El fiscal Federal Carlos Stornelli pidió la elevación a juicio del ex presidente Carlos Menem y su ex ministro de Economía Domingo Cavallo por el delito de peculado, a raíz de su participación en la venta presuntamente irregular del Predio Ferial de Palermo a la Sociedad Rural Argentina (SRA) a menos de un 25% de su valor real en dólares.
Stornelli, quien estimó que la maniobra significó un perjuicio al Estado de al menos cien millones de dólares, también acusó a otros dos exfuncionarios del Ministerio de Economía, a seis de los Bancos Ciudad e Hipotecario y a dos dirigentes de la Sociedad Rural.
La elevación a juicio también alcanza al exdirector de la Comisión de Venta Inmuebles Estatales y titular de la Administración General de Inmuebles Fiscales, Gastón Ramón Figueroa Alcorta, y al titular de la Comisión de Venta de Inmuebles Estatales, Matías Lucas Ordoñez, del Banco de la Nación Argentina.
También imputó a exfuncionarios del Banco de la Ciudad de Buenos Aires, el entonces jefe del Rubro Inmuebles del Subárea Pignoraticio, Ricardo Isidoro Schapiro; el tasador del Rubro Inmuebles, Juan Manuel Insúa, y el entonces jefe técnico del Rubro Inmueble, Raúl Orestes Angelini.
En la lista detallada por Stornelli también se encuentran funcionarios del Banco Hipotecario: el jefe de la División Tasaciones del Departamento de Evaluaciones Técnicas, Carlos Alberto Ratto; el arquitecto Daniel Ivan Ivakhoff y el agrimensor Jorge Frost, ambos de la misma área.
La nómina se completa con el entonces presidente de la SRA, Ricardo Agustín de Zavalía, y el empresario agropecuario y exsecretario de la SRA, Juan Alberto Ravagnan.
Todos ellos están acusados por peculado por sustraer un predio de dominio público para su venta ilegítima a un privado.
El fiscal consideró “cierto y demostrado” que Menem, Cavallo, Ordoñez y Figueroa Alcorta “sustrajeron de la esfera de la administración pública del Estado Nacional el bien inmueble conocido como Predio Ferial de Palermo”, cuya venta directa se autorizó por el decreto presidencial 2699 del 20 de diciembre de 1991.
En su pedido de elevación a juicio, el representante del Ministerio Público señaló que los imputados utilizaron para la operación el régimen legal relativo a la venta de bienes del dominio privado del Estado en “un intento de evitar el verdadero trámite legal que debió haber tenido la operación por ley del Congreso de la Nación”. De ese modo, lograron “la sustracción del bien hacia manos de particulares”, indicó.
La transmisión del bien en “forma ilícita” fue por un precio “total y definitivo de 30 millones de dólares estadounidenses cuando dicho inmueble valía como mínimo 131.800.000 pesos”, en momentos “de equivalencia paritaria entre el dólar estadounidense y la moneda nacional”.
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