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España: sin papeles, sin salud

Los inmigrantes sin la ciudadanía española se quedaron desde ayer sin asistencia médica. Hubo protestas en Madrid.


Organizaciones y colectivos de la sociedad civil, asociaciones de inmigrantes y refugiados se manifestaron ayer frente a uno de los mayores hospitales de Madrid para exigirle al gobierno conservador de Mariano Rajoy que dé marcha atrás en su iniciativa que, a partir de ayer, restringió la atención en los centros sanitarios estatales a los “sin papeles”. Casi 2 mil médicos se declararon contrarios a esta medida, así como también siete de los 17 gobiernos regionales del país.

“No son recortes, es xenofobia”, “ningún ser humano es ilegal”, fueron algunas de las consignas de la protesta se realizó frente al complejo del Hospital Gregorio Marañón, de la capital española, donde hasta ayer los inmigrantes podían obtener la tarjeta que permite utilizar los servicios médicos públicos con un simple empadronamiento.

A partir de ahora, en el marco de sus políticas de mayor rigor, el gobierno de Rajoy decidió que sólo serán atendidos los inmigrantes irregulares –muchos latinoamericanos y africanos– en los servicios de pediatría, asistencia al embarazo y urgencias.

Según el diario madrileño El País, más de 150 mil personas quedarán sin cobertura de salud.

De las 17 regiones, siete anunciaron que no acatarán la medida y atenderán a los inmigrantes, entre ellas Cataluña, País Vasco, Asturias y Andalucía, e incluso Galicia, gobernada por el Partido Popular (PP) de Rajoy.

A las protestas de los inmigrantes “sin papeles” en Madrid, se sumaron enfermeras y otro personal sanitario, movilizados por ONG como Médicos del Mundo que lanzó una campaña, bautizada “Derecho a curar”, en la que llamó a los profesionales del sector a la objeción de conciencia.

Por su parte, el gobierno afirmó que los indocumentados seguirán siendo atendidos aunque deberá pagar por el servicio y propuso que éste sea facturado a sus países de origen cuando exista un convenio bilateral que lo permita.

Siete de los 17 gobiernos regionales del país, competentes en materia de sanidad, afirmaron que desacatarán la ley y mantendrán el acceso a la salud pública para inmigrantes irregulares.

La problemática afecta además a muchos inmigrantes que han tenido papeles, pero que al quedarse sin trabajo no han podido renovar su tarjeta. “Tienen la desgracia de haber perdido el trabajo y la sanidad”, comentó Juan Sotelo, presidente del Centro Uruguayo de Madrid, una de las agrupaciones convocantes a la protesta. “Yo estoy legal, pero conozco a muchos así”, contó.

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