Carina Ortiz
El juez Héctor Núñez Cartelle que presidió la audiencia oral contra el jefe de mantenimiento del Laboratorio Apolo, admitió la imputación contra el foguista por estrago culposo agravado y lesiones graves. Aunque no dejó pasar la falta de profundización en la investigación respecto a la posible responsabilidad de otras personas. Recomendó a la Fiscalía activar la pesquisa en relación a aquellos que debían controlar el funcionamiento del laboratorio ubicado en calle Alem y Gaboto, dónde explotó una caldera en junio de 2016 y produjo la destrucción del lugar, de una casa vecina y lesiones a 6 personas que debieron ser hospitalizadas.
El lunes el fiscal Walter Jurado llevó a audiencia imputativa a Jorge G., quien fuera jefe de mantenimiento del laboratorio. El hombre contaba con un carnet de foguista y el funcionario descargó responsabilidad sobre el hombre por omisión y negligencia en el cumplimiento de sus tareas. Le achacó los delitos de por estrago culposo agravado y lesiones graves. Aunque a la pregunta del juez sobre el resto de los posibles involucrados en el caso, el fiscal dijo dijo que ese punto se llevaba adelante en otra investigación.
Núñez Cartelle no cerró la audiencia aquel lunes y dijo que su decisión en cuanto a la aceptación o no de la imputación lo iba a resolver por escrito. Este jueves la resolución se dio a conocer. El magistrado apoyó la imputación del hombre de 63 años al entender que no sólo tenía el rango de foguista sino además era el encargado de mantenimiento del establecimiento. La Fiscalía le achacó la violación al deber de cuidado al generar un riesgo excesivo, que hubiera sido evitable si cumplía con sus obligaciones, especialmente con el control de la caldera y las válvulas de seguridad. El juez tuvo en cuenta la anulación de la alarma y las filmaciones que muestran al sospechoso actuando con negligencia y desconocimiento, refiere el fallo
Para el juez, estos puntos satisfacen los presupuestos de admisibilidad de la imputación que fue aceptada. Aunque no dejó de lado la falta de profundización en el caso que ya lleva un más de un año y medio. “Mantener fuera del rango investigativo a terceras personas que debieron efectuar las aludidas tareas de control resulta al menos desatinado”, dijo. Más aún, teniendo en cuenta su actividad y la incidencia directa y definitiva en el resultado.
A ello sumó la constatación dela carencia de controles por parte de los representantes de entes de control que también pueden delimitar y consolidar la eventual responsabilidad que se le puede asignar al único incriminado, explica el fallo. No dejó pasar un informe, que la defensa dijo que fue base para que la Fiscalía imputara a su cliente, realizado por un ingeniero que tres meses antes estuvo en un control en el laboratorio aunque en otra maquinaria. “Pareciera rayar con lo absurdo apoyarse en un informe que de algún modo puede estar justificando su propia inacción” y recomendó al fiscal activarla investigación en este sentido.
