El pedido realizado por la Fundación Cauce para reprogramar la Reunión de Participación Ciudadana fijada para este viernes 15, donde estaba previsto dar a conocer un informe de impacto ambiental vinculado a la extracción de arenas silíceas en la localidad entrerriana de Ibicuy, fue aceptado por la jueza Valentina Ramírez Amable que solicitó al intendente fijar una nueva fecha a fin de garantizar el debido acceso a la información pública en un tiempo prudente y razonable.
La acción de amparo interpuesta al gobierno de Entre Ríos y la municipalidad de Ibicuy fue impulsada por la Fundación Cauce: Cultura Ambiental-Causa Ecologista junto a la Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer), para conocer la afectación a la salud y el ambiente de los trabajos que se realizan en la planta de lavado y clasificación de arenas silíceas «El Mangrullo»”, a cargo de la empresa YPF SA.
Las organizaciones ambientalistas basaron su solicitud en que la convocatoria no se ajustaba al Acuerdo Regional de Escazú, que es ley en nuestro país desde octubre de 2020, por el cual se tiene que garantizar a las personas y agrupaciones la defensa de los derechos humanos en asuntos ambientales. En ese sentido entendió la necesidad de asegurar las condiciones que permitan el acceso a la información pública ambiental, en un tiempo prudencia y razonable, ante el volumen del informe realizado por la Universidad Nacional de La Plata.
La jueza de la Sala III de la Cámara Civil y Comercial de Paraná, Valentina Ramírez Amable, a cargo del amparo que busca conocer el impacto de la actividad minera para extraer material usado en el método de fracking petrolero en Vaca Muerta, planteó que si no es posible la suspensión se debe realizar una nueva convocatoria para febrero de 2024.
El estudio de impacto ambiental fue puesto a disposición pública el 7 de diciembre pasado y la audiencia propuesta por el gobierno entrerriano y la localidad de Ibicuy fijada solo ocho días después.
Ante la solicitud, la magistrada entendió “razonable el pedido de contar tiempo suficiente para que la comunidad pueda conocer de manera completa y adecuada el informe final y el Estudio de Impacto Ambiental Acumulativo” y solicitó al intendente de Ibicuy que reprograme una fecha prudencial posterior a la de este viernes.
En la sentencia señaló que el acceso al informe exige un tiempo para su revisión, lo que constituye uno de los derechos de acceso que las autoridades estatales deben garantizar en temas ambientales según el Acuerdo de Escazú (ley 27566).
Presentan nuevo amparo contra una arenera que no cuenta con estudio de impacto ambiental
La acción de amparo ambiental presentada contra el gobierno provincial, municipal e YPF SA, a cargo del establecimiento El Mangrullo, se funda en el impacto en el ambiente y la salud a partir de la extracción de arena silícea en la zona de Ibicuy, sobre el río Paraná.
La arena se utiliza en el yacimiento Vaca Muerta para realizar fractura hidráulica o fracking, una extracción de gas y petróleo de yacimientos no convencionales.
El fracking es una técnica de perforación mixta (vertical y horizontalmente) de varios kilómetros, donde se fractura la roca y se inyectan millones de litros de agua a alta presión, mezclada con arena y una serie de aditivos químicos.
En mayo de 2022, la Justicia ya había ordenado “suspender nuevas canteras en la zona de extracción de arenas silíceas hasta que se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo” en la zona.
En ese marco fijó que el estudio realizado debía evaluar “la zona de extracción, las plantas de lavado, los caminos públicos por los que circulan camiones y maquinaria pesada, y la interacción de la actividad con las poblaciones de la región”.
También exigió la participación ciudadana en el estudio, ya que lo que se busca es “proteger el bien natural de carácter mineral” de la zona.
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