La Fiscalía de Estado emitió dictamen sobre la contratación directa del nuevo concesionario de la autopista Rosario-Santa Fe. El organismo justificó la polémica decisión del gobierno provincial y retrucó cada una de las observaciones del Tribunal de Cuentas, aunque también señaló que hubo deficiencias formales –no en el procedimiento– que ya fueron subsanadas. En el dictamen, firmado por Jorge Barraguirre y Juan Pablo Cifré –fiscal adjunto–, se aconseja al Ministerio de Aguas y Servicios Públicos “más apego a las reglas”. Pero se termina ratificando la decisión de contratar en forma directa al operador de la autopista.
Fechado el 7 de septiembre, el escrito de la Fiscalía de Estado concluye dando luz verde al Ejecutivo para insistir con un decreto y dejar firme la concesión provisoria. El gobernador Hermes Binner firmó ese decreto dos días más tarde y ahora sólo queda en vilo el aspecto judicial de la trama. Con el decreto 1.724, del 9 de septiembre, el gobierno completó el trámite, imprescindible para que el acto jurídico por el cual contrató a Consorcio Vial SA –la UTE conformada por Supercemento y Edeca SA– quedase firme luego de la objeción del Tribunal de Cuentas.
Para Barraguirre, quedó demostrado que el Ministerio de Aguas y Servicios Públicos debió actuar bajo una situación de “fuerza mayor” por el contexto en que terminó el servicio por parte de Aufe SA. El decreto objetado por el Tribunal de Cuentas, del 28 de junio, entregó en forma provisoria por 180 días la explotación de la autopista. En las semanas previas, el ministro Antonio Ciancio convocó a cuatro empresas. Dos de ellas se asociaron bajo el nombre de Consorcio Vial y terminaron aceptando la propuesta del gobierno. Las otras dos firmas invitadas –Iecsa SA y Milicic SA– no respondieron. El 24 de junio, el funcionario a cargo de las gestiones –Alejandro Boggiano, subsecretario de Servicios Públicos– confirmó que la única solución era la concesión directa y al día siguiente se firmó el contrato, ratificado por decreto tres días más tarde.
“No puede perderse de vista la provisoriedad de la vinculación y la urgencia, o emergencia si se lo prefiere”. El fiscal de Estado suscribió ese argumento del Ministerio de Aguas y Servicios Públicos y de ese modo dio por zanjada la cuestión, autorizando al Ejecutivo a dictar el decreto de insistencia. Pero también advirtió en las actuaciones “una serie de defectos que la cartera de origen debería rever en el futuro a los efectos de lograr la debida completitud de los trámites y su desarrollo con mayor apego a las formas”. Las razones –luego aclaradas por Ciancio y por Boggiano– que dieron motivo a la figura de la contratación directa debieron estar mejor explicitadas en los considerandos del decreto, según Barraguirre.
De todos modos, el fiscal de Estado justificó a los funcionarios: “A la luz de las aclaraciones brindadas, se puede concluir que las deficiencias en la mayoría de los casos fueron subsanadas o debidamente explicitadas con motivo de la actividad administrativa ulterior”. En su dictamen, Barraguirre repasa los escenarios posibles a la salida del anterior operador de la autopista –prorrogar el contrato con Aufe, que la provincia asumiera el servicio, contratar a un prestador transitorio y suspender el servicio– para concluir que lo único que podía hacer el gobierno –ante la inviabilidad de reencuadrar al personal del peaje– era optar por la tercera opción.
En el dictamen se rechaza la objeción del Tribunal de Cuentas, que había determinado que el Ejecutivo no justificó debidamente la “urgencia” del contrato. “El Tribunal de Cuentas sostiene que la situación de urgencia habría sido generada por la propia demora negligente de la administración en producir el llamado a licitación. Respetuosamente me parece que ello no fue así y más que razones de urgencia lo que habría llevado al Ministerio a proponer la contratación directa fue más la necesidad o la fuerza mayor que aquella otra figura”, dejó sentado el fiscal de Estado.
Con el argumento del contexto nacional –en el que las firmas operadoras de peajes tienden a retirarse de las concesiones menos ventajosas, como el caso de Santa Fe en donde se cobra canon–, la Fiscalía de Estado concluyó que no hubo urgencia pero sí una “compleja” situación de “necesidad o fuerza mayor” que “no pueden calificarse como vicio de ilegitimidad para fundar la observación”.
“En otros términos, el Estado provincial se vio forzado a reestructurar el modelo de concesión ante los hechos acontecidos en el contexto nacional y, por lo tanto, se vio también forzado a postergar el llamado a licitación”, agrega Barraguirre. En efecto, la primera etapa de la licitación –la apertura de sobres de los interesados– fue un mes y medio después del contrato con Consorcio Vial.
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