El problema de la seguridad está que arde en Rosario. Cinco muertes violentas en 24 horas, un fuerte dispositivo policial en la puerta del Carrefour de Córdoba y Pueyrredón ante el reclamo de comida de un centenar de personas, una comerciente encadenada en la puerta de la sede local de Gobernación en protesta porque no puede trabajar al ser víctima de extorsión: un combo complejo que adorna la investigación contra Marcelo Sain y parte de su equipo en el Ministerio de Seguridad por espionaje ilegal. Una causa que, si bien no hay demasiado detalle, el fiscal general Jorge Baclini salió a respaldar el lunes.
En ese marco, y a través de un decreto, el gobernador Omar Perotti pidió al fiscal de Estado, Rubén Weder, que inicie de manera inmediata los procedimientos administrativos necesarios en la cartera de Seguridad de la provincia, a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios, en el marco de la investigación por presunto espionaje que involucra al ex ministro Sain, entre otros funcionarios, y que en principio no llega a su sucesor, Jorge Lagna.
Todo mientras el propio Sain presentó un habeas corpus y, entre una serie de medidas, el apartamiento de los fiscales santafesinos y el pase de la causa a la Justicia federal, en la misma jornada en la que Perotti se reúne en Buenos Aires con el ministro de Seguridad nacional Aníbal Fernández y, luego, con el presidente Alberto Fernández. Y en la víspera de su encuentro con los intendentes de Rosario y Santa Fe y jefes de bloques de Diputados, entre otros funcionarios y legisladores.
El fiscal de Estado, Rubén Weder, fue instruido para investigar si existieron maniobras de recolección de datos de personas sin orden judicial durante la gestión de Sain, destituido por la Legislatura semanas atrás de su puesto al frente del Organismo de Investigaciones (policía judicial) y ex ministro del área.
Perotti firmó el decreto número 2651, fechado este lunes, en referencia a “hechos de dominio público ocurridos en las diligencias judiciales practicadas en dependencias del Ministerio de Seguridad de la Provincia”, realizados el viernes pasado por orden de los fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Mariela Jiménez y Ezequiel Hernández.
Ambos funcionarios ordenaron los procedimientos en el marco de dos causas: la primera investiga el proceso de compra a través de una licitación de armamento para la Policía, y la restante por la presunta acumulación de información por “fuera de las previsiones legales”, según indicó el fiscal Hernández.
Para Perotti, “es deber” del Poder Ejecutivo que encabeza “instruir de manera inmediata la iniciación de los procedimientos administrativos necesarios a los efectos de determinar si, en el ámbito de esa jurisdicción, se han realizado conductas reñidas con el ordenamiento jurídico que rige su funcionamiento”.
El decreto añade que la orden al fiscal de Estado es “a los efectos de dilucidar si se han infringido normas que regulan el funcionamiento del Ministerio de Seguridad y, en su caso, determinar, si existieran, las responsabilidades administrativas que correspondieren”. Las investigaciones que Perotti le encomendó a Weder deberán llevarse a cabo a través de la Dirección de Auditoría y Sumarios.
La situación de Sain
A su vez, el abogado de Marcelo Sain, Hernán Martínez, presentó este lunes un habeas corpus para saber si hay orden de detención en su contra. La Fiscalía contestó que no había ninguna orden, pero no remitieron antecedentes de los allanamientos realizados en la sede de Rosario y Santa Fe, para mantener reserva hasta la audiencia imputativa, describió el letrado en diálogo con LT8.
El abogado sostuvo que el caso debe pasar a la Justicia federal e informó que ya hizo presentación en ese sentido. Además denunció supuestas irregularidades en el operativo del viernes, ya que no hubo orden judicial, y recusó al Ministerio Público de la Acusación de la ciudad de Santa Fe por enemistad manifiesta del fiscal regional Carlos Arietti con Sain.
Asimismo, Martínez pidió participar en actos irreproducibles, es decir participar en los peritajes de los teléfonos y computadoras para que no se manipule la información. Además dio cuenta de una supuesta violación de la cadena de custodia, y resumió lo que a su entender es la motivación de estos procedimientos: “Causa Oldani, causa Casco, causa Peiti”. Según sus dichos, todas investigaciones que inició Sain desde 2018, en su puesto al frente del OI, y que molestaron a círculos de poder.
Luego de los operativos llevados adelante el último viernes en las sedes Rosario y Santa Fe del Ministerio, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron un nuevo operativo este lunes en una de las oficinas de la cartera, en la capital provincial. Se trata de la oficina que hasta el viernes se encontraba a cargo de Maximiliano Novas, uno de los funcionarios a quien se le secuestró el teléfono celular y que se encuentra en la lista de quienes presentaron renuncias.
Estos procedimientos se dan en el marco de una causa en la que se investiga si el ex ministro Marcelo Sain y sus principales colaboradores formaron una estructura dedicada al espionaje ilegal sobre dirigentes políticos, empresarios, gremialistas, funcionarios judiciales y periodistas. Hasta el momento poco trascendió de esa causa judicial, pero circulan listas de nombres de personas a quienes les habrían armado carpetas.
Este lunes, el fiscal general de la provincia, Jorge Baclini, sostuvo: “Tenemos una investigación en curso, con una evolución bastante consolidada, que llevó a realizar los procedimientos”. Y añadió: “Los fiscales fueron informados de que se estaba destruyendo información y documentación. Naturalmente que eso amerita la presencia inmediata. Se obtuvo mucha información y se obtuvo documentación que estaba siendo destruida”.
Añadió el jefe de los fiscales que recibieron la información sobre la destrucción de documentos y se constituyeron en el Ministerio de Seguridad a los fines de cautelar la evidencia que podría ser importante para las investigaciones. “Nuestra idea es que no existan privilegios, que cualquier tipo de investigación maneje nuestro aval y los fiscales cumplieron con lo que la ley y la Constitución establece. En eso nosotros le damos todo nuestro respaldo”, subrayó.
Los operativos realizados el viernes fueron posteriores a que todo el equipo que había acompañado a Marcelo Sain en su gestión, quienes se quedaron en sus puestos cuando Lagna lo reemplazó, anunciara su alejamiento. Y durante esos procedimientos trascendió que había material destruido utilizando la tradicional máquina que tritura papeles y que, incluso, alguna documentación fue quemada. De todos modos, aseguran, encontraron material de utilidad para la causa. También se llevaron teléfonos de los funcionarios.
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