Hace tiempo que desde distintas localidades de Santa Fe se oyen voces de vecinos preocupados por el uso masivo de agroquímicos y el efecto que ello puede causar en la población. Organizaciones como Vecinos de Pueblos Fumigados, el Centro de Protección a la Naturaleza, Paren de Fumigar, entre otras, han lanzado mensajes de advertencia contra el uso indiscriminado de plaguicidas, que muchas veces llegan a rociar zonas urbanas. Lo cierto es que muchos habitantes de estas poblaciones sospechan una relación directa entre los fitosanitarios utilizados en los sembradíos y las enfermedades que los afectan, que en algunos casos resultaron fatales. El último capítulo del debate tiene por eje la localidad de Firmat, en la que, a partir de una denuncia, la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Rosario realizará un relevamiento sobre el impacto de la aplicación de biocidas en los campos.
La sospecha de una relación entre el modelo agrario de uso intensivo de plaguicidas y efectos nocivos para la salud humana originó reclamos, que han tenido como contraparte un vasto debate político y judicial. En ese sentido, el fallo del juez de San Jorge Tristán Martínez, que prohibió en 2009 fumigar a 800 metros del límite del ejido urbano, fue una de las primeras respuestas resonantes desde las instituciones públicas. La discusión volvió a trasladarse a la Legislatura provincial, con sectores que demandan la adecuación de las leyes santafesinas a los límites establecidos por esa decisión judicial, intención que, a pesar de consecutivos intentos, no ha hecho mella en las cámaras legislativas. Esta semana, el Defensor del Pueblo de Santa Fe, Edgardo Bistoletti, emitió una resolución relativa a la ley de fitosanitarios vigente que impide rociar con agroquímicos hasta 500 metros del límite urbano. Lo hizo tras tomar la denuncia de una vecina de Firmat que acusó haber sufrido los efectos de fumigaciones en un campo lindero.
Pedido del sur
Firmat cuenta con 19 mil habitantes y es uno de los lugares donde hace tiempo reportan enfermedades, que según algunas sospechas médicas, estarían relacionadas a la fumigación. El caso más sonado fue la tragedia de la familia Fontanellaz, matrimonio que perdió uno de los gemelos por una enfermedad. La obstetra de la mujer estableció una vinculación con la cercanía de la residencia familiar con predios donde se efectúan fumigaciones. La denuncia del matrimonio se realizó en el ámbito de la Justicia provincial, pero fue una Unidad Fiscal Especial del Ministerio Público, la Unidad Fiscal para Investigación de Delitos contra el Ambiente, la que actuó de oficio y solicitó a la Casa Gris efectuar un relevamiento para determinar el impacto de los agroquímicos en la salud de la población. Y la provincia decidió convocar para ello a la Facultad de Ciencias Médicas de la UNR.
La tarea consiste en relevar 300 familias entre ciudad y área rural. Será realizado en la segunda mitad de este mes por un grupo de 50 estudiantes avanzados en las carreras de Medicina y Enfermería, coordinados por el subsecretario Académico de la Facultad y titular de la cátedra de Salud Socioambiental, Damián Verzeñassi.
Verzeñassi y su equipo interdisciplinario investigan desde hace años la relación entre agroquímicos y salud. En 2010, la Facultad , con la carrera de Medicina, desarrolló los campamentos sanitarios en localidades de menos de 10.000 habitantes de Santa Fe y Entre Ríos. El objetivo fue identificar las percepciones de la gente sobre los problemas de salud que le acontecen. “Detectamos datos preocupantes, como el incremento de los casos de neoplasia, cáncer, y enfermedades crónicas, respiratorias y alérgicas. Estas últimas están relacionadas con daños que, si bien según la bibliografía atienden a muchas cuestiones, la más pertinente es la exposición a sustancias tóxicas utilizadas en el modelo de producción agroindustrial”, explicó.
Generan daños
El especialista no dio lugar a especulaciones sobre los efectos de los fitosanitarios: “No hay duda de que generan daños. Esto lo dicen los mismos vendedores y productores de agroquímicos. En las etiquetas de los envases advierten que la exposición a estos productos genera daño a la salud. Lo que intentamos es obtener datos epidemiológicos, que hasta ahora no hay en volúmenes que hagan que algunas autoridades políticas se decidan a actuar”.
A mediados del año pasado, en la Legislatura provincial se dejó caer un proyecto de ley que tenía media sanción en la Cámara de Diputados para delimitar la fumigación en las áreas urbanas y periurbanas. Verzeñassi teme que “los mismos senadores que dejaron caer el proyecto vuelvan a caer en la pereza o el descuido y no se trate este proyecto nuevamente ingresado por el senador Zabalza. Santa Fe ya tiene datos científicos propios a partir de que el fallo San Jorge obligara al gobierno provincial a hacer un relevamiento luego de que la Justicia limite las fumigaciones alrededor del pueblo. Se demostró que habían disminuido las consultas por casos agudos en los consultorios externos y en los centros de salud de San Jorge. Hemos comprobado que en los pueblos donde hay una exposición directa o indirecta a agrotóxicos ha habido un incremento en los problemas de salud. Lo que vamos a hacer en Firmat va a aportar elementos para fortalecer esta necesidad para que se legisle de una buena vez. Y se limite la exposición a los tóxicos y venenos a los que estamos sometidos los seres humanos”, agregó el investigador.
Verzeñassi sostiene que la experiencia de los campamentos sanitarios ha dejado una vasta prueba epidemiológica de que existe una modificación en la manera en que se enferma y muere a partir del uso intensivo de fitosanitarios. “No decimos que son los agrotóxicos los únicos responsables, nuestra visión no es lineal ni simplista, pero nadie puede negar el impacto del incremento de su uso sobre la salud de las poblaciones”, explicó. Para el médico rosarino, el punto de inflexión se produce con la explosión de la producción de soja. “Desde 1997, cuando se autorizó la soja transgénica, observamos que los casos de hipotiroidismo, alergias, enfermedades respiratorias, problemas inmunológicos y de la piel, cánceres, leucemia y linfoma no-Hodgkin se incrementan año a año”, precisó.
Si bien la idílica percepción del ambiente sano de las localidades rurales ha florecido en el imaginario popular por décadas, esta imagen se desdibujó, para Verzeñassi, a causa del uso de agroquímicos. “En el caso de Firmat, vamos a buscar los daños agudos que pueden haber sufrido las personas expuestas a agroquímicos en la fumigación de la última campaña, a principios de año”, apuntó. Pero, además, se efectúan análisis sobre los problemas de salud en los últimos 15 años. “Le preguntamos a la gente qué familiares han fallecido en su domicilio en ese lapso, y cuáles fueron las causas, para poder establecer si hubo una modificación en el perfil de mortalidad”, aclaró el especialista. Este relevamiento se hace cada cinco años, y, siempre según el entrevistado, se han incrementado “de forma espeluznante” los casos de cáncer. Para el especialista se ha duplicado o triplicado las muertes por esta causa de un quinquenio a otro.
Falta legislación
Para Verzeñassi, las acciones más significativas respecto a la conservación de la salud de la población deben ser impulsadas y respaldadas por decisiones políticas, que deben ser tomadas de forma urgente ante lo apremiante del asunto. “Entendemos que se agotan los tiempos de los que se hacen o se hacían los distraídos. Esto es un llamado de atención para los legisladores provinciales –los actuales, los anteriores y los que seguirán– quienes tienen la responsabilidad en sus manos de definir de una vez por todas cuánto tiempo más están dispuestos a exponer a sus poblaciones, a sus vecinos, a la exposición con estos venenos”, disparó el catedrático.
Los datos producidos en Firmat contarán con el aval de la provincia y podrán incidir directamente en la discusión sobre la regulación de las fumigaciones: “Esta vez la decisión se toma a propósito del caso de un particular que entiende que el problema de salud de su familia tiene que ver con la exposición a agrotóxicos por una falta de política de regulación de las fumigaciones en las áreas urbanas. Es muy importante poder construir datos epidemiológicos de forma conjunta, porque permite en principio aportar otro elemento más a la discusión”, explicó el catedrático.
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