La medida se veía venir. Sólo faltaba saber cuándo se iba a tomar. Finalmente ayer, en el último día hábil de la semana, la intendenta Mónica Fein dejó sin efecto las dos ordenanzas, tres decretos y dos resoluciones aprobados en la sesión extraordinaria del Concejo Municipal del 17 de abril pasado. Ese día sólo se habían hecho presentes en el recinto 13 ediles de la oposición –la mitad más dos del Legislativo– con el fin de darle curso a una serie de medidas para atender los efectos de las inundaciones del 19 y 20 de diciembre pasado, entre ellos un resarcimiento a vecinos que las padecieron y tuvieron grandes pérdidas materiales en distintos barrios del oeste y noroeste. Según señaló el municipio ayer, esas deliberaciones impulsadas por los bloques de la oposición y sin la presencia de ningún miembro del oficialismo y sus bloques aliados estuvieron “viciadas desde su inicio por numerosas irregularidades”.
El municipio eligió ayer dar a conocer su movida a través de un comunicado enviado a los medios apenas entrada la tarde. Allí, se indica que la mandataria local “observó” todo lo resuelto en la sesión especial del Concejo del pasado 17 de abril en base a un detallado dictamen de la Dirección General de Asuntos Jurídicos que, tras analizar todas las circunstancias en que se produjo aquel debate, lo determinó “viciado desde su inicio por numerosas irregularidades al respecto de lo que ordena la legislación que rige el funcionamiento del cuerpo”.
Tras dejar sin efecto las normativas, la intendenta “lamentó profundamente” que el tratamiento legislativo de temas de “alta sensibilidad” derive “en situaciones como las registradas, que en la búsqueda de efectos mediáticos llevan a apartarse de toda normativa vigente en lugar de abordar el debate con la responsabilidad que exige la sociedad en su conjunto más allá de intereses particulares o sectoriales”.
Además, se destaca en el escrito que Fein pidió “privilegiar el diálogo y la búsqueda de consensos entre todos los actores institucionales y políticos de la ciudad”.
Diversas fuentes consultadas ayer señalaban que los propios ediles opositores aguardaban la resolución tomada este viernes. Desde el oficialismo habían dejado entrever que, tarde o temprano, la objeción llegaría, no en forma de “veto” –lo que implica reconocer la validez de la sesión especial pero anular lo resuelto en ella– sino desconociendo la legitimidad de la convocatoria y desarrollo de la reunión.
En ese marco, desde el oficialismo acusaron desde un principio a los bloques opositores de llevar adelante una “mera maniobra política en el marco de un año electoral” sin sustento técnico. Es que en octubre se renovarán la mitad de las bancas en el Concejo.
En tanto, y ya en relación con los argumentos técnicos, el comunicado del Ejecutivo detalla que “entre los vicios relevados” se destaca particularmente que el personal administrativo del Concejo “se negó de plano a ratificar con su firma las resoluciones, para no convalidar las irregularidades que estaban cometiendo un grupo de concejales”.
“Los aludidos actos no cuentan con la firma del secretario parlamentario, sino con la del secretario de la comisión de Obras Públicas, que no está habilitado legalmente para dar validez al trámite”, sostiene el dictamen.
Con todo, lo cierto es que los fundamentos del veto oficial van mucho más allá en el análisis de las objeciones ya que no sólo aluden a la falta de la firma de dicha autoridad. En el largo comunicado que hace hincapié en las cuestiones reglamentarias, también se apunta a la legitimidad del llamado a la sesión y a la “legalidad en el proceso de formación de las normas observadas”.
La historia
La medida que tomó ayer el Ejecutivo local llega luego de que los ediles opositores en el Concejo dispusieran resarcir aquel 17 de abril a un grupo de afectados por las inundaciones de diciembre pasado. Las normas que ayer se dejaron definitivamente sin efecto les otorgaban a esos vecinos un subsidio –de manera extraordinaria, por única vez y con monto que debía determinar el Ejecutivo Municipal–, la eximición por seis meses del pago de la tasa general de inmuebles (TGI) y el Drei. La idea de los ediles opositores era tomar como sustento los legajos de casi 600 personas (en su gran mayoría Fisherton, pero también de Empalme Graneros, Nuevo Alberdi y otros barrios afectados) que habían sido ingresados al Palacio Vasallo a principios de este año. Allí se detallaban las pérdidas materiales denunciadas por cada uno de éstos.
Quienes encabezaron desde un principio los pedidos resarcitorios fueron un grupo de vecinos de Fisherton. De movida, esas familias apuntaron contra el municipio señalándolo como el principal responsable de las inundaciones. Así, a partir de ahora, se espera que comiencen a activarse las acciones legales que ya estaban previstas contra el Ejecutivo local, pero congeladas a la espera de los proyectos de los concejales, ya que desde la intendencia sólo se accedió a plantear a la Nación la inclusión de los rosarinos entre los beneficios dispuestos por el gobierno nacional para los damnificados de La Plata y Capital Federal, y a lanzamiento de una línea de créditos para reponer electrodomésticos y objetos dañados.
Ahora se espera que el Ejecutivo insista con los créditos del Banco Municipal. La línea tendrá –en principio– un máximo de 35 mil pesos a una tasa anual del 15 por ciento subsidiada por el Palacio de los Leones y a pagar en 48 cuotas. Antes, para determinar quiénes fueron los damnificados, se tendrá en cuenta un relevamiento de la propia Municipalidad en los barrios Nuevo Alberdi, Polledo, Industrial, Stella Maris, Fisherton, Empalme Graneros, Las Flores, Villa Pororó, Mangrullo, Villa Banana, Antena y La Bombacha.
