La Justicia española autorizó ayer la extradición del ex piloto de la Armada argentina Julio Alberto Poch, para que sea juzgado por su presunta participación en los llamados “vuelos de la muerte” durante la última dictadura militar.
El tribunal de la Audiencia Nacional, principal instancia penal española, consideró que “existen indicios” de que Poch pudo haber participado en los mencionados vuelos, en los que los opositores al régimen militar eran arrojados al mar desde aviones.
El ex teniente de fragata y piloto naval estaba detenido desde hace casi cuatro meses en España, a la espera de la resolución judicial de los magistrados del país europeo, aunque el pedido de extradición había ingresado a Holanda en 2008.
En tanto, a pesar de que en un principio el piloto había rechazado al traslado, el 13 de enero pasado aceptó ser extraditado a Argentina, pero aclarando que negaba los hechos que se le imputan. Al declarar ante la Sección Segunda de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, Poch aseguró que es inocente y que fue “acusado falsamente”, pero explicó que aún así aceptaba ser trasladado para “tener un juicio justo”.
Por su parte, los magistrados destacaron en su veredicto que los presuntos delitos cometidos por el acusado –que posee doble nacionalidad argentina y holandesa– podrían considerarse crímenes de lesa humanidad, lo que justifica su extradición.
El ex militar está acusado en cuatro procedimientos judiciales que investiga el juez federal Sergio Torres por “detenciones ilegítimas, torturas, lesiones, desapariciones y muertes” producidas en la Escuela Superior de Mecánica de la Armada (Esma). No obstante, los jueces recomiendan que el detenido “en ningún caso sea condenado a cadena perpetua”, sino a la pena inmediatamente inferior a ella.
El fallo, en tanto, se pronunció después de que los jueces Ángel Luis Hurtado, José Ricardo de Prada Solaesa y Enrique López señalaran en su dictamen que la documentación remitida por la Justicia argentina aporta indicios suficientes para sospechar de la participación de Poch en los hechos que se le imputan.
Además, en el documento que expidieron los españoles se detalla que el piloto está acusado de arrojar “personas vivas desde aviones o helicópteros que él conducía, como oficial de aviador naval de la Armada argentina en el período comprendido entre 1976 y 1980”. De hecho, según concluyó la Justicia española, Poch pudo haber participado en “600 hechos concretos relacionados con la detención ilegítima de personas y en posteriores torturas, lesiones, desapariciones, y muertes”.
Antes de ser detenido, el ex militar de 57 años trabajaba como comandante de avión de la aerolínea comercial holandesa Transavia y fue arrestado el pasado 22 de septiembre durante una escala en el aeropuerto de Manises-Valencia, en su último vuelo antes de jubilarse.
La investigación del juez Torres reúne el testimonio de un compañero de trabajo de Poch, al que el ex militar narró cómo se