Cuando una parte de los militares se sublevó en contra del gobierno de la República española, el 18 de julio de 1936 en oposición a las políticas sociales que implementaba ese gobierno, nadie se imaginó la estela de muerte que ese hecho desencadenaría.
Cuando ya la larga dictadura del general Francisco Franco terminó más de 30 años después de la guerra, la estimación era de cientos de miles. Se calcula que durante el conflicto armado hubo unas 50 mil víctimas asesinadas en la retaguardia republicana. De eso dan cuenta las fosas comunes al lado de los caminos que recién hoy comienzan a aparecer.
El régimen dictatorial que le siguió no fue menos cruel. Sumado a la diáspora de españoles están los que fueron fusilados, encarcelados, torturados, llevados a trabajo forzoso y esclavo, entregados al régimen nazi de Alemania, y la lista sigue.
España decidió hacer un pacto para volver a la democracia pero eso ocultaba muy mal demasiada sangre derramada. Llama la atención que hoy la Argentina sirva de escenario en el cual muchos de esos crímenes de lesa humanidad puedan ser juzgados.
Invitada por el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la provincia de Santa Fe, la abogada y especialista en filosofía del derecho penal Ana Messuti ofreció el viernes pasado la conferencia “Ejercicio de la jurisdicción universal en la Argentina: La querella por los crímenes del franquismo”, en la sede académica de la Universidad del Centro Educativo Latinoamericano (Ucel) de Rosario. Allí, expuso los pormenores del enjuiciamiento de crímenes del franquismo. En una entrevista con El Ciudadano, Messuti abordó el tema.
—¿Qué posibilidades tienen las querellas de crímenes del franquismo de obtener justicia en la Argentina?
—En primer lugar es importante que se difundan estas noticias. Este tema puede generar alguna confusión porque se piensa al revés. En este caso, se trata de querellas de víctimas del régimen de Francisco Franco en España, en donde la Argentina aparece ejerciendo jurisdicción universal. Esta es una causa abierta hace tres años, el 14 de abril de 2010, que presentaron víctimas del franquismo cuando se cerró la posibilidad en España porque, prácticamente, lo obligaron a inhibirse al juez Baltasar Garzón. Se cerraron las puertas de la Justicia española, y estas personas vienen a golpear las puertas de la Justicia argentina. De esta manera, las víctimas del franquismo encuentran una posibilidad de enjuiciar a los responsables de crímenes.
—¿Quiénes llevan adelante las querellas?
—Están los de la primera época durante la Guerra Civil española y el período inmediatamente posterior. La querella abarca desde 1936 hasta el 15 de junio de 1977, dos años después de la muerte de Franco. Esto es muy interesante porque reúne a las víctimas de la Guerra Civil, de la primera época de la dictadura con sus fusilados, los familiares de éstas personas que fueron asesinadas de este modo; los condenados a trabajo esclavo, familias enteras que fueron desgarradas y diezmadas por diversas formas de represión. También están todas las cajas que contienen documentos y casos sobre los presos políticos que poblaron las cárceles. Éstos fueron torturados y mantenidos en prisión, siendo el período más marcado el de la última época del régimen. Estas personas pudieron salir con la ley de amnistía de 1977, mientras que algunos habían logrado salir antes. Esa franja de víctimas se presenta directamente. Ya no son los familiares que los representan, sino que ellos mismos van a la Justicia.
—¿En qué instancia se encuentra la causa?
—Nosotros estamos bastante avanzados en la causa. En estos momentos estamos tomando testimonios a partir de videoconferencias. La jueza no puede viajar y los trámites se van resolviendo de este modo. En ese sentido, presentamos un escrito con nueve imputados. Estos son antiguos guardias civiles que estuvieron en esa época, torturadores, o bien ex ministros y otros funcionarios que tuvieron responsabilidad en condenas a muerte. Un ejemplo es el caso del poeta Salvador Puig Antich, un anarquista que militó durante la década de 1960 y fue condenado a muerte en 1974 con el “garrote vil”.
