El fiscal general, Jorge Baclini, los cinco fiscales regionales y 11 fiscales de toda la provincia se reunieron este miércoles con el gobernador Miguel Lifschitz, en la sede local de Gobernación, para manifestarle al mandatario su preocupación por la ley que aprobó la Legislatura y que modifica sustancialmente las leyes 13.013 y 13.014.
“Le transmitimos personalmente al gobernador la postura institucional consensuada en la Junta de Fiscales”, informó Baclini. “Le dijimos a la máxima autoridad provincial que estamos convencidos que la norma aprobada por los legisladores es un avasallamiento a la independencia de los poderes propia de una República y aniquila la autonomía del órgano encargado de la persecución penal”, agregó Baclini.
En tal sentido, sostuvo que “modifica el régimen de remoción de los fiscales y fiscales adjuntos, que ahora pasa a depender exclusivamente del Poder Legislativo y los coloca en una situación de inestabilidad y precariedad en relación a su objetividad técnica y funcional”.
“Entendemos que este nuevo mecanismo que aprobaron los diputados y senadores es de dudosa constitucionalidad y coloca a la provincia de Santa Fe en un lugar de retroceso de su calidad institucional en relación a las provincias argentinas”, aseguró el fiscal general. “Si bien la modificación fue aprobada unánimemente, no deja de sorprendernos que se hizo de forma sorpresiva, intempestiva, sin debate previo y en la última sesión ordinaria del año”
El titular del MPA añadió que “los fiscales y fiscales adjuntos deben estar sometidos a controles jurídico-disciplinarios. Así está establecido en la norma aún vigente que, por lo demás, se ajusta a lo que impone el artículo 91 de nuestra Constitución Provincial y es la forma que utilizan las leyes orgánicas de los Ministerios Públicos de todo el país para regular la temática”.
Baclini comentó que “el gobernador se comprometió a estudiar la ley aprobada y nos dijo que luego analizará los pasos a seguir”.
Baclini estuvo acompañado por los cinco Fiscales Regionales: Carlos Arietti (Fiscalía Regional 1, Santa Fe); Patricio Serjal (Fiscalía Regional 2, Rosario); Alejandro Sinepoli (Fiscalía Regional 3, Venado Tuerto); Rubén Martínez (Fiscalía Regional 4, Reconquista); y Diego Vigo (Fiscalía Regional 5, Rafaela)
Consenso nacional
Baclini también se refirió al “inmediato rechazo que generó la aprobación de la modificación de las leyes 13.013 y 13.014 en las instituciones más representativas del país vinculadas a la persecución del delito, al Derecho Penal y al Derecho Procesal Penal”. En tal sentido, enumeró los documentos que hicieron público el Consejo de Política Criminal de los Ministerios Públicos de la República Argentina; el Consejo de Procuradores, Fiscales, Defensores y Asesores Generales de la República Argentina; y la Asociación de Fiscales y Funcionarios del Ministerio Público Fiscal de la Nación. También mencionó los pronunciamientos de la Asociación Civil de Magistrados y Funcionarios del Ministerio Público de la Defensa de la República Argentina y una misiva que envió al gobernador la Asociación Argentina de Fiscales. Además del el Consejo Federal de la Defensa Pública.
