Candela Ramírez
“Pasaron más de 16 mil días” es lo primero que dice Fernando Brarda cuando atiende el teléfono. Se refiere al tiempo que pasó desde que fue secuestrado por una patota durante la última dictadura hasta que declaró ante un tribunal el miércoles pasado. La causa Klotzman investiga los crímenes cometidos en la Quinta Operacional de Fisherton contra 29 personas de las cuales él es el único sobreviviente.
Brarda tiene 69 años y presentó su denuncia dos veces: ante la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep) una vez recuperada la democracia y en 2003 en Rosario. Desde entonces esperó con ansias, pesadillas y allanamientos de por medio, que llegue el día del juicio que investiga, entre otros casos, su secuestro y las torturas a las que fue sometido en agosto de 1976.
El día anterior a la entrevista con El Ciudadano avisó que el sentimiento que lo recorre en estos días es de vacío. Lo dice de nuevo al principio de la conversación y lo retoma cuando cree que las preguntas ya fueron suficientes. “Me siento muy vacío. Se me terminaron los eventos, antes ponía toda mi energía en esto”, sintetiza acerca del significado que tuvo en su vida poder declarar ante jueces los tormentos a los que fue sometido hace más de 44 años, hace más de 16 mil días.
El ingreso a la muerte
Brarda se reconoce como “el mejor DJ rosarino de los setenta”. Por entonces, narra, usaba pelo largo hasta la cintura y suecos. Le gustaba callejear por la ciudad. Tenía 25 años cuando la madrugada del 5 de agosto de 1976 se despertó en su departamento, en Maipú al 900, con la luz de una linterna apuntada por integrantes de la Policía Federal Argentina que “estaban disfrazados con gorros, pelucas y máscaras” para que no pudieran ser identificados. También estaban presentes su mujer Hemilse y su hijo Federico de 8 meses.
“¿Dónde están las armas? ¿Dónde están las armas”, le gritaron sin que él llegara a entender por qué le decían esto. Brarda no pertenecía a ninguna agrupación política ni armada pero en la fábrica de su familia trabajaban algunos militantes del PRT-ERP (Partido Revolucionario de los Trabajadores-Ejército Revolucionario del Pueblo). El terrorismo de Estado estaba en pleno despliegue por todo el territorio nacional y Brarda fue uno de los apuntados como sospechoso de integrar esta organización armada.
Una vez vendado y atado, lo bajaron por el ascensor y lo subieron al asiento trasero de un Falcon. Así declaró en su denuncia en diciembre de 2003. También dijo que de ahí lo llevaron a la fábrica de pantallas de cine que tenía, ubicada en Gálvez al 2100. En el camino preguntaron de nuevo: “¿Dónde están las armas?”. Brarda respondió que solo había “mil kilos de miel”, lo que le valió “una tremenda paliza” porque consideraron que los estaba cargando.
Los represores ingresaron a la fábrica -un tiempo después Brarda se enteraría que hicieron destrozos y robaron muchas cosas- y lo metieron a él en el baúl. El camino siguió hasta que llegaron a lo que era la Quinta Operacional de Fisherton: uno de los centros clandestinos de detención utilizados por la última dictadura cívico-militar.
Al inicio de su declaración en 2006, Brarda dijo: “Voy a ir narrando estos hechos que en lo personal lo viví como el ingreso a la muerte”. En aquella oportunidad respondió preguntas en relación a María Teresa Vidal, María Cecilia Barral y Ricardo Klotzman.
Cree que Vidal fue detenida esa misma noche. Por debajo de su venda, “al ser narigón podía mirar por abajo”, la vio cuando ingresó con su nariz sangrando. En algún momento de su cautiverio, ella se identificó, le dijo que tenía un hermano y dónde estaba. Cuando Brarda fue liberado, lo buscó y le contó.
A Klotzman lo conoció ahí. Brarda contó que tenía miedo y lloraba mucho, no entendía por qué estaba pasando eso. Klotzman intentaba aliviarlo, por las noches le cantaba “Caminante no hay camino, se hace camino al andar” de Joan Manuel Serrat. Cuando escuchaban que llegaba la patota -y por ende una golpiza-, le advertía “Fer, viene la hora negra”.
También vio con vida a María Cecilia Barral y María Laura González, tocó sus panzas embarazadas. Hasta hoy se desconoce si González llegó a dar a luz. La hija de Barral y Kloztman conoció su verdadera identidad en 2011, es la nieta recuperada 103.
A las dos las conocía por la fábrica, ambas lo reconocieron y él les preguntó “¿Por qué estoy acá?”. Ninguna le respondió.
Al consultarle en la entrevista cuántos días estuvo detenido, Brarda responde: “Equis, equis, ponele, un día… Un día es suficiente para un simulacro de fusilamiento y picana por todas partes del cuerpo”. Estuvo siete días. En su primera declaración, en 2003, calculó que fueron entre “15 y 20 sesiones de torturas”. En los interrogatorios la pregunta era “¿De qué orga sos?”. “Uno en esos momentos quiere morirse”, “No se me ocurría otra cosa que rezar” y “Me arruinaron la vida”, declaró entonces.
