Paola Cándido
“Es ahora. Es urgente. Nuestras vidas no pueden esperar. Justicia por Úrsula Bahillo y por todas las víctimas de femicidios. Ni una menos, vivas y libres nos queremos”. Bajo ese lema, organizaciones feministas, sociales, políticas y sindicales marcharon en todo el país para pedir justicia por el femicidio de la joven de 18 años asesinada a puñaladas por su ex novio. En Rosario, cientos de mujeres se concentraron en la sede de Gobernación, de Santa Fe y Dorrego, y desde allí marcharon hacia los Tribunales provinciales para exigir políticas públicas y medidas urgentes que erradiquen la violencia machista.
“Reforma judicial ya”, “Justicia por Úrsula y por todas”; “Nos queremos vivas, libres y sin miedo”; “Me cuidan mis amigas, no la policía”; “Basta de femicidios, el Estado es responsable” y “Paren de matarnos”, fueron sólo algunos de los carteles que sostenían las mujeres en la movilización. “Sí señores, sí señoras, es la policía, la que cubre femicidas”, retumbaban algunas voces con bombos y platillos, en otros puntos del país.
Según el Comité Feminista ante la Emergencia Sanitaria, en lo que va del 2021, 44 mujeres fueron víctimas de femicidio en Argentina: muere una cada 22 horas. Hay más mujeres asesinadas que días del año.
“Hartas de las violencias que se ejercen sobre nuestros cuerpos, hartas de que quienes tienen que proteger nuestras vidas sean cómplices y ejecutores de la violencia patriarcal y machista. Una vez más, denunciamos la responsabilidad del Estado, en el abandono de Úrsula ante los reiterados pedidos de ayuda. Repudiamos la complicidad de la Policía con el femicida Martínez y el accionar represivo sobre sus familiares, amigas, amigos y vecinos en la manifestación del día 9 de febrero pasado. Basta de Justicia y Policía patriarcal. Basta de impunidad para los violentos y para quienes desde su deber público no accionan ante las denuncias por violencia de género”, decía una parte del comunicado que leyeron frente a los Tribunales provinciales.
Por eso, exigen la “declaración del estado de emergencia nacional en violencia contra las mujeres, lesbianas, bisexuales, intersexuales, trans, travetis, no binarias, afro y originarias”.
Justicia perseguirás
“Nos concentramos por el femicidio de Úrsula y de muchas víctimas de femicidios que reflejan la necesidad de implementar políticas públicas integrales. Interpelamos el rol judicial, pedimos una reforma judicial feminista con perspectiva de género. No alcanza con la Ley Micalela, la Ley Brisa y la Educación Sexual Integral (ESI)”, dijo a El Ciudadano, Majo Poncino, integrante del Colectivo Ni Una Menos.
Poncino advirtió que el poder judicial sigue resistiendo en pos de los avances y conquistas del Movimiento de Mujeres. “Nuestro país avanzó en términos de igualdad jurídica, pero el poder judicial sigue resistiéndose a los avances. El sistema judicial no controla. Hay que jerarquizar equipos interdisciplinarios de mujeres en situación de violencia, como por ejemplo, instrumentar un sistema informático donde se pueda automatizar el cruce de denuncias”, agregó.
La integrante del Colectivo Ni Una Menos insistió en que hay que construir una reforma judicial que tenga perspectiva de género: “Hay que prevenir situaciones y no llegar a lo que padeció Úrsula, que denunció 18 veces”.
Poncino remarcó que “se necesita del compromiso de toda la sociedad para avanzar en este flagelo social”.
“Convocamos a la sociedad a acompañar a las personas que pasen una situación de violencia, a ejercer un rol activo contra las violencias machistas y no permanecer indiferente. La justicia penal sólo interviene ante los hechos consumados, la sociedad debe hacerlo para prevenirlos. No hacerlo implica complicidad con los agresores. La indiferencia mata. El silencio es sinónimo de complicidad. Exigimos la implementación efectiva de la ley ESI en todas las escuelas de todo el país, herramienta fundamental para la prevención de la violencia de género”, sostuvo el comité feminista.
