Economía

Opinión

Espiral inflacionaria, plan de estabilización ortodoxo y contrato electoral en el tintero

Con la inflación de julio en 7,4%, el plan de estabilización de Sergio Massa busca desacelerar los precios y fortalecer las reservas del BCRA. Los anuncios para atemperar las subas y detener el drenaje de la moneda extranjera no compensan la caída del poder adquisitivo


Patricio de Mayo / Especial para El Ciudadano

El ingreso de Sergio Massa a un Ministerio de Economía con incumbencias en comercio interior y exterior, agricultura, pesca y desarrollo productivo no ha modificado sustancialmente las premisas que ordenaban la política económica de Martín Guzman, reafirmada por su sucesora Silvina Batakis, de su fugaz paso por el Palacio de Hacienda. Orden fiscal del déficit primario, fortalecimiento de reservas del BCRA, políticas de austeridad en sectores estratégicos del consumo popular y renegociación de la deuda en pesos para descomprimir la emisión en moneda local.

Sin embargo, la coyuntura está a la zaga del escenario que tuvo que administrar el discípulo de Joseph Stiglitz, al menos en lo relativo al poder de fuego del Gobierno. La inflación de julio escaló a 7,4% acumulando un incremento del 71% anual y las reservas netas del BCRA se ubican por debajo de los dos mil millones de dólares, reduciendo su capacidad de intervención para el control del tipo de cambio.

El analista financiero y columnista de Ámbito Christian Buteler utilizó una figura que grafica el escenario actual: “Esto es como una matrioshka, restricciones tras restricciones que se fueron apilando”. Es que, con la cifra de julio, Argentina consolidó un sendero de inflación cuya repercusión se expresa en el acortamiento de los plazos de referencia para las negociaciones y el diseño del plan económico. Por ejemplo, la actividad diaria del Central en la plaza cambiaria y el registro de las cotizaciones paralelas concita la atención por los efectos corrosivos que tiene para la economía. Asimismo, la rápida desvalorización del dinero hace que muchas transacciones se indexen automáticamente o deban renegociarse con una frecuencia mayor (créditos UVA, jubilaciones, alquileres).

Esta situación se replica en las discusiones salariales cuyos plazos de negociación se acortan porque la paritaria queda rápidamente atrasada respecto al incremento de precios. La política se va definiendo semanalmente conforme a la respuesta de los actores. Pero no todos recibirán la misma atención y celeridad en sus reclamos.

A dos semanas del cambio ministerial, es una discusión remanida que la orientación actual responde a las presiones del poder económico. El Gobierno asume que sólo puede reponer la gobernabilidad a través de concesiones a sectores privilegiados de la estructura productiva y financiera y para ello desliza el Frente Renovador al centro del tablero institucional. A cambio de fortalecer reservas, se ofrecen mejoras cambiarias para el agro, bonos dolarizados en la renegociación de la deuda pública y una reducción del déficit a través de un nuevo esquema tarifario en el consumo de energía.

La posición de Massa no es fácil con vistas a su futuro. La encrucijada que enfrenta puede maximizar sus posibilidades electorales o dinamitar completamente el capital acumulado. La suerte de su figura no está necesariamente alineada con los destinos del ingreso popular, aunque en el clima de zozobra y apatía, detener el drenaje de reservas y amortiguar el impacto inflacionario podría granjearle las simpatías de algunos sectores.

El pronóstico sobre el escenario presidencial de 2023 resulta aventurado, incluso pierde sentido en la medida en que el cuadro social se agrava.

Un plan para los formadores de precios

La cifra de inflación del 7,4% se convirtió en el registro más alto de los últimos 20 años del país. Para encontrar una marca similar hay que remontarse al 10,4% de abril de 2002, cuando el entonces ministro Jorge Remes Lenicov manejaba la cartera con los ahorros confiscados por el corralito y el default declarado oficialmente. En cuanto a la tasa anual, que con esta cifra llega a 71%, tiene su antecedente histórico en 1992, cuando el indicador se ubicaba en el 76%.

Para comprender la dinámica inflacionaria de julio vale la pena reconstruir su proceso. A partir del clima de inestabilidad política generada por la salida de Guzmán y los cambios que se implementaron para atemperar los conflictos en el FdT, se produjo una disparada en los dólares bursátiles (contado con liqui y MEP) y la cotización paralela. El incremento de las cotizaciones no generó una devaluación del tipo de cambio, pero sí implicó remarcaciones y retención de productos por la incertidumbre en torno a los precios.