Al estar vendado, relató en sus declaraciones, no podía distinguir con claridad si era de día o de noche, pero sí supo que las torturas ocurrían, en general, de día porque de noche había mucho silencio. Prendían un televisor para aplacar los gritos de dolor. En esos días de cautiverio pudo escuchar que los represores lo habían detenido porque sabía que varios de los que estaban allí “trabajan con Brarda” y escuchó a otra de las víctimas, Ricardo José Machado, decir: “A Fer no le hagan nada”.
El 12 de agosto de 1976, Brarda fue liberado en las Cuatro Plazas, en zona Noroeste. Lo vio un médico por sus profundas heridas producto de las torturas y ante una posterior amenaza telefónica -“se te acabó el tiempo”- su papá decidió ayudarlo para que se vaya con su familia a Buenos Aires donde vivieron hasta hace unos años que volvieron a Rosario.
En su denuncia en 2003, declaró: “Las víctimas empezamos a darnos cuenta del shock posteriormente”. Lo que siguió fue un detalle de las secuelas: durante años no pudo conciliar el sueño y cuando lo hacía sobrevenían las pesadillas, sufrió depresión, se quedó sin empleo.
Terror y clandestinidad
Brarda es un testigo fundamental en la reconstrucción del circuito genocida de la ciudad. Fue quien pudo reconocer la quinta y durante muchos años fue el único sobreviviente, sin embargo en este juicio declaró uno más: Daniel Guibes, cuyo caso no pudo constituirse en esta elevación de la causa.
En 2016 la quinta fue demolida. Si bien hay registros de la quinta de Fisherton en formato de video y hay planos del inmueble, las organizaciones de derechos humanos lamentaron que el sitio no esté disponible durante el desarrollo del juicio.
Brarda investigó mucho: conversó con numerosas personas, conoció un poco más sobre la vida de las demás víctimas y sufrió durante un largo tiempo que no le creyeran que había pasado por esos tormentos. Como no había otros sobrevivientes, nadie podía constatar que hubiera pasado por un centro clandestino de detención. Fueron dos allanamientos y el aval del Equipo Argentino de Antropología Forense los que constataron su relato.
El terrorismo de Estado es complejo por muchas razones, una de ellas es su clandestinidad. No existen registros oficiales de cuántas personas fueron secuestradas ni desaparecidas. No existen registros sobre cuántos bebés fueron apropiados. Y no existen registros de todos los centros de detención y tortura. Desde la recuperación democrática en 1983, la geografía y el entramado del terror se fueron reconstruyendo -con altibajos- entre las investigaciones judiciales y relatos de sobrevivientes y de familiares de víctimas.
Hay, por lo menos, dos elementos más. Por un lado, no todas las personas que fueron secuestradas ni todos los familiares de víctimas fatales hicieron su denuncia. El mismo fiscal de la causa Adolfo Villate declaró a este diario, antes de la última sentencia de la causa Feced, que durante todos los juicios “surgen nuevas víctimas, cuyos casos no habían sido conocidos ni investigados hasta el momento”.
Por otra parte, los genocidas continúan su pacto de silencio: no dicen qué hicieron, a quiénes se llevaron, dónde los torturaron, dónde arrojaron sus cuerpos ni a quiénes entregaron los bebés apropiados. Además el tiempo que pasó desde que ocurrieron los hechos permitió que se prolongara la impunidad de muchos de ellos: en este mismo juicio ya fallecieron tres imputados desde su elevación en 2015: Luis Paulino Coronel, Rubén Oscar Jaime y Juan Dib, los tres eran integrantes de la Policía Federal.
Causa Klotzman
En el juicio se investigan los crímenes cometidos contra 29 víctimas, casi todos pertenecientes al PRT-ERP. Es la primera vez que se juzga a miembros de la Policía Federal de Rosario y los delitos perpetrados en la Quinta de Fisherton (San José de Calazans al 9100). El proceso también es inédito por investigar el caso del robo de un bebé en la ciudad. Además, otras tres mujeres estaban embarazadas al momento del secuestro y no se sabe qué ocurrió con ellas.
El juicio está a cargo del Tribunal Oral Federal N° 2 de Rosario, integrado por Emilce Rojas, Eugenio Martínez y Osvaldo Facciano. Se transmite en vivo por el canal del Centro de Información Judicial y la próxima audiencia es el miércoles 21 de octubre.
En la causa quedaron cuatro imputados: Jorge Alberto Fariña, Federico Almeder, René Juan Langlois y Enrique Andrés López. El primero es retirado del Ejército Argentino, destinado al Destacamento de Inteligencia 121 de Rosario. Los demás son ex agentes de la Policía Federal Argentina delegación Rosario y afrontarán su primer juicio por delitos de lesa humanidad.
La mayoría de los crímenes fueron cometidos en agosto de 1976. Pasaron 44 años. Brarda contó los más de 16 mil días y noches de insomnio y pesadillas. Ahora se siente vacío, ¿cómo seguir si desde esa madrugada del 76 sintió que todo lo que siguió fue “el ingreso a la muerte”?
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