Carina Ortiz
En 2012 explotó públicamente una investigación penal por estafas con depósitos judiciales que puso en la mira de los investigadores a dos magistrados, un secretario, abogados, un empleado del Banco Municipal y un martillero al que sindicaron como organizador de la mecánica defraudatoria. La causa tuvo miles de planteos y algunos de los miembros del grupo delictivo firmaron acuerdos abreviados. El caso pasó del viejo al nuevo sistema procesal y en 2017 el fiscal Carlos Covani presentó acusación. Recién en mayo de este año llegó la audiencia preliminar de juicio, después de muchas idas y vueltas. En medio de ellas, el destituido juez Alejandro Pedro Martín y el empleado bancario Tomás Martínez Echenique decidieron sumarse a la lista de condenados mediante un procedimiento abreviado. El ex juez fue sentenciado como jefe del grupo y coautor de otros delitos, entre ellos la comisión de 53 defraudaciones y media docena de fraudes tentados, a 5 años de cárcel los que cumplirá arrestado en su casa —acreditó que tiene un familiar con discapacidad a su cargo—, mientras que su compañero de causa recibió una sanción de 3 años de prisión condicional por la comisión de 20 estafas consumadas y 6 tentadas y su participación en la asociación ilícita.
Esta operatoria se realizó durante los años 2010 y 2012, según la investigación, e involucró a los Juzgados Civiles y Comerciales 1° y 17° a cargo de Jorge Scavone (hasta el 2010) y Alejandro Martín en el segundo de los casos. También quedó involucrado un secretario del juzgado de Martín, Ricardo José Lavacca, quien firmó un abreviado a 3 años de prisión condicional e inhabilitación para ejercer cargos públicos y en el Poder Judicial en 2019. Antes habían abreviado otros dos abogados involucrados en las maniobras: Luciano Bautista García Montaño y Jorge Heter, también a condenas condicionales, estos implicados devolvieron 548 mil pesos como parte del acuerdo.
La mecánica defraudatoria
Según la Fiscalía, el desfalco rondó el millón de pesos y la mecánica consistía en detectar fondos inmovilizados o inactivos depositados en cuentas judiciales del Banco Municipal. Estos depósitos tenían origen en presentaciones judiciales reales, pero por algún motivo no eran retiradas y cuando el grupo delictivo determinaba que estaban años sin movimiento armaban un ardid para sacarlos.
Hacían presentaciones judiciales por reclamos inexistentes y realizaban maniobras a través de trámite para hacerse de los fondos. A través de los juzgados involucrados, libraban oficios al banco ordenando el embargo de los fondos o transferencias a cuentas que estaban bajo la órbita de estos juzgados. Una auditoría del banco dejó a la vista el fraude. En el juzgado de Martín se detectaron 53 defraudaciones concretadas con este modus operandi y 33 surgieron desde el despacho de Scavone. El banco notificó a la Corte Suprema de Justicia las irregularidades y el máximo tribunal remitió el caso a la Fiscalía en 2012 para iniciar una investigación. En 2013 Martín fue destituido de su cargo.
El juez rosarino Alejandro Martín fue destituido de su cargo
En febrero de 2017 el fiscal Covani presentó acusación para los cuatro acusados cuya situación procesal no se había resuelto. Se trata de los ex magistrados Scavone y Martín, el empleado bancario Tomás Martínez Echenique y el martillero Oscar Kovalevsky, pero después de muchos planteos y recursos finalmente se fijó para mayo de este año la audiencia preliminar, que terminó pasando a un cuarto intermedio.
En aquel tiempo la defensora oficial Marianela Diponte y el fiscal Covani llegaron a un acuerdo respecto de Martín y presentaron este jueves ante la jueza Silvia Castelli un convenio para abreviar el caso. Propusieron una pena de 5 años de prisión para el ex funcionario por los delitos de asociación ilícita en calidad de jefe y/u organizador, la comisión de 53 casos de defraudación agravada y 6 en grado de tentativa, 79 hechos de falsedad ideológica y material de instrumento público, prevaricato, abuso de autoridad e incumplimiento de los deberes de funcionario público. Además propusieron una inhabilitación absoluta y perpetua para desempeñarse como funcionario público o magistrado judicial y una multa de 3 mil pesos.
El convenio fue consentido por Martín, quien admitió su responsabilidad en los delitos endilgados. La propuesta también abarcó la modalidad de cumplimiento. Martín aseguró que se encuentra a cargo de un familiar con discapacidad, lo que fue coroborado, contaron fuentes del caso. Esta circunstancia le valió un pedido de arresto domiciliario.
Tras evaluar el caso y escuchar al acusado, la jueza Castelli resolvió homologar el acuerdo y condenar al ex funcionario judicial a la pena propuesta por las partes en la modalidad acordada a lo que le sumó una tobillera y fijó que la modalidad de arresto domiciliario se mantendrá siempre y cuando se verifiquen la subsistencia de las circunstancias invocadas y acreditadas para la concesión de este beneficio.
El empleado bancario
En otra audiencia, el empleado bancario Tomás Martínez Echenique también consintió un acuerdo abreviado a través del cual reconoció su participación en la banda y en las maniobras fraudulentas. Para la Fiscalía, era quien brindaba desde adentro de la entidad bancaria los datos de las cuentas inmovilizadas.
Este hombre de 49 años aceptó su responsabilidad como miembro de una asociación ilícita y por 20 hechos de defraudación agravada y 6 tentativas, fue condenado por la jueza Castelli a la pena de 3 años de prisión condicional y cumplimiento de reglas de conducta por el mismo plazo legal.
A juicio
Aún resta resolver la situación procesal de dos acusados. Si bien hay tratativas para un acuerdo abreviado respecto del también ex juez Scavone y el martillero Kovalesky, las condiciones no fueron aceptadas, contó una fuente fiscal. La semana que viene continuará la audiencia preliminar que había pasado a un cuarto intermedio. El fiscal Covani adelantó que en ella pedirá una medida cautelar de encierro para los dos acusados que enfrentan penas de 5 años y medio en el caso del ex magistrado sindicado jefe del grupo y 8 años para el martillero apuntando como el organizador de la banda.
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