja todo en base a supuestos de la gente experimentada en el trabajo de mina, y una vez que los equipos de salvamento logren ingresar las primeras sondas al refugio donde presumiblemente están los mineros, el rescate definitivo de los obreros podría tardar meses”.
La sonda abre un orificio de 15 centímetros de diámetro por el que llega luz, una cámara de visión nocturna y sonido; una vez que ubican a los mineros, les bajan agua, alimentos y medicamentos en pequeñas cantidades.
“El sindicato de la mina había denunciado que se podía producir el incidente porque hubo cuatro derrumbes anteriores que provocaron la muerte de tres trabajadores y la amputación de una pierna a un cuarto obrero”, informó Latorre.
El dirigente contó que el alerta “estaba en conocimiento de las autoridades e incluso un encargado había renunciado al trabajo para no ser cómplice, con el respaldo de los sindicatos”.
“Esta mina fue cerrada en 2007, cuando se produjo la primera muerte, porque no cumplía con los requisitos que la legislación chilena exige para minas subterráneas, que tienen que tener salida y entrada”, y no un único canal de acceso.
La mina siniestrada “tiene 150 años de explotación y no se le han hecho las protecciones necesarias para que aguante” las excavaciones, enfatizó Latorre.
El vocero denunció que “todas estas minas están trabajando con sobre actividad; están ganando mucha plata y no debieran escatimar la protección para los trabajadores”.
Latorre atribuyó el siniestro a que “se ha impuesto en Chile un modelo económico que prioriza la maximización de las ganancias sin invertir lo necesario en seguridad, lógica que adoptan los empresarios mineros”.
Mientras tanto, en un campamento bautizado “Esperanza”, decenas de familiares “viven un drama enorme, agolpados en carpas aledañas a donde están atrapados sus familiares y viviendo de la solidaridad espontánea de la comunidad”.
Latorre dijo que pese a “una incertidumbre muy grande porque han ido fracasando una a una las acciones, hay experiencias anteriores que muestran que hay posibilidad de sobrevivencia a través del agua que aflora en las minas”.
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