Cientos de miles de profesores, funcionarios aduaneros y judiciales y otros empleados públicos británicos participaron ayer de una huelga de 24 horas para protestar contra los planes de ahorro del gobierno del premier David Cameron y, en especial, la reforma de las pensiones. Se trató de la mayor huelga general de trabajadores estatales en más de 80 años y la más contundente medida sindical luego del histórico paro de 1984-1985 de los trabajadores mineros al gobierno de entonces, encabezado por Margaret Thatcher.
Cuatro sindicatos de empleados estatales y docentes convocaron a sus cerca de 700.000 afiliados a participar en masa de la huelga para rechazar una reforma previsional que contempla un aumento de los aportes y de la edad jubilatoria y una menor pensión final.
El primer ministro, el conservador David Cameron, dijo que la huelga es una medida precipitada y prematura porque los cambios a la ley jubilatoria todavía están en proceso de negociación, aunque ya advirtió que no hay alternativas porque “el sistema de pensiones está en peligro de quebrar”.
Líderes sindicales hablaron de un alto acatamiento al paro, y afirmaron que hasta el 80 por ciento de los colegios de Inglaterra y Gales se vieron afectados por la huelga de maestros. Miles de escuelas públicas cerraron sus puertas, mientras en Londres, Cardiff, Liverpool y otras ciudades se celebraron grandes manifestaciones en rechazo a las medidas, que costaron ya miles de empleos y prevén mayores contribuciones a la seguridad social y un aumento de la edad de jubilación.
La jefa del sindicato de profesores NUT, Christine Blowe, señaló que la huelga podría extenderse durante meses si el gobierno no da su brazo a torcer.
La policía de Londres afirmó que cerca del 90 por ciento de los empleados que atienden las llamadas de emergencia no fue a trabajar.
No hubo señales de violencia como en los últimos días en Grecia, o en las protestas masivas de diciembre y marzo en Londres contra los recortes del gasto público, aunque hubo enfrentamientos con la policía y 18 arrestos por delitos menores.
Los huelguistas levantaron piquetes frente a edificios públicos, centros de contratación para trabajos y sedes tribunalicias, informó la cadena de noticias BBC.
Los empleados públicos enfrentan el congelamiento de sus salarios y el despido de unos 300.000 trabajadores, consecuencia directa de los planes del gobierno para eliminar el déficit fiscal en 2015, que trepó a más del 10 por ciento del PBI británico.
Las reformas en el sistema jubilatorio y de pensión enfurecieron a los trabajadores estatales, que consideran que los cambios llevarán una extensión de las horas laborales y mayores deducciones salariales.
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