Ciudad

Pocos, pero de peso

Esta vez, el puente a Victoria lo cortaron los que rechazan toda ley de humedales, de nuevo cajoneada

Entidades ruralistas, la Sociedad Rural de Rosario y otras organizaciones insistieron en que una regulación de estos ambientes, que además de las incendiadas islas incluyen los salares con litio, va en contra de sus actividades.


Foto: gentileza Cadena 3.

Autoproclamados pequeños productores agropecuarios de las islas, entidades patronales del campo, la Sociedad Rural de Rosario y hasta una entidad que agrupa a ingenieros agrónomos cumplieron este jueves con el anunciado corte intermitente del puente Rosario-Victoria en rechazo a los proyectos de ley para conservar los humedales que, de nuevo, sufrieron una nueva postergación de tratamiento en comisiones en la Cámara de Diputados.

En términos de los asistentes a la movida, fue escasa la convocatoria de un sector cuya fuerza de presión transita por carriles diferentes a los de los espacios públicos. Y, de hecho, con eficicacia: bancadas del oficialismo y la oposición acordaron este miércoles retrasar otra vez la emisión de dictámenes sobre los textos ingresados, que se esperaba salgan en el plenario de las comisiones de Recursos Naturales y Ambiente, Presupuesto y Agricultura. Esta última, presidida por el ex ministro del área durante el gobierno de Cambiemos y dirigente rural Ricardo Buryaile, fue la que promovió la primera postergación. La segunda, fue a pedido de gobernadores del norte del país, que quieren decir lo suyo. Y lo suyo va en contra de la norma, en su caso por los negocios mineros en primer término. Lo aceptaron tanto las bancadas de oficialismo como de oposición.

Ruralistas, productores e ingenieros cortarán el puente en rechazo a la ley de humedales

El segundo estiramiento para tratar una norma de presupuestos mínimos de conservación no tiene fecha y lo firmaron los presidentes de bloque Germán Martínez (Frente de Todos), Mario Negri (UCR), Cristian Ritondo (PRO), Juan Manuel López (Evolución Radical), Luis Di Giacomo (Provincias Unidas) y Margarita Stolbizer (Encuentro Federal).

 

“Estamos en contra porque no contempla la producción. Una ley no apaga el fuego y nosotros somos los perjudicados”, dijo uno de los que se apostaron este jueves en la conexión vial Santa Fe-Entre Ríos. El argumento común es que una norma de protección atenta contra las actividades productivas en los humedales, cuya definición, además del delta incendiado del Paraná, contempla otras regiones como los salares. Los que impulsan una ley insistieron sin eco en que se trata de regular, no de prohibir, de modo que las ganancias de negocios privados no lleven a la destrucción de bienes comunes y vuelvan, como boomerang, también contra los mismos que rechazan cualquier tipo de legislación ambiental.

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Otro argumento de los contrarios a la ley deriva en hipótesis conspirativas asentadas en el letargo judicial para definir causas y eventuales responsables de las quemas en las islas entrerrianas, que se suceden desde hace dos años. Con atuendos camperos, algunos a caballo, con boinas, sombreros o chambergos y prolijas bombachas de campo, quienes se apostaron cerca de la cabina de peaje del puente los expresaron en carteles. En algunos, se acusaba a los ambientalistas como los quemadores.

Roberto Sotomayor se presentó como productor agropecuario junto a su familia en las islas entrerrianas y, desde la conexión interprovincial, ejemplificó esa hipótesis: que detrás del fuego hay objetivos políticos institucionales. “Estuve en el Congreso el jueves pasado y ahí vi los estofados que se cocinan, a la «ley Grosso» solo le importa el dinero para repartir. La ley es una caja política del oficialismo”, desgranó el manifestante. La alusión es al texto reingresado por el diputado del Movimiento Evita, que es el que perdió estado parlamentario el año pasado y surgió del consenso de más de una decena de iniciativas. Es la que cuenta con el respaldo de organizaciones socioambientales y especialistas científicos de varias ramas.

 

En lo que coinciden los que están a favor y en contra de una ley general es en que hay normas vigentes que no se cumplen y que el Estado, en todos sus poderes y niveles jurisdiccionales, no actúa.

La movida de los ruralistas de este jueves, que ya estaba programada, se tornó sin embargo abstracta ante el nuevo congelamiento en el Congreso. Ahora, el argumento es el pedido de intervención en el debate por parte de gobernadores. Algunos de ellos –los de Salta, Jujuy y Catamarca– resaltaron este martes el potencial del litio en el cambio de la matriz energética mundial desde Estados Unidos, donde realizan con otros mandatarios del Norte Grande una gira en busca de inversiones. Los acompaña nada menos que el ministro del Interior, Eduardo Wado de Pedro. Y desde Washington, dejaron en claro que defenderán esa “oportunidad de negocios” mediante una participación por videoconferencia en el ciclo “Democracia y Desarrollo”, que organizó el grupo Clarín en el porteño Malba.

 

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