El secretario de Derechos Humanos de la Nación, Horacio Pietragalla Corti, recibió a la familia de Franco Casco, el joven que en 2014 estuvo detenido en la comisaría 7ª de Rosario y luego fue hallado muerto en el río Paraná, y les comunicó que volverá a asumir el rol de querellante en la causa en la que hay 19 policías que irán a juicio en diciembre próximo.
La secretaría informó que dicho rol de querellante lo habían mantenido en 2015 pero luego fue abandonado por la gestión del gobierno de Cambiemos.
En un comunicado de prensa se indicó que durante el encuentro “Pietragalla Corti expresó el compromiso de la actual gestión con los familiares de víctimas de violencia policial y con las políticas que se están llevando adelante para formar con perspectiva de derechos humanos a las fuerzas de seguridad de todo el país”.
“Si bien la violencia institucional es transversal a todos los gobiernos, no todos reaccionamos igual. Este gobierno tiene un fuerte compromiso contra la violencia institucional y por eso acompañamos activamente los reclamos de verdad y justicia”, sostuvo el secretario de Derechos Humanos. De la reunión participó también el director Nacional de Políticas contra la Violencia Institucional, Mariano Przybylski.
El 6 de diciembre próximo está anunciado el comienzo del juicio a los 19 efectivos de la policía acusados por la desaparición forzosa de Casco, que tenía 20 años.
En diciembre de 2019, el juez federal Carlos Vera Barros hizo lugar al pedido presentado por el fiscal Guillermo Lega, quien acusó a estos agentes, en su mayoría pertenecientes a la seccional 7ª en la que la víctima estuvo detenida y fue vista con vida por última vez.
A su vez, el representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) acusó también a agentes de Asuntos Internos de la Policía de la provincia.
Según el fallo del juez, cuatro de los policías serán juzgados como coautores de los delitos de desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima, e imposición a personas, legítima o ilegítimamente privadas de su libertad, de cualquier clase de tortura, seguida de la muerte de la víctima.
Otros siete agentes afrontarán cargos como coautores pero sólo por desaparición forzada de personas agravado por la muerte de la víctima; y seis como partícipes secundarios del mismo delito, detallaron las fuentes.
Mientras que los dos restantes serán juzgados por el delito que castiga a quien ocultare, alterare o hiciere desaparecer los rastros, pruebas o instrumentos del delito, o ayudare al autor o partícipe a ocultarlos, alterarlos o hacerlos desaparecer y asegurare o ayudare al autor o partícipe a asegurar el producto o provecho del delito.
Por otra parte, fueron sobreseídos nueve policías por el delito de desaparición forzada de persona agravado por la muerte de la víctima y otros tres por el delito de encubrimiento.
Según se dio por acreditado en el expediente, el 6 de octubre de 2014, cerca de las 17.30, Casco partió de la casa de una tía en Rosario hacia la estación de trenes para regresar a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde residía con su familia.
En cercanías de la estación, fue abordado por agentes de la Comisaría 7ª, aunque por ahora se desconocen las circunstancias de modo, tiempo y lugar en que se produjo la detención.
La investigación permitió conocer que Casco fue trasladado a la seccional, donde fue aislado en un calabozo “pequeño, oscuro y mugroso” al que denominaban La Jaulita porque allí encerraban a jóvenes que aprehendían por supuesta averiguación de antecedentes.
De acuerdo con los testimonios de presos alojados en esa comisaría, algunos de los cuales pudieron hablar con Casco, en determinado momento se escucharon golpes y fuertes gritos de auxilio del joven.
Luego de eso “se hizo silencio absoluto y no volvieron a escuchar a la víctima, ni la vieron al día siguiente cuando recibieron visitas, lo que les llamó particularmente la atención”, indicó el fiscal.
La Policía afirmó a familiares de Franco que el joven había sido aprehendido por atentado y resistencia a la autoridad, ya que “estaba drogado, como perdido” y aseguró que luego fue liberado.
Casco nunca llegó a Retiro, donde lo esperaba su madre, Elsa, y frente a las averiguaciones, “el personal registró su detención modificando sensiblemente sus datos personales, apellido, número de documento y domicilio” y le dio intervención al fiscal de turno “con la finalidad de darle sustento legal a un proceder totalmente irregular”.
El dictamen fiscal pone de relieve la importancia de que el padre de la víctima se haya dirigido a la comisaría, ya que de no haberlo hecho “nunca se hubiese descubierto que Casco había sido privado de su libertad”.
Las maniobras de ocultamiento continuaron hasta que el 30 de octubre la Prefectura Naval encontró el cadáver de Franco en el río Paraná.
La autopsia y demás pruebas permitieron establecer que el joven había sido asesinado antes de ser arrojado al río y que el tiempo de inmersión era compatible con la fecha de su desaparición.
Agencia Télam
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