El dueño de una constructora rosarina fue imputado por estafa luego de ser denunciado por al menos tres personas que le entregaron sus ahorros para obtener su vivienda propia. Según la acusación, los damnificados fueron engañados sobre dos proyectos inmobiliarios: uno que nunca existió y otro que quedó sin terminar. La audiencia fue celebrada el viernes pasado en el Centro de Justicia Penal luego de la cual el empresario continuó en libertad.
Fuentes del caso informaron que la denuncia fue presentada contra Eduardo Néstor C., titular de la constructora Urbe Construcciones SA, quien fue investigado por el fiscal de la Unidad de Delitos Económicos Miguel Moreno y luego imputado por su par Sebastián Narvaja. Le achacaron el delito de estafa en tres hechos, aunque no descartan que aparezcan más damnificados.
La primera víctima en denunciar al empresario fue Alejandro A., un hombre que declaró haber firmado un contrato en 2016 para adquirir un departamento “de pozo” en Cerrito 1194, para lo cual le entregó el dinero obtenido en una indemnización laboral, que era su única oportunidad de acceder a una vivienda propia.
Según esa denuncia, el empresario promocionaba por medio de su constructora un proyecto habitacional importante, con espacios atractivos, algunos de un dormitorio y otros de monoambiente. Se trataba de un emprendimiento colectivo, donde las personas seleccionadas realizaban un primer pago de alrededor de 35 mil dólares en el “pozo”, y luego continuaban pagando cuotas mensuales para la terminación del edificio y la adjudicación directa de las viviendas.
En el caso de Alejandro, le entregó medio millón de pesos, que en 2016 equivalían a 32 mil dólares, y luego continuó pagando durante dos años 8.000 pesos mensuales. Sin embargo, la Unidad “E” del sexto piso de Cerrito 1194 nunca existió, como tampoco el edificio. De hecho no solo no había ninguna construcción en ese domicilio, sino que tampoco existía esa numeración en la cuadra.
“Era una propuesta convincente. Había planos de trabajo, supuestas habilitaciones que no terminaron siendo tales”, declaró su abogado querellante Mariano Savia.
El letrado dijo que el empresario estafador fue investigado y los resultados de la pesquisa corroboraron su responsabilidad en el delito de estafa, junto a una colaboradora que realizaba las cobranzas en una oficina de zona oeste, ubicada en avenida Pellegrini al 3800.
“Llegamos a embargar activos que estaban escondidos. Procedimos a la inhibición de bienes para que esta persona no se insolvente”, resaltó el abogado quien pretende recuperar los ahorros de su cliente.
Además informó que a partir de esa primera denuncia, otras dos personas se acercaron a la Fiscalía para denunciar pagos similares por la adquisición de departamentos a construir en Sánchez de Bustamante al 1300, de zona sur. Una de las personas pagó medio millón de pesos y otra alrededor de 400 mil pesos.
A diferencia del caso anterior, la construcción comenzó a realizarse pero se detuvo a la altura del segundo piso, por lo que no se le adjudicaron viviendas a ninguno de los dos ahorristas.
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