Carina Ortiz
María Soledad P. es la cuarta mujer imputada en la causa por estafa con ayuda social. Para la Fiscalía es una de las jefas de la maniobra que perjudicó a unos 1.400 personas en una cifra cercana a los 214 mil pesos. Está sindicada de coordinar a las reclutadoras de ingenuos vecinos de los barrios más austeros de la ciudad que buscaban acceder a un trabajo y para anotarse pagaban 150 pesos. También le adjudicaron ser el nexo con Nicolás F., el supuesto cabecilla y organizador de la defraudación que se encuentra prófugo. La mujer se defendió, dijo que se anotó como todos y fue reclutada por este hombre. Cuando empezó a sospechar denunció en Fiscalía la maniobra. La jueza Paula Álvarez sólo admitió la imputación por estafas reiteradas –dejó afuera la asociación ilícita – y ordenó la libertad.
Todo comenzó con mensajes de wathsapp y una convocatoria por la red social Facebook: se necesitaban personas con ganas de trabajar en limpieza. El ofrecimiento eran dos horas, tres veces por semana, para dejar prolijas las calles, descampados y plazas de los barrios. A cambio: 5.500 pesos serían depositados en una cuenta a favor de cada beneficiario, más un bolsón con comida y una garrafa. El oferente era una organización social reconocida: “Barrios de Pie”. La cabeza del grupo se hacía pasar por mano derecha del referente a nivel provincial. Pero todo se destapó cuando un grupo de personas se congregó en la puerta de una de las “reclutadoras” el día miércoles 21 de febrero, lo que terminó en la comisaría 19ª. Lo mismo pasó esa tarde en la seccional 17ª, donde unas 50 personas se reunieron a reclamar su dinero porque fueron estafados.
El 22 de febrero se hicieron 4 allanamientos y el viernes 3 mujeres fueron imputadas por participar en una asociación ilícita y estafar en forma reiterada. Eran reclutadoras, se dedicaban a juntar las fotocopias de documentos de las personas que se anotaban y recibir los 150 pesos que iban a parar a manos de Nicolás F., según declararon. Las tareas iniciaban a principios de marzo, cuando iban a cobrar los 5.500 pesos. Para las reclutadoras había 10 mil o 15 mil pesos, según el caso. El juez Héctor Núñez Cartelle admitió la imputación sólo por estafa y le dio la libertad a las mujeres con presentación quincenal en la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Una de ellas dijo que al darse cuenta, un familiar le prestó dinero y devolvió a aquellos que esperaban en la puerta de su casa y se comunicó con el resto para hacer lo mismo cuando se produjo el allanamiento. Otra aseguró que había sacado un crédito para devolver la plata.
La coordinadora
María Soledad P. tenía pedido de captura y se presentó espontáneamente el martes en la sede de la Policía de Investigaciones. Este jueves fue imputada como jefa de una asociación ilícita y estafas reiteradas. Los fiscales Rodrigo Santana y Juliana González explicaron que de 4 subieron a 18 las denuncias por esta defraudación y en 8 aparece el nombre de la sospechosa. De la documentación secuestrada más las denuncias calculan que 1.423 personas fueron estafadas (1.065 de esos nombres surgen de la documentación secuestrada a las imputadas).
La mecánica en las denuncias siempre fue la misma y para la Fiscalía, María Soledad fue el nexo con Nicolás aunque su defensor (oficial) César Baroni explicó que es una víctima más. La mujer aseguró que se anotó como todos y a través de una conocida –que está imputada –, en su Facebook aparecía un aviso que buscaban personal de limpieza. Se contactó con ella y la mujer le dijo que se comunique por whatsapp y le explicó en qué consistía. María Soledad aceptó, la forma de trabajo era similar al trabajo que hacía su hija en la (verdadera) cooperativa Barrios de Pie. Luego la contactó Nicolás, le dijo que necesitaba gente para anotar y le ofreció pagar hasta 100 personas unos 7 mil pesos y más de 100 el pago sería 15 mil. Lo que se efectivizaría a través de un depósito en el banco el día 5 de marzo y comenzaría a trabajar el 12. Para darle más tranquilidad, le nombraba gente de la agrupación que su hija conocía.
Explicó que anotaba los datos porque después tenía que armar grupos de 10 para hacer los trabajos. Estaba confiada y necesitaba la plata. Estaba sola con tres hijas, dos menores, una de ellas de 17 meses con síndrome de down.
Le entregó a Nicolás los datos y el dinero de 210 personas y el hombre le pidió más. Ella le planteó que no iba a poder organizar el trabajo de tanta gente. Entonces, le dijo que busque gente en el barrio que anote. Todo iba sobre ruedas hasta que se enteró que en dos semanas Nicolás se iba de vacaciones. Se dio cuenta que coincidía con las fechas que debían hacerse los pagos. Se entró a desesperar, profundizó en la organización y se contactó con el verdadero referente que le dijo que no había ningún plan de ese tipo y que era una mentira. Entonces hizo la denuncia el 21 de febrero. Aseguró que se fue de su casa –no había nadie cuando fue el allanamiento– con un patrullero que la sacó del lugar porque la amenazaban, también a sus hijas. “Yo ahora me quedé sin casa, sin nada”, lloró.
A la denuncia acompañó la lista que había confeccionado, su teléfono y las conversaciones de whatsapp, especialmente las que mantuvo con Nicolás. La fiscalía pidió la prisión preventiva y la defensa sostuvo que de las denuncias que se presentaron algunas de ellas también son reclutadores y no se entiende cuál fue el parámetro de la acusación y reclamó la libertad o subsidiariamente un arresto domiciliario.
Finalmente la reciente jueza Paula Álvarez, a igual que su par Héctor Núñez Cartelle, no aceptó la imputación por asociación ilícita, sólo refrendó el delito de estafas reiteradas. Además dispuso la libertad de la mujer con la restricción de presentarse cada 15 días en la Oficina de Gestión Judicial, al igual que sus consortes de causa. Nicolás P., mientras tanto, sigue prófugo.
