El gobernador Omar Perotti elevará esta semana los nombres de los candidatos a ocupar los puestos de jefe de Fiscalía General, regional y Ministerio Público de Defensa, según lo confirmó la ministra Celia Arena. Desde la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto de Rosario enviaron un comunicado para exigir paridad y perspectiva de género en la terna integrada por los camaristas Roberto Prieu Mántaras (Santa Fe), Javier Beltramone (Rosario) y la auditora de gestión del Ministerio Público de la Acusación (MPA), María Cecilia Vranicich (quien aspira subsidiariamente a la Fiscalía Regional Rosario o a continuar en su actual cargo).
Prieu Mántaras fue cuestionado por tres fallos que firmó como magistrado, y esta semana las críticas alcanzaron también a Beltramone, juez de la Cámara de Apelaciones en lo penal de Rosario.
Prieu Mántaras
Uno de los fallos de Prieu Mántaras refiere a “la revocatoria de la condena por “motivos técnicos” a Monseñor (Edgardo) Storni por el abuso sexual denunciado por el joven seminarista Rubén Descalzo, revocatoria que le permitió a Storni seguir impune y cobrar su jubilación de privilegio hasta su muerte”.
El segundo enumerado por La Campaña Rosario apunta a “la revocatoria de la condena en primera instancia de un hombre por el delito de abuso sexual con acceso carnal cometido contra su sobrina de 12 años”.
Según recuerda La Campaña, esa resolución luego fue anulada por la Corte con estos argumentos: “En relación con la valoración de la declaración de la víctima en cámara gesell, el razonamiento sentencial se apartó de los estándares internacionales (…), relativizando y/o desoyendo la declaración de la niña víctima de abuso sexual”.
Además, sostuvo que “más aún cuando existían elementos de prueba que se correspondían con sus dichos, los cuales también se desestimaron infundadamente. En resumidas cuentas, desconoce (el juez Mántaras) la fuerza probatoria del testimonio de la menor que las normativas convencionales, constitucionales, legales y jurisprudencia de alto nivel orgánico le otorgan”.
Por último, la organización puntualizó un fallo relacionado con la ONG Grávida “en el cual una psicóloga se infiltró en el Hospital Iturraspe a fin de manipular a la familia de una menor de 12 años discapacitada, embarazada como producto de una violación, obstaculizando el derecho de la niña a acceder a un aborto y al cuidado de su salud integral”.
Como consecuencia de su accionar, la profesional fue suspendida por el Colegio del sector y “Mántaras revocó la decisión de primera instancia y ordenó al Colegio dejar sin efecto la sanción”, decisión que, de acuerdo a la carta abierta de La Campaña, fue anulada por la Corte Suprema santafesina.
La Campaña Nacional por el Aborto cuestionó a un juez de Santa Fe que aspira a ser jefe de fiscales
Beltramone
Beltramone es recordado por las integrantes de la Campaña Rosario por haber absuelto a un hombre de 27 años por el delito de abuso sexual con acceso carnal de una niña de 11 años, el 15 de septiembre de 2020. La niña quedó embarazada a los 12 años y acudió a un centro de salud de una localidad vecina a Rosario. La Dirección provincial de Niñez intervino cuando el embarazo estaba avanzado y la niña fue trasladada a una institución. El hombre fue denunciado por una funcionaria pública, estuvo detenido y fue condenado a 7 años y medio de prisión en primera instancia, pero fue absuelto en una segunda instancia. Desde la Cámara de Apelaciones, Beltramone argumentó que “ninguna duda cabe, y se encuentra hartamente probado que ambos mantenían una relación de pareja”. El artículo 119 del Código Penal señala que no hay consentimiento posible antes de los 13 años. La resolución fue apelada por el fiscal Aquiles Balbis, que luego presentó un recurso de inconstitucionalidad ante la Corte Suprema de Justicia de la provincia, el cual fue negado.
Seis años antes, Beltramone le concedió prisión domiciliaria con salidas laborales al remisero César Varela, un hombre que había secuestrado y agredido a su ex pareja, María Cristina Ponce, en Villa Gobernador Gálvez.
El 20 de diciembre de 2019, Beltramone votó a favor de reducir la pena de Fernando Godoy, quien había sido condenado en primera instancia por el femicidio de Tamara Merlo cometido el 10 de junio de 2017. “La Fiscalía se ha valido -y el tribunal así lo ha receptado de forma poco feliz- del argumento de que Godoy pudo ser una persona violenta, sencillamente porque la hija de un testigo le dijo a éste que una vez lo vio a Godoy pegarle una cachetada a su entonces esposa. Es decir, la fragilidad de la información estriba en que son los dichos de una niña de 14 años que le cuenta a su padre que ve, sin determinar el contexto, el modo, la forma ni la situación, de lo que dice que ve”, señaló Beltramone en su voto.
“Si los fallos de un funcionario incluido en la terna no tienen perspectiva de género, tiene que estar afuera, porque la Ley Micaela plantea expresamente que debe tener esa perspectiva”, expresó la ex diputada Silvia Augsburger, de Ojo Paritario y la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto, a pocos días de conocerse la decisión del gobernador Perotti sobre la titularidad de la Fiscalía General que luego deberá aprobar la Legislatura provincial.
Vranicich
Vranicich, por su parte, fue asesora en la Defensoría de Niñas, Niños y Adolescentes de Santa Fe, cuando Analía Colombo, cuyo nombramiento fue cuestionado por referentes del peronismo por falta de antecedentes, estaba al frente de la repartición; algunas de las actuaciones de Colombo frente a la dependencia en esta época fueron judicializadas, incluso hasta estrados internacionales.
Ya como auditora de gestión del MPA, estaba en funciones durante el caso de abuso sexual contra una alumna del colegio religioso San José de la ciudad de Rafaela, en el que desde una ONG feminista se denunciaron “irregularidades” el año pasado.
Comentarios