Esta actitud se repitió al inicio de la semana anterior. Luego del anuncio sobre la concreción de un acuerdo de precios y salarios que hiciera el presidente Alberto Fernández en Lomas de Zamora, y que finalmente Massa descartó, se registraron nuevas listas de precios en supermercados consignando aumentos preventivos ante un posible congelamiento.

Este comportamiento también se observa si analizamos el incremento de los precios en la lista elaborada por el Indec. Entre los más destacados por su incremento, están el aceite de girasol (16,4%), la harina de trigo común 000 (12,4%), los fideos secos (14,3%), el pan (5%) y las galletitas de agua (13%).

El incremento en algunos de estos alimentos es llamativo. En mayo, la Secretaría de Comercio Interior dirigida entonces por Roberto Feletti había diseñado un fideicomiso para subsidiar el valor de compra del trigo a los molinos, fijando un precio de referencia de venta para que la harina llegue a las panaderías y a la industria alimenticia a los valores previos al conflicto bélico entre Rusia y Ucrania.

La suba internacional del trigo se desaceleró, pero algunas empresas productoras de alimentos, aun disponiendo del subsidio, incrementaron su rentabilidad a través de una suba muy por encima de la referencia fijada en el acuerdo.

El Centro de Investigación y Formación de la CTA (CIFRA), y el área de Economía y Tecnología de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (Flacso), elaboró un documento denominado “La distribución del ingreso en su etapa actual”. Las cifras de la investigación confirman la actitud empresarial en la crisis en curso.

En el trabajo se detalla que el declive de los salarios asume características particulares durante la gestión actual. La productividad empresarial crece superando niveles previos, y entre 2018-2021 los salarios en la industria caen estrepitosamente. Por ejemplo, en 2021, la economía se expandió al 10,4%. A la industria le correspondió un crecimiento del 15,8%, pero el proceso inflacionario se comió el 6,5% de los salarios reales.

En lo que al comercio mayorista y minorista respecta, la curva se atenúa, pero la tendencia no es muy diferente. La productividad se incrementa 5,9% en los dos últimos años, y en paralelo los salarios caen un 35,8% (2017-2021).

Algunos analistas del documento sugieren que la transferencia de recursos del trabajo al capital es cercana a 4,1 billones de pesos. La recuperación de los márgenes patronales de ganancia en la industria y el comercio rondan el 15,5% y 8,2% respectivamente. Los precios industriales subieron 46% y los del comercio, 35,4%.

Para los investigadores, la base de la aceleración inflacionaria descansa en la alta rentabilidad de las empresas industriales y comerciales, que durante los últimos cuatro años han incrementado su participación en el ingreso en detrimento del protagonismo de los trabajadores. En el traslado de los costos hacia los precios se desenvuelve la puja distributiva donde se consuma la transferencia de recursos del trabajo al capital.

Ante la tremenda estampida de remarcaciones, el Gobierno lanza un “Plan de estabilización”. En rigor, lo que se intenta implementar es un programa antiinflacionario que en la práctica posterga cualquier otra prioridad en función de ganar una calma en el mercado. Sus principales destinatarios son los grupos empresariales formadores de precios.

La idea de estabilización es indisociable del ajuste, ya que suscribe a la interpretación convencional de que el síntoma de la crisis se vincula al gasto público y al consumo popular. Para remendarlo, cree imperioso intervenir en aquellos sectores de la órbita estatal donde pueda modificarse el esquema presupuestario.

El costo de calmar al empresariado es un incremento de la desigualdad social. Aun cuando el plan de Massa resulte exitoso con su iniciativa de certidumbre y previsibilidad para el mercado, la restauración del orden se consumará sobre la base del empobrecimiento de un vasto sector de la población cuyo poder adquisitivo terminará por desplomarse.

La cuestión sobre el o los orígenes de la inflación es un debate bizantino de largo alcance que no está cerrado. Incluso de su interpretación se desprenden las distintas variantes políticas del escenario electoral. No obstante, la frase sobre la inflación como generadora de pobreza está en boca de casi todos los dirigentes. Distinto es el diagnóstico sobre sus orígenes y, todavía más, la forma de contrarrestarla.

La coalición gobernante asumió con la promesa de recomposición salarial y moderación de los precios al consumidor bajo el precepto de estimular la actividad del mercado interno. Contrariamente, el diseño de políticas distributivas no prosperó durante la gestión de Martín Guzman, cuyas recetas macroeconómicas tampoco pudieron detener el proceso inflacionario. Con Massa, se afianza la idea de un plan de estabilización destinado a enfriar la actividad y desacelerar la economía para reducir los precios.

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