La reforma tributaria –por la cual se aumentan el avalúo fiscal rural y los impuestos Inmobiliario Rural y Urbano y, además, se grava con Ingresos Brutos a la industria y a la construcción– comenzará a regir el 1º de octubre. Y significará, para las arcas públicas, unos 200 millones de pesos extra en lo que resta del año: 150 millones para la provincia y 50 millones para municipios y comunas.
Los datos los brindó ayer el ministro de Economía Ángel Sciara, quien estimó que el “mayor impacto” del aumento impositivo, sancionado el último jueves por la Legislatura, se verificará a partir de 2013: unos 1.000 millones de pesos extra, 700 millones para la provincia y otros 300 millones para las localidades.
Según el funcionario, la norma votada la semana pasada “termina resultando una reforma no en el sentido estricto, ya que es una readecuación de los tributos que tenemos, porque una reforma sería una transformación completa de los tributos”. Sobre los plazos, agregó: “Pensamos hacerla operativa a partir del 1º de octubre en Ingresos Brutos y en (el impuesto) Inmobiliario”.
“Si esto es así, en el año 2012 podríamos tener una recaudación de 150 millones para la provincia y 50 millones para los municipios y comunas en términos globales”, añadió Sciara.
“El impacto total ocurrirá en el 2013, donde estaríamos en 700 millones para la provincia y 300 millones para municipios y comunas en términos generales”.
Con la sanción del aumento de impuestos, el año que viene la provincia estará en condiciones de retomar las obras públicas demoradas. “Se puede avanzar y eso se hará con los recursos que estamos planteando recibir en el 2013”, continuó el ministro de Economía.
“Lo que estamos alentando el próximo presupuesto, que va a ser genuino, es ejecutar lo más que podamos de obra pública”.
“Nosotros buscamos ir aumentando la participación de los impuestos patrimoniales”, explicó Sciara refiriéndose al proyecto original remitido por el Ejecutivo, que contemplaba avalúos –en materia de Inmobiliario Rural– de hasta el 400 por ciento, contra el 120 por ciento que fijó la Legislatura.
“Nuestro proyecto tenía un eje en esa condición que requiere un régimen tributario menos procíclico”.
“Hoy –diferenció el funcionario– el régimen tributario va al vaivén de la actividad económica y de la tasa de inflación, porque el 70 por ciento de los recursos propios proviene de Ingresos Brutos, que es un impuesto declarativo sobre las empresas, mientras que los impuestos patrimoniales son más estables”.
“La única manera de compensar tibiamente los impactos recaudatorios que tiene una caída del nivel de actividad económica es tratar de mejorar la eficiencia en la recaudación y eso requiere una enorme capacidad técnica y profesional, en la API, para evitar la evasión de los tributos”, finalizó el funcionario.
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