La reforma laboral que propone el gobierno nacional es el proyecto de las grandes empresas y para las grandes empresas.
Para los trabajadores, las microempresas y pymes es todo pérdida de derechos y de ingresos, y también sometimiento al abuso de poder dominante de aquellas.
Sus 145 artículos demuestran el nuevo engaño previo a la elección del 22 de octubre, cuando desde la Casa Rosada se afirmaba que no habría reforma laboral por ley sino por acuerdos sectoriales consensuados; el proyecto ya lo tenían redactado.
Suprime derechos de los trabajadores e incrementa el poder patronal, aunque se ejerza de manera arbitraria o ilegal.
Habilita –legalizándolo- que el trabajador renuncie a sus mejores derechos (salario y condiciones de trabajo) cuando es extorsionado con la amenaza del despido; suprime el instrumento de defensa del trabajador para impedir las modificaciones ilegales y perjudiciales en su contrato de trabajo; reduce la indemnización por despido (facilitando los despidos arbitrarios) y permite que se reemplace la obligación patronal de pagar indemnización por despido por un aporte mensual a un Fondo de Cese Laboral (al que aportarán también los empleadores que no despidan, a quienes les incrementa sus “costos” para financiar a los que sí despiden) que pagará en cuotas al trabajador; deroga la obligación de pagar las horas extra trabajadas, y reduce a un año el plazo que tiene el trabajador para reclamar sus créditos (lo cual es peor que la última dictadura cívico–militar).
En lugar de fomentar el blanqueo de las relaciones laborales, promueve el negreo y el fraude laboral, ya que suprime sanciones a las empresas que no registren correctamente a sus dependientes, deroga la reparación a los trabajadores víctimas de trabajo en negro, habilita a usar fraudulentamente el sistema de pasantías privando de derechos laborales a los trabajadores contratados ilegalmente bajo tal modalidad, y considera que no son trabajadores –es decir, no tienen derechos– quienes no tengan mas de un 80 por ciento de sus ingresos anuales provenientes del mismo empleador.
Así, libera de responsabilidad solidaria a las grandes empresas que tercericen parte de su actividad; en carambola a tres bandas, perjudica al trabajador que no podrá reclamar de la empresa principal, somete al contratista –en general pymes– al abuso de posición dominante de la gran empresa, y convalida el actuar abusivo de éstas hacia sus contratistas y los trabajadores.
En cuanto a los “costos” –que no son otra cosa que las contribuciones patronales– los reduce para las grandes empresas, pero los eleva para las micro, pequeñas y medianas que pagarán más cargas patronales que las que pagan en la actualidad.
Los principios de Progresividad e Irregresividad –que están garantizados por nuestra Constitución Nacional y los Tratados Internacionales de Derechos Humanos– prohíben y fulminan de nulidad los retrocesos en los derechos de los trabajadores.
De esta apretada síntesis emerge que la reforma es claramente inconstitucional, pero además, y fundamentalmente, es injusta e inequitativa, porque degradará las condiciones de vida de nuestro pueblo.
(*) Presidente del bloque de diputados nacionales FPV-PJ y abogado laboralista
