El constante aumento en los precios de los combustibles sólo trajo beneficios a las petroleras. La rentabilidad de las estaciones de servicio cayó a niveles históricos, por lo que la Cámara de Estaciones de Servicio, Garajes y Afines de Rosario (Cesgar) declarará mañana el estado de emergencia.
Entre los años 2000 y 2017, los costos operativos de las estaciones de servicio aumentaron un 3.700%, mientras que el ingreso por ventas sólo subió un 1.950%. Según dijo el vocero de Cesgar, Daniel Giribone, a El Ciudadano, los litros vendidos no se redujeron, sino que lo que afectó al sector es el aumento del precio que el Estado nacional le otorga a las petroleras, el cual no se ve reflejado totalmente en el número final.
Según un estudio de la Universidad Nacional de Rosario (UNR), en 2004 una estación de servicio necesitaba vender un mínimo de 126.000 litros de combustible mensuales para subsistir, mientras que hoy en día necesita comercializar 347.000. Giribone advirtió que el volumen de venta actual es de 300.000 litros y las estaciones se sostienen “gracias al esfuerzo de los empresarios y sus familias que dedican todo el día a su negocio”.
“Nosotros no somos formadores de precios, las petroleras son las que tienen la posibilidad de cambiar esto. Se puede cambiar la rentabilidad sin cambiar los precios, dándonos mayor margen de utilidad por litro vendido”, consideró el síndico de la cámara que agrupa a los estacioneros.
Al crecimiento de los costos operativos, el representante de Cesgar sumó la “insoportable presión impositiva” y la “competencia desleal” por parte de empresas petroleras y distribuidoras que venden directo al consumidor –un 25% más barato– como ingredientes del combo que afecta a los expendedores de combustibles.
“Fuera de las grandes ciudades, a través de ventas directas de la petrolera o ventas mayoristas, venden a un precio más barato que el que nosotros conseguimos cuando le compramos a la petrolera. Hay una distorsión en el mercado”, señaló Giribone.
El empleo, estable
Pese a la caída de la rentabilidad, la crisis sólo tuvo un leve impacto sobre el empleo. El titular del Sindicato de Obreros de Estaciones de Servicio, Ismael Marcón, indicó que se registraron suspensiones, vacaciones anticipadas y algunos despidos selectivos.
Por su parte, Giribone dijo que “el salario no es variable de ajuste”, pero consideró que las empresas quieren “adelantarse a los acontecimientos para garantizar la paz social y la continuidad del trabajo”. “Queremos abrir el paraguas antes de que haya algún conflicto y alertar a quienes pueden cambiar esto. Ya tuvimos complicaciones con el cierre de estaciones de servicios”, indicó el síndico de Cesgar. Y llevó tranquilidad a los consumidores al negar que esté pensado un lockout. “No estamos poniendo plazos ni fijando posiciones de ningún tipo. Estamos tratando de llamar la atención”, aclaró.
Por otra parte, el representante empresarial recordó que entre los años 2000 y 2001 cerraron unas 2.000 estaciones de servicio en todo el país –unas 50 en el departamento Rosario– perdiéndose miles de puestos de trabajo.
Futuro liberado al mercado
Para después de octubre, se espera un nuevo aumento en el precio de los combustibles, lo que podría impactar negativamente en la brecha de rentabilidad de las estaciones de servicio.
El gobierno tiene un acuerdo firmado con las compañías petroleras que lo obliga a actualizar el precio de los combustibles cada tres meses de acuerdo a la evolución del dólar y los precios internacionales del barril de petróleo. La decisión fue tomada, según fuentes gubernamentales, luego de que se avanzara en un acuerdo con las empresas para postergar el aumento de los precios en el último trimestre del año.
A fines del mes pasado, el ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren, anticipó que el objetivo del gobierno nacional es iniciar 2018 con los precios de los combustibles totalmente liberados, para que los establezca “el mercado y estén en línea con los valores internacionales”.
Aranguren dijo que la tendencia hacia la convergencia de los precios la había iniciado el gobierno de Cristina Kirchner y la administración de Mauricio Macri la profundizó, para que sea la ley de oferta y demanda la que establezca los valores.
La caída estrepitosa que tuvo el precio internacional del crudo, que en agosto de 2014 pasó de los 120 dólares hasta los 60, bajando a 40 dólares después, hizo que la Argentina se tuviera que acomodar también a la baja.
El funcionario indicó que la decisión de que esa baja del precio del barril fuera gradual fue establecida para proteger las fuentes de empleo que dependían de esta industria en las diez provincias productoras.
Entonces, se pasó de un precio de 84 dólares el barril en 2014 para el crudo más liviano a uno de 77 dólares en 2015, a 63 dólares en 2016 y a 55 dólares en la actualidad. “El próximo paso es ir a un barril (de crudo liviano) de 50 dólares, lo que va a ocurrir el próximo año y a partir de ahí habrá vasos comunicantes con el mercado internacional por lo que no habría diferencias entre el precio local y el de importación”, dijo Aranguren.
