Región

Estibadores insisten: “Se tiene que ir” el interventor de la Cooperativa de Trabajos Portuarios

La agrupación Miguel Ru, que reúne a la mayoría de los socios de la entidad que lleva un año y medio bajo tutela judicial recusaron al acual juez a cargo, Marcelo Bailaque, y denunciaron por "vaciamiento" a quien comanda la institución, el economista Roberto Pasqualino


“Esto es peor que el vaciamiento de Vicentin porque aquí el vaciamiento se está haciendo con la venia judicial del juez para beneficiar a quienes se presentan como sus amigos, y se hace a plena luz del día. La intervención aconsejó al juez un fidecomiso porque quiere comprar una empresa sin plata. Se tienen que ir”, se plantó el estibador y miembro de la Cooperativa de Trabajos Portuarios de Puerto San Martín José María Ramón. El dirigente, que forma parte de la agrupación Miguel Ru, opositora al depuesto titular de la entidad Herme Juárez, ratificó a El Ciudadano las tres principales exigencias frente a la situación actual de la Cooperativa, uno de los actores clave en las exportaciones del Cordón Industrial, intervenida en el tramo final del gobierno de Mauricio Macri: la primera es el cese de funciones del actual interventor, Roberto Pasqualino; la segunda el apartamiento del juez federal Marcelo Bailaque, al mando del proceso, y la tercera –y principal– la normalización, que “con el solo llamado a una asamblea quedaría resuelta”.

Este viernes 12 expira nuevamente el plazo de intervención de la Cooperativa y, al entender de la agrupación Miguel Ru, es probable que se extienda una vez más. Pero a la par confían en que las denuncias presentadas en la Justicia por presuntas irregularidades, además de ser investigadas, haya constituido la suficiente presión política como para dejar fuera de carrera a Pasqualino, y que el nuevo interventor avance, esta vez sí, en la normalización.

La Cooperativa está intervenida desde agosto de 2019, cuando el juez federal de Campana Adrián González Charvay ordenó una treintena de allanamientos y detuvo al histórico sindicalista Herme Juárez por lavado de dinero, extorsión, y otros delitos. Y además de poner a la institución bajo tutela judicial, lo mismo hizo con la seccional San Lorenzo del Sindicato Unidos Portuarios Argentinos: Juárez presidía la Cooperativa y era secretario General del Supa.

Desde entonces los opositores a Vino Caliente, como llaman en la región a Juárez, reclaman la normalización. Pero además vienen denunciando sucesivas maniobras de dos interventores: al primero, el abogado porteño Juan Schaer, con experiencia en empresas, lo acusaron de haber actuado en beneficio de las agrexportadoras y en perjuicio de los trabajadores en los contratos de estibaje. Y al quien lo sucedió, el contador y doctor en administración de empresas Pasqualino, de manejarse como “dueño” de la Cooperativa.

La agrupación Miguel Ru dice contar con más de un centenar de los 130 socios de la Cooperativa, que a su vez tiene unos 900 empleados. Y con esa representatividad sus miembros presentaron escritos para recusar al juez Bailaque y también acusando a Pasqualino por “graves irregularidades cometidas en lo que lleva al frente de la intervención”.

“Es inaceptable que a un año y medio de transcurrido desde que se intervino nuestra cooperativa, Pasqualino se maneje como dueño y señor”, sostuvieron desde la agrupación, acusando al interventor de negarse a llamar a lecciones y sacar “150 millones de pesos que estaban a resguardo en el Banco Nación para ponerlos en una mutual que pertenece a un amigo del juez Bailaque y de uno de los asesores designados por él mismo” .

“A esta altura nadie puede justificar que se siga interviniendo una entidad privada, que pertenece a los socios de la cooperativa”, afirmó por su parte el también socio de la cooperativa, dirigente de la agrupación Miguel Ru y estibador Ricardo Marcos.

“Los números de la cooperativa muestran que el interventor ha sido un pésimo administrador de los bienes de la entidad y su continuidad en el cargo no hace más que poner en peligro las fuentes de trabajo y los intereses de los socios”, sostuvo Marcos. Es que la presentación judicial contra la intervención de fundamenta en informes del Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (Inaes) en los que se concluye que “no hay ningún impedimento para que se llame a elecciones para regularizar la cooperativa” y se admite que “el interventor se habría extralimitado” al disponer el movimiento de fondos por 150 millones de pesos “por tratarse de una decisión que necesariamente requiere de la aprobación de una asamblea, que justamente el interventor se niega a convocar”.

Entre las embestidas contra el interventor también figura la compra en abril del año pasado de “kits covid”, en principio para detectar casos de coronavirus entre quienes presentara algún síntoma. Esto directamente enfureció a los miembros de la agrupación Miguel Ru en la cooperativa y de la lista Celeste y Blanca en el Supa. El gremio venía acordando protocolos para resguardo de los trabajadores en medio de la actividad esencial, y acusó a la intervención de no respetarlos, exponiendo a los estibadores a contagios.

Y en la Cooperativo directamente se vio como un n egociado: “Se suma a este raid delictivo de distracción de fondos la compra de kits covid en forma inconsulta realizada por este interventor, a una sociedad que se podría decir que nació con ese pan bajo el brazo. Nuevamente el interventor está manejando fondos en forma discrecional favoreciendo a sus amigos con compras sin licitación, sin dar explicaciones, sin saber si esas compras cumplen alguna función útil para lo que han sido realizadas”, sostuvo José Ramón.

Las compras, según denunció, se hicieron a Total Medic, “creada en plena pandemia” y cercana a Pasqualino por ser “de titularidad de su amigo y socio Carlos Andres Marconi”.

“Esta prueba demuestra, independientemente de su irregularidad, las verdaderas intenciones de estos interventores, que mientras los estibadores se exponían en plena pandemia para el progreso de la Cooperativa y del país, los altos funcionarios de la intervención se dedicaban a hacer negocios personales,a costillas de la salud de los trabajadores”, acusó Jorge Morel, también socio de la entidad portuaria.

Con todo, la agrupación presentó más denuncias de presuntas irregularidades, que deberán ser investigadas, mientras volvió a presionar por el fin de la intervención: “Lo único que a nosotros nos interesa es recuperar nuestra Cooperativa, que es de los trabajadores”, remarcaron los integrantes de la Miguel Ru, que recuerda a un histórico estibador y activista opositor a Juárez, quien falleció en 2016.

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