El Ciudadano
El cuerpo de Franco Casco apareció flotando en el río Paraná el 30 de octubre de 2014 frente a las escalinatas del parque España. Llevaba tres semanas desaparecido y ese mismo día una multitudinaria manifestación se había apostado frente a la seccional 7ª para exigir su aparición con vida, tras reclamar que el último registro del muchacho de 20 años, con vida, había sido en esa comisaría. Este jueves, a más de cuatro años, sus restos fueron inhumados por segunda vez para ser sometidos a un proceso de “identificación científica”.
Salvador Vera, uno de los abogados querellantes, explicó que si bien es una medida dolorosa para la familia, ya que no tienen dudas de que el cuerpo exhumado pertenece a Franco, es el último paso para cerrar la etapa de instrucción y poder avanzar a la etapa de juicio oral y público contra 18 policías procesados por la Justicia Federal por desaparición forzada seguida de muerte.
La exhumación del cadáver de Franco la había solicitado el fiscal federal, Guillermo Lega y la realizó este jueves el Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) en el cementerio de Florencio Varela, la ciudad donde vivía el albañil, ante la presencia de su papá y sus dos hermanas. Los restos fueron trasladados a la morgue de la Corte Suprema de Justicia donde comenzarán a ser analizados a partir del próximo lunes.
Salvador Vera aclaró que la querella no tiene sospechas de que el cuerpo haya sido cambiado, como se especuló en algún momento de la investigación, ya que la identificación “jurídica” se logró realizar cuando el muchacho fue sacado del agua, a través de dos tatuajes y el reconocimiento de su mamá Elsa y su papá Ramón.
No obstante, la “identificación científica”, necesaria para avanzar en la pesquisa judicial, se vio frustrada en dos oportunidades.
Según explicó Vera, la primera fue porque las muestras de sangre tomadas a los padres de Franco al momento que apareció su cuerpo no fueron conservadas con la calidad óptima por el Instituto Médico Legal (IML) de Rosario y cuando se cotejaron los resultados dieron negativos. “Hubo problemas en la cadena de custodia y preservación, hechos que retrasaron y generaron mucho martirio”, explicó el abogado de la familia de Casco.
Por esa razón “se generó la necesidad de exhumar los restos” para realizar nuevamente la prueba de cotejo de ADN, medida de rutina que solicitó el fiscal federal y que realizó el cuerpo médico de la Corte Suprema de Justicia. En esa oportunidad “tampoco se tomaron todos los recaudos al extraer las muestras óseas”, explicó Vera tras resaltar que por eso se le dio intervención al EAAF.
Vera dijo que espera que para la feria judicial de invierno estén todos los informes forenses para poder solicitar la elevación a juicio y tener fecha de inicio. Al respecto recordó que son 18 los policías procesados –con confirmación de la Cámara Penal– de los cuales 11 cumplen prisión preventiva.
Además dijo que todavía está pendiente el procesamiento de un vecino de barrio Luis Agote, que según la querella fue quien sirvió de coartada a la Policía para justificar la detención ilegal de Casco, cuyo procesamiento fue apelado. También le resta resolver a los jueces de segunda instancia la apelación del sobreseimiento de dos odontólogos del IML.
Franco desapareció el 6 de octubre de 2014 camino a la estación ferroviaria de Rosario, donde pensaba tomar un tren que lo lleve de regreso a su casa de la localidad de Florencio Varela, luego de visitar a familiares rosarinos.
Según la acusación, el albañil de 20 años fue detenido ilegalmente y llevado a la seccional 7ª donde “se les murió” a los policías mientras lo torturaban. Su cadáver apareció casi un mes después, el 30 de octubre, luego que su familia encabeza multitudinarias marchas junto a organizaciones sociales para reclamar su aparición, ya que fue en la comisaría la última vez que se lo vio con vida.
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