La violencia de género se agudizó en lo que va del año en Jujuy, en particular en su expresión más extrema con cuatro femicidios en menos de un mes, generando marchas sin precedentes que las organizaciones de mujeres esperan sean una bisagra para la mejora del accionar estatal en el abordaje de la problemática.
Si bien el gobierno de Gerardo Morales ejecuta diversas estrategias y avanzó en los últimos días en nuevas medidas como la creación de un comité de actuación ante la desaparición de mujeres, las organizaciones que trabajan contra la violencia de género aseguraron que hay “múltiples fallas” y reclamaron políticas públicas serias y de emergencia integrando sus aportes.
A la par de los femicidios, que ubicaron nuevamente a Jujuy como la provincia con una de las tasas más alta de asesinatos de mujeres por cantidad de habitantes, según un informe de la organización Mumalá, el agravamiento de la problemática se ve reflejado en un aumento de las denuncias por violencia de género que hasta agosto casi superaban el total de 2019.
En los primeros ochos meses de este año se registraron 2.195 denuncias por violencia de género en la provincia, mientras que en 2019 hubo 2.311, según cifras que había revelado por el Ministerio de Seguridad jujeño.
En tanto, el Consejo Provincial de la Mujer, creado en diciembre pasado, informó que desde el inicio la pandemia se sumaron más de 6.600 atenciones a mujeres en situación de violencia y 927 nuevas víctimas, en medio de la apertura de 18 líneas telefónicas de contacto.
La titular del Consejo, Alejandra Martínez, sostuvo en dialogo con Télam que se vive una “situación particular muy seria” con índices que responden a una “violencia hacia las mujeres estructuralmente muy grave” en la provincia y “agravada por el aislamiento social, tal como habían referido organismos nacionales e internacionales que podía ocurrir”.
De todas maneras, apuntó que “siempre hay medidas para seguir tomando” y que una de ellas será “intensificar las campañas de prevención”, además de “crear más centros de atención integral” y “sumar más profesionales” entre 40 de diferentes disciplinas que están hoy en territorio.
Entre otras acciones, mencionó que arrancó este sábado un diplomado respecto a la ley Micaela, a través de la Iniciativa Spotlight, y dijo que cumpliendo con la normativa se capacitó a unas “cuatro mil personas” desde marzo pese a la cuarentena.
Un Estado con respuestas tardías
Sin embargo, Mariana Vargas, referente de la Multisectorial de Mujeres de Jujuy, aseguró a Télam que “el Estado no sólo está llegando tarde” para atender la problemática de la violencia de género con “respuestas tardías a pedidos de asistencia”, sino que “a veces ni siquiera llega”, como freno a los femicidios registrados en los últimos días en medio de denuncias de desaparición de tres mujeres, a quienes sus familiares tuvieron que salir a buscarlas por inacción del estado provincial.
Datos del Consejo de la Mujer de Jujuy señalaron que en lo que va de 2020 hubo 8 femicidios, cuatro de ellos registrados entre el 8 de septiembre y el 1º de octubre, la mayoría en medio de denuncias por desaparición.
Las víctimas fueron Cesia Nicole Reinaga, de 20 años, de la localidad de Abra Pampa; Iara Sabrina Rueda, de 16 años, de Palpalá; Roxana Mazala, de 31 años, de Perico; y Gabriela Abigail Cruz, de 24 años, también de Palpalá. Todas estas localidades están distantes entre 20 y 35 kilómetros de cada una.
“Por lo menos con dos pibas estamos seguras que estarían vivas si la Policía las hubiese buscado como debería y la Fiscalía hubiera ordenado las medidas correspondientes”, denunció Vargas.
La activista señaló además que las iniciativas que ahora plantea el Gobierno “son absurdas”, entre ellas un decreto para no indultar a femicidas, “como si se conociera un caso tal y cuando el tema es ver cómo hacer para que no maten a más mujeres”.
Respecto al Comité de actuación creado para atender la desaparición de mujeres, cuestionó que “va estar integrado por los mismos funcionarios que incumplieron en sus deberes” y respecto a los últimos femicidios y dijo que “incluso la iniciativa invisibiliza el tema de la violencia machista hacia los niños varones, que también son víctimas”.
Por otro lado, aseguró que si bien se habla de avanzar en una ley de emergencia de género, es algo que las organizaciones plantean desde 2007 y esperan que se incluyan determinadas medidas y presupuesto que detallaron en un documento a presentar, que entienden frenarían los femicidios.
Finalmente, Vargas sostuvo que otro “problema muy grave se da en los Juzgados, donde no se recibe en forma directa la denuncia de la mujer y la obligan a ir a un lugar de atención para que vuelva con el patrocinio de un letrado, que no es obligatorio según la ley”.
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Giovanna Martínez, referente de la organización Mumalá en Jujuy, sostuvo sobre el accionar del Estado jujeño que las leyes vigentes “no se están aplicando”, en particular en la respuesta desde las comisarias, lo que provoca, a su vez, que las mujeres estén dejando de denunciar.
“Las políticas de prevención no están teniendo fruto”, dijo Martínez en diálogo con Télam y puso de ejemplo que “la mayoría de las consultas que les llegan son para saber a dónde pueden dirigirse por asistencia”.
Por otro lado, criticó que desde el Estado jujeño si bien se “muestran abiertos a dialogar para mejorar las políticas que se aplican, en lo real no es así” y hasta se dan casos, como en uno de los femicidios de los últimos días, en que se llegan a “delegar sobre las mujeres la responsabilidad de lo que les ocurre”.
Finalmente ponderó las multitudinarias marchas de protesta de los últimos días, que en varios casos implicaron registros sin precedentes en distintos puntos de la provincia.
“La sociedad entendió el grito de Ni Una Menos y que el salir a las calles es la única solución que nos dejan para escucharnos. Esperamos que este sea un momento bisagra para transformar la realidad y el abordaje de la violencia de género”, concluyó.
Con más de un centenar de firmas, organizaciones de mujeres, sociales y políticas emitieron en las últimas horas un comunicado exigiendo la participación de las organizaciones feministas y del movimiento de mujeres en el diseño de las políticas públicas y medidas de emergencia que tome el gobierno.
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