A un año y medio de la explosión de calle Salta 2141 –que dejó 22 muertos– los familiares y amigos de las víctimas realizaron ayer una manifestación en las puertas de Tribunales y por la tarde realizaron un acto en el mismo lugar donde ocurrió la tragedia el 6 de agosto de 2013. Los testimonios se repitieron dejando de manifiesto un claro enojo contra los responsables de los tres niveles políticos del Estado, tanto nacional como provincial y municipal. También apuntaron a la Justicia por las demoras de una causa donde, destacaron, “todavía no hay nadie preso”. Además, mostraron su rechazo a la decisión de la Casa Gris, según trascendió a nivel periodístico, de no expropiar el lugar donde estaban las torres desplomadas.
Eleonora López, hermana de Carlos, uno de los fallecidos, recordó cómo el fatídico momento fue un antes y un después para ellos. “Nos cambió la vida. Hace un año y medio que la verdad no tenemos vida, se nos está haciendo muy difícil. Todavía no hemos conseguido paz, no sé si vamos a tenerla, lo que buscamos es justicia, nos sentimos bastante desamparados por el Estado”, relató.
Sobre la causa judicial, dijo que era “bastante compleja”. “Estuvimos en Tribunales, nos atendieron en la Corte Suprema y las cosas se están complejizando cada vez más. Hay mucha gente que está yendo a declarar, hay tres testimoniales por día por lo cual es una causa compleja”, indicó.
“Para decir verdad, cada vez creo menos en las instituciones: todas las puertas que hemos golpeado en este año y medio se nos han cerrado. De cualquier manera, no vamos a cejar con el reclamo. Vemos un silencio medio extraño por parte de las autoridades, por momentos hasta parece un complot porque Municipalidad, provincia y Nación se han alineado. Es muy difícil que todas las partes estemos de acuerdo cuando hay tantos intereses creados, económicos, por sobre la vida. Me parece que le falta decisión política al gobernador”, remarcó.
López insistió en la necesidad de construir un memorial en el actual terreno baldío donde estaban los edificios. “Queremos que esto no pase desapercibido, para que no vuelva a ocurrir. La semana pasada hubo un escape de gas en San Luis y Paraguay y con Litoral Gas ocurrió lo mismo, demoraron una hora y media en llegar. No ha cambiado nada en materia de prevención. Desde lo institucional, nosotros fuimos al Enargás, que depende del señor (Julio) De Vido y no nos atendieron, la verdad es que es todo una vergüenza. No sentimos apoyo de nuestros representantes”, insistió.
Por su parte, Claudia Vaio, madre de Santiago Laguía, otro de los fallecidos, dijo que no le sorprendía que el gobierno provincial haya decidido no expropiar el lugar. “Es como viene actuando el gobierno socialista. Uno de un burro no puede esperar más que una patada. Todo este tiempo ha sido muy difícil para todos. Yo estuve tratando el tema con mi psiquiatra, estamos ingresando en una fase donde nos golpea la realidad, saliendo un poco de la vorágine de los primeros meses. Igual, cada vez que suena el teléfono o tocan el timbre sigo esperando que sea Santiago, es algo que me sigue ocurriendo, es muy duro”, añadió.
“El gobierno municipal, provincial y nacional no se hacen cargo de nada, se lavan las manos y miran para un costado. No les importan las 22 víctimas de asesinato en Salta 2141, los damnificados, las familias que quedaron destruidas. ¿Saben por qué? Porque son ineptos y cómplices de corrupción y negligencia y porque el apellido de ellos o de sus familiares no figuraba en el listado de fallecidos”, continuó.
Por último, Marcela Nissoria, viuda de Hugo Montefusco, otra de las víctimas, apuntó que a un año y medio de la tragedia “nadie está preso”. “Las instituciones no se pronunciaron. Calle Salta no perdona ni olvida. Hace un año y medio con el edificio explotó también la corrupción. Lo que parece y se repite es que los poderosos nunca pagan”, concluyó.
Un recurso frena la causa
La causa tiene once imputados por estrago culposo y agravado, continúan las testimoniales y se espera que la Corte Suprema de Justicia provincial resuelva si acepta o rechaza el recurso de inconstitucionalidad presentado por parte de los procesados en el expediente por su responsabilidad en la explosión. Resuelto esto, se puede poner fecha para el inicio del juicio.
La fiscal Graciela Argüelles recordó ayer en declaraciones radiales que el futuro de la causa depende de la decisión de los ministros de la Corte sobre el pedido de cinco imputados, empleados de Litoral Gas, que presentaron recursos de inconstitucionalidad. Pero destacó que la investigación continúa y que se destinaron dos peritos para evaluar los números de Litoral Gas y si el tiempo de respuesta aquel 6 de agosto afectó las tareas de rescate.
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