El affaire del «espía de Economía» ya generó importantes cambios en otros organismos del gobierno que pretenden evitar otro caso como el de Roberto Larosa, descubierto en el despacho del subsecretario de Presupuesto y sospechado de vender información a consultoras privadas. En la Afip, las decisiones fueron tomadas al día siguiente de conocerse el caso. El titular del organismo, Ricardo Echegaray, ordenó limitar la información a la que acceden todos los empleados en comisión que se desempeñen en ese organismo, a los que a esta altura del caso se considera «potenciales topos». Sólo en el ente recaudador hay 80 personas en esta condición, y la mayoría tiene contactos cercanos con miembros de la oposición.
Echegaray en persona fue el encargado de bajar la directiva. A partir de la semana pasada los empleados en comisión que se desempeñan en todas las oficinas que dependen de la Afip a lo largo del país debieron devolver las tarjetas de acceso. También se les quitaron las claves que solían usar para acceder a todo el sistema informático en materia tributaria y además no pueden ingresar a oficinas de funcionarios que no sean sus jefes directos.
La Afip cuenta con 80 personas que hasta que se tomó esta medida circulaban por dependencias y podían revisar las bases de datos, algunas de alta confidencialidad, como el resto de los empleados. Miembros de organismos vinculados con el campo -enfrentados con el gobierno y con el propio Echegaray por temas vinculados con retenciones y permisos de exportación- o asesores de diputados y senadores que se oponen a leyes relacionadas con cambios impositivos son algunos de ellos. Por ejemplo, comentan desde la oficina de la Afip en Mendoza, el principal asesor económico de Julio Cobos, Raúl Baglini, es empleado en comisión de esa dependencia.
El acceso de esas personas a la base de datos de los contribuyentes es, ahora, considerado riesgoso. A través de un número de Cuil pueden conocerse las propiedades que tiene una persona, las cuentas bancarias, autos, ingresos por inversiones y toda una serie de información sensible. La trampa aquí, según reconoce el propio Echegaray, es que en este sistema se realiza una auditoría constante. Queda asentado quién ingresó al perfil de cada persona, y si ese acceso no fuera parte de una directiva del organismo, el empleado que lo hizo puede ser sancionado.
De hecho, en la Afip hay una larga lista de empleados que revisaron datos -de contribuyentes, pero también sobre la situación fiscal nacional- que no se encuadraban en investigaciones para las que habían sido designados.
Comentarios