Por Carlos del Frade / Diputado provincial
El 31 de julio de 2020, la agencia nacional de noticias “Telam” informaba que el presidente Alberto Fernández, a través de un mensaje de twitter, dejaba sin efecto el DNU 522 del mismo año que había dispuesto la intervención de Vicentin por sesenta días y el envío de un proyecto de expropiación de la empresa al Congreso de la Nación por considerarla de utilidad pública.
Agregaba el presidente que “el juez interviniente en el concurso no ha permitido hasta aquí que el Estado pudiera conocer cuál es el pasivo real de la compañía. Ha impedido también el acceso de la intervención a su gestión y, lo que es peor aún, ha mantenido en sus funciones a los mismos directores que, ante la pasividad del tribunal, siguen sin entregar el Balance y Memoria del ejercicio 2019”.
Añadía que “no va a comprometer recursos públicos mientras el actual directorio permanezca en la empresa, ni tampoco integrará un fideicomiso compartiendo la gestión del mismo”.
Tres años después de este retroceso político, el grupo Vicentin sigue debiendo 1.600 millones de dólares; no ha dicho una sola palabra de la fuga de 791 millones de dólares ente agosto de 2019 y enero de 2020; propone un pago a quince años y solamente por el veinte por ciento de la deuda; ha logrado el silencio del gobierno de Omar Perotti y de las bancadas socialista, radical, del PRO y sectores celestes en la cámara de Diputados y Diputadas de la Provincia de Santa Fe como también del senado santafesino; el juez Fabián Lorenzini ha vuelto a conceder plazos para los empresarios en un hecho más vinculado a la construcción de la impunidad que a la justicia; se ha logrado la casi total extranjerización del comercio exterior de granos en la Argentina, la principal fuente de riquezas del país y miles de trabajadores que dependen de las 33 empresas del grupo tienen más angustias que seguridades sobre su continuidad laboral, especialmente los que hicieron grande al consorcio en su cuna geográfica, el norte profundo de Santa Fe.
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