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Fiscal insiste en inhibir bienes de la firma Vicentin y de ex funcionarios del Banco Nación

Gerardo Pollicita apeló la resolución con la que el juez federal Julián Ercolini había hecho lugar a la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda SA, del grupo Vicentin, pero no al resto de las medidas que había solicitado en esa dirección, tras considerar que era prematuro


El fiscal federal Gerardo Pollicita insistió este martes en que se disponga la inhibición general de bienes de la firma Vicentin, de sus principales directivos y de ex funcionarios del Banco Nación (BNA) durante el gobierno de Cambiemos, como su ex presidente Javier González Fraga, en el marco de la causa penal en la que se investigan irregularidades en el otorgamiento de créditos a la cerealera.

El representante del ministerio público insistió con esa medida al apelar la resolución con la que el juez federal Julián Ercolini había hecho lugar a la inhibición general de bienes de la Algodonera Avellaneda S.A., del grupo Vicentin, pero no al resto de las medidas que había solicitado en esa dirección tras considerar que era prematuro decretarlas.

La medida fue solicitada en el marco del expediente en el que se investiga una supuesta maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos por parte del Banco de la Nación Argentina a favor de la firma Vicentin, según describió Pollicita en sus dictámenes.

De acuerdo con la investigación, esa operación “permitió a la empresa acumular una deuda con el banco de 18.500 millones de pesos”, que actualmente “serían de cobro incierto, puesto que la sociedad se encuentra en estado de cesación de pagos” y a la espera de un concurso preventivo.

“Se encuentra debidamente acreditada no sólo la intervención de las personas físicas en concreto en la maniobra investigada, sino también el rol que ocupaban en el BNA como en las firmas Vicentin y Algodonera Avellaneda, según correspondiera, que exhiben la necesidad de que en esta instancia del proceso se asegure el patrimonio de quienes instrumentaron la maniobra investigada desde el lado público -funcionarios del banco- como del privado -empresarios del Grupo Vicentin-”, sostuvo el fiscal en la apelación a la que accedió Télam.

La investigación desarrollada hasta el momento “permitió sostener que funcionarios del BNA, algunas veces por acción y otras por omisión, habrían incumplido deliberadamente los deberes a su cargo y perjudicado los intereses confiados en la administración de los fondos de la entidad bancaria, otorgando irregularmente millonarios créditos en moneda extranjera a las firmas Vicentin SA y Algodonera Avellaneda SA, apartándose de la normativa interna que lo regula, y luego omitiendo ejecutar en tiempo y forma las garantías que preveían los contratos tendientes a recuperar el dinero que se adeudaba”, afirmó Pollicita.

A su vez, las constancias recolectadas hasta el momento posibilitaron afirmar que, del otro lado, los empresarios de Vicentin en connivencia con los funcionarios, solicitaron empréstitos irregulares, requirieron la liberación de los fondos afectados en garantía, giraron miles de millones de ese dinero a otros bancos -sacándolo de la esfera del BNA-, mientras en simultáneo postergaban el pago de sus obligaciones.

El objetivo de ese accionar apuntaba a que finalmente, cuando las autoridades del banco quisieran cobrarse la deuda, no quedaran fondos de donde el BNA pudiera hacerlo.

A partir de las pruebas recolectadas se pudo establecer que “se continuó asistiendo crediticiamente a las firmas” durante el período que va desde el 1 de mayo hasta el 31 de julio de 2019, “a través de un mecanismo excepcional de prórrogas que permitió financiar a las mencionadas firmas por USD 135.000.000 por medio de 33 créditos”.

Esa asistencia fue realizada “sin que se analizara previamente” si las empresas “se encontraban por fuera de los límites de exposición máxima fijados por el Directorio en la última calificación vigente”, agregó.

Tras una larga descripción de los hechos investigados, el fiscal reclamó una vez más que se inhiban los bienes de los empresarios de Vicentin Daniel Buyatti (presidente) y Alberto Macua (vicepresidente) y de los directivos y/o apoderados de la empresa Roberto Vicentin, Osvaldo Boschi, Martín Colombo, Herman Vicentin y Máximo Padoan, entre otros.

También insistió con la inhibición general de los bienes del expresidente del BNA durante el gobierno de Cambiemos González Fraga y de los exdirectores Lucas Llach, Agustín Pesce, Miguel Ángel Arce, Carlos Alberto Castellani, Guillermo Goldberg, Jorge Lawson, Javier Okseniuk, Marcelo Pose y Ercilia Nofal, entre otros.

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