En ese marco, Gabriela Sosa, directora ejecutiva de la Mesa Federal de Mumalá, dijo que “la declaración de emergencia en violencia de género en términos nacionales es necesaria para que se puedan reasignar partidas presupuestarias para esta situación gravísima que estamos atravesando”.
Sosa advirtió que “si bien hay que revisar el Poder Judicial, también hay falencias en el Poder Ejecutivo y el Legislativo”.
Y cerró: “Uno de las problemas tiene que ver con el presupuesto, otro con la articulación de las políticas entre los tres poderes del Estado en todos sus niveles. Hay que tener una mejor capacitación de los actores del Estado para atender y asistir a las víctimas”.
Por su parte, Carla Deiana, integrante de la Asamblea de Mujeres de Rosario y referente del Plenario de Trabajadoras, dijo: “Cuando todavía estamos conmovidas por el femicidio de Úrsula nos enteramos de que en las últimas 24 horas se produjeron dos femicidios más en Santiago del Estero, un intento de femicidio en Rufino, Santa Fe, y el femicidio de una maestra rural en Formosa, cuya ex pareja era un policía retirado. Estamos frente a una ola de violencia contra las mujeres y en no pocos casos la violencia la ejecutan directamente funcionarios del Estado”.
Y advirtió: “Nos movilizamos hasta Tribunales porque allí anidan elementos reaccionarios, misóginos y que actúan con un claro sesgo de clase contra las mujeres pobres. Pero no podemos dejar de señalar que jueces y fiscales responden directamente al poder político, los pliegos para la selección están a cargo del Poder Ejecutivo y la designación final a manos del Senado”.
Paren de matarnos
El 8 de febrero el policía de la Bonaerense, Matías Ezequiel Martínez, apuñaló 15 veces a su ex pareja, Úrsula Bahillo, en un descampado cercano a la localidad de Rojas, provincia de Buenos Aires. Úrsula tenía miedo, se había imaginado muerta, pidió ayuda y denunció 18 veces: la última vez tres días antes de ser asesinada.
¿Quiénes son los responsables de que el cuerpo de Úrsula termine atravesado de quince cuchillazos? ¿Por qué nunca llegó el botón antipánico? ¿Por qué desestimaron sus denuncias?
El femicidio de Úrsula duele y mucho. Era un final evitable y lamentablemente, a diez días del femicidio de la joven de 18 años, asesinaron a otras tres mujeres: Florencia Figueroa, a pesar de las denuncias previas, la acuchilló su hermano. Agonizó durante diez días y murió. Tenía 23 años y una hija de 5. Vanesa Carreño, fue asesinada a puñaladas por su ex pareja delante de sus hijos de 5 y 3 años. Tenía 29 años. Y Rosita Marina Patagua, fue asesinada por su ex pareja, quien también ya tenía denuncias por violencia de género. Tenía 46 años.
Reforma Judicial Feminista:
* Unificación de las denuncias existentes
* Estadísticas de las intervenciones estatales y seguimientos de los casos
* Abordaje integral para mujeres, lesbianas, bisexuales, trans, travestis, intersexuales y no binaries, afros y originarias en situación de violencia de género con efectiva articulación entre los distintos niveles del estado nacional, provinciales y municipal
* Fortalecimiento de dispositivos para trabajar con varones agresores
Más presupuesto para:
* Fortalecer las redes territoriales que trabajan en prevención y acompañamiento ante situaciones de violencia
* Reforzar los programas de formación y sensibilización de género. Implementación de la ley Micaela en todos los ámbitos
* Protocolo de atención e intervención para situaciones de violencia de género dentro de los Ministerios de Seguridad nacionales y provinciales
* Registro de antecedentes sobre violencia de género de las personas integrantes de las Fuerzas de Seguridad
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