Agustín Aranda
La Fiscalía y una integrante de la ONG Protectora Rosario como representante de la querella pidieron un año de prisión para un vecino de barrio Matheu acusado de matar con un hierro al perro de todos, en octubre de 2015. El acusado argumentó que Guazuncho, como se llamaba el perro comunitario, muy querido en la zona donde vivía, había puesto en peligro a su nieta de 4 años al trabarse en pelea con otro can, que era su propia mascota. La inusual audiencia preliminar con la solicitud de pena se escuchó en el primer escalón del juicio en el que se tratarán de establecer las responsabilidades de Juan B., quien mató al animal. Pero el juez Juan Carlos Vienna instó a las partes a resolver el caso evitando la prosecución del juicio, y para ello suspendió la audiencia por 15 días, a la espera de que arriben a un acuerdo.
Pasado el mediodía de ayer, la audiencia preliminar de cara al juicio por la muerte de Guazuncho debía hacerse en la sala 8 de Tribunales, con capacidad para tres personas sin contar las sillas del juez, los abogados y los empleados encargados de grabar la sesión. Los asientos eran pocos. Más de 20 personas habían acompañado a las fiscales y la querella. Querían ingresar y presenciar la audiencia. Vestían prendedores de la asociación civil Protectora Rosario y desenrollaban carteles con el rostro del animal y el pedido de justicia por Guazuncho. Antes de entrar, algunos de ellos comentaban que querían ver a los ojos al imputado. “Eso sí, nada de sacarle fotos porque nos van a echar”, advirtió una mujer.
Pasada la hora programada, la audiencia se mudó a la sala 12, donde el juez Juan Carlos Felipe Vienna –el mismo que como magistrado del antiguo sistema penal llevó adelante la megacausa Monos (en este caso por asociación ilícita, no por infracción a ley Sarmiento)– terminaba otra audiencia. “Son demasiados. Vamos a la sala 1”, dijo el oficial de Policía que organizaba el ingreso. “¿Qué capacidad tiene?”, preguntó una mujer. La sala 1 tiene más de 30 asientos, y es uno de los espacios más grandes para realizar las audiencias penales en los Tribunales de Rosario.
Al fin, el banquillo del acusado fue ocupado por Juan Armando B., ex camionero, desempleado, de 60 años y oriundo de Leones, provincia de Córdoba. El hombre, canoso y ancho, escuchó a la fiscal del Ministerio Público de la Acusación Mariela Oliva relatar los hechos que llevaron a la imputación. Luego siguió la querella, representada por Sabrina Latino, presidenta del Instituto de Derecho Animal del Colegio de Abogados. Latino puso énfasis en la perversión del ataque.
La defensa, antes que rechazar las acusaciones, pidió al juez Vienna que Juan B. pudiera ser oído, instancia que, según su abogada, se le había privado desde el comienzo de la causa en 2015. Detrás del hombre, algunos asistentes a la audiencia sacaron pañuelos para secar lágrimas. Juan empezó a relatar su versión. No quedó claro si la congoja de las espectadoras era por su relato –dijo haber soportado marchas, piedrazos, escraches y aun amenazas a su hija– o porque contó cómo aquél día intentó separar a los perros hiriendo mortalmente a Guazuncho.
Juan B. aseguró que el perro comunitario atacaba su casa y se peleaba constantemente con sus perros a través de una reja y que llegó hasta a romperle un vidrio en esas disputas. El día de la muerte de Guazuncho, según contó Juan B., su nieta de 4 años estaba cerca de la reja jugando cuando el perro callejero se acercó a la casa. “La vi en el piso. Lo quise espantar. Agarré un fierro que tengo en el árbol y tiré dos veces. Una le pegué a mi perro y después al otro. Después se fueron para la esquina a pelearse y me volví a ver cómo estaba mi nieta”, relató Juan y agregó: “Estoy muy arrepentido”.
La defensa del imputado pidió el sobreseimiento, haciendo hincapié en que la intención fue poner a salvo a la niña y no causar daño al perro. “Menos aún hubo perversión”, desestimó la abogada.
En lugar del juicio, la defensa del ex camionero ofreció pagar 3 mil pesos para que se destinen a compras de alimentos animales para instituciones de protección. También que Juan asista con trabajos de herrería como fabricar jaulas, lo que levantó comentarios en el auditorio. Y por último, que se someta a un tratamiento psicológico.
La Fiscalía y la querella negaron la propuesta del imputado. Le recordaron que tuvo oportunidades de no llegar a juicio, y nunca las aprovechó.
Sin acuerdo, el juez Vienna suspendió la audiencia por un plazo de 15 días e invitó a las partes a buscar alternativas de acuerdo. Para Vienna, que habilitó a la asociación civil a formar parte del juicio en condición de querellante, existen penas convenidas en acuerdos, también llamados juicios abreviados, mucho más graves que las del Código Penal. Los delitos con penas de menos de tres años son excarcelables y en general se cumplen de forma condicional.
Problemática atendida
El año pasado se creó la Oficina de denuncias de maltrato animal del Ministerio Público de la Acusación en la que trabajan una fiscal y una decena de voluntarios y empleados para atender este tipo de casos en el marco de la ley 14.346, vigente desde 1954.
Cuestión de derechos en el nuevo Código
El nuevo Código Procesal Penal de Santa Fe habilitó la figura de querellante, permitiendo que familiares de víctimas o quien tenga un interés directo puedan participar en los juicios. Si bien fue un determinante en relación a la ausencia del anterior sistema, en la práctica surgen situaciones llamativas sobre por qué en algunos casos se habilita la participación de querellantes y en otros se rechaza.
En el juicio por la muerte de Guazuncho, por ejemplo, se acepta a una protectora de animales como querellante porque el perro no era propiedad de nadie. En el caso opuesto se les negó la misma condición a los padres de un hombre asesinado a principios de este año. Sólo a modo de ejemplo, en esa oportunidad el juez de primera instancia Hernán Postma, al frente de la audiencia, rechazó el pedido de Vicente Godoy y su esposa para ser parte del juicio por el homicidio de su hijo Carlos, de 25 años.
El argumento de Postma fue que no eran “herederos forzosos”, ya que el joven asesinado era padre de un niño de tres años. Era la segunda vez que desde la Justicia santafesina impedían a los Godoy formar parte del proceso en el que se buscaba dilucidar quién disparó contra su hijo. Carlos tenía dos trabajos, ningún antecedente penal y vivía en Empalme Graneros. Antes que Postma, el juez Luis María Caterina había rechazado un pedido similar, pero por escrito, aún cuando el Código exige una audiencia. El caso Godoy encuadra en casos donde las denuncias apuntan a policías con dedos veloces, presuntos robos y uniformados confundidos.
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