—¿Por qué se eligió a la Argentina como sede de los juicios?
—Podría ser cualquier país del mundo. No sólo que podría, sino que debería ser cualquier país del mundo. Porque es jurisdicción universal y porque, incluso, hay concurrencia de jurisdicciones. Es decir que varios países pueden juzgar al mismo tiempo cuando se trata de crímenes de lesa humanidad a nivel internacional. Ahora bien, la Argentina está juzgando desde hace muchos años a los represores del último régimen de la dictadura militar. Eso tiene una importancia fundamental porque, nuestro país, tiene la estructura, el marco jurídico y la interpretación del mismo. Eso está armado de tal manera que permite que la Justicia se ocupe de esos determinados crímenes.
—¿La Argentina se presenta como un modelo jurídico?
—Se está configurando un modelo jurídico porque hay mucha resistencia en la doctrina. Con el tema de las garantías penales, por ejemplo, porque la prescripción es una garantía y estos crímenes son imprescriptibles. Hay una evolución del derecho penal que va atrayendo al derecho penal internacional y se puede decir que se está configurando de modo sui generis.
—¿En España, la sociedad está poniendo trabas a estos juicios?
—La sociedad no, todo lo contrario. Hay un fortísimo movimiento social de que esto se lleve adelante. Hay 62 organizaciones sociales abocadas a este objetivo que hicieron una red. Ya son 150 los querellantes y van aumentando, así como las asociaciones que se van uniendo. Es impresionante y es una lástima que acá no se sepa todo lo que se está haciendo en España y lo agradecida que está la sociedad española. Por supuesto, el gobierno y la Justicia española son otra cosa y van a contrapelo de esto.
Perfil académico de una mujer comprometida
Ana Messuti es abogada por la Universidad de Buenos Aires, donde inició la carrera docente en filosofía del derecho. Obtuvo el título de Doctora en Derecho por la Universidad de Salamanca, España (premio extraordinario de doctorado). Fue funcionaria de las Naciones Unidas en Viena y Ginebra. Se especializó en filosofía del derecho penal (en la Universidad La Sapienza de Roma, Italia), abordando principalmente los temas relacionados con el tiempo y la pena, desde la perspectiva de la hermenéutica filosófica. Continuó su actividad académica en el Instituto Vasco de Criminología de San Sebastián, en la Escuela de la Magistratura de la Ciudad de San Pablo, Brasil, en la Universidad de Ginebra, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Rosario. Desde hace tiempo, Messuti trabaja junto a los querellantes tanto en territorio español como en el argentino. Dar a conocer esta lucha por la justicia, es uno de sus principales objetivos.
Avances de DDHH en Santa Fe
“Esta conferencia se enmarca en la decisión del gobierno de Santa Fe de profundizar las tareas tendientes a la construcción colectiva de la Memoria, la Verdad y la Justicia y el quiebre definitivo de la impunidad. En este sentido, el Estado provincial asumió la responsabilidad indelegable en la reconstrucción histórica, la búsqueda de Justicia y la elaboración de propuestas participativas en torno a la reflexión sobre nuestro pasado, nuestro presente y sobre el futuro, incentivando activamente la participación de la sociedad civil”, señalaron desde el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.
“La Argentina, sin dudas es un ejemplo en el avance sobre derechos humanos”, sostuvo por su parte la subsecretaria de Derechos Humanos de la provincia, Nadia Schujman, quien subrayó “la importancia” de que el país “haya podido encarcelar a sus verdugos”. Además, destacó la labor que se realiza en Santa Fe. En cuanto a la causa por crímenes de la dictadura en San Lorenzo, dijo que comparten los reclamos de los familiares de las víctimas de que “las causas deben ser unificadas” y argumentó que esto debería ser así porque hay personas que son juzgadas en distintos procesos, que los testigos no deberían atravesar situaciones penosas varias veces y que el tiempo limita la capacidad de juzgar a imputados que envejecen.
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