La presidenta Cristina Kirchner dispuso ayer por decreto que se desclasifique toda la documentación secreta sobre el accionar de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar para avanzar en los juicios contra represores.
Mediante el decreto 4/2010, publicado en el Boletín Oficial, la jefa de Estado ordenó que se quite “de la clasificación de seguridad a toda documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas entre los años 1976 y 1983”.
“Relévase de la clasificación de seguridad a toda aquella información y documentación vinculada con el accionar de las Fuerzas Armadas durante el período comprendido entre los años 1976 y 1983, así como a toda otra información o documentación, producida en otro período, relacionada con ese accionar”, señala el primer artículo.
En las consideraciones del decreto, que lleva la firma de los ministros de Justicia, Julio Alak; y de Defensa, Nilda Garré, se establece que la decisión del Ejecutivo se fundamenta en la “reapertura” de las causas por violaciones a los derechos humanos durante el terrorismo de Estado, que tuvo el aval del Congreso y de la Corte Suprema de Justicia.
Según lo consignado, esta circunstancia “provoca el requerimiento de una gran cantidad de información y documentación relacionada con el accionar de las Fuerzas Armadas” con clasificación de “seguridad no pública”, por lo que es necesario adoptar una resolución integral que evite que frente a cada caso específico deba dictarse un decreto.
En ese sentido, se considera que mantener clasificaciones de seguridad sobre dicha información vinculada a las Fuerzas Armadas “resulta contraria a la política de Memoria, Verdad y Justicia que el Estado Argentino viene adoptando desde el año 2003”.
“Por lo tanto, desde el actual Estado democrático y republicano corresponde relevar el secreto y la confidencialidad de la información que pueda favorecer al conocimiento integral de los hechos vinculados con violaciones a los derechos humanos”, concluye el texto del decreto.
El secretario de Derechos Humanos, Eduardo Luis Duhalde, señaló que dicho material era, casi totalidad, de conocimiento del Archivo Nacional de la Memoria, que tiene acceso a la documentación obrante en el Ministerio de Defensa, la que no podía ser hecha pública sin un decreto específico en cada caso.
Por eso, Duhalde remarcó que esta medida “agiliza” la remisión de la información solicitada por el Poder Judicial, al tiempo que “ratifica la voluntad del Gobierno de continuar colocando a disposición de la sociedad toda la información obrante en poder del Estado que no fue destruida al fin de la dictadura, sobre las graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por los agentes estatales en ese período”.
El Ejecutivo señaló, de todos modos, que se exceptúa de lo dispuesto “toda la información y documentación relativa al conflicto bélico del Atlántico Sur y cualquier otro conflicto de carácter interestatal”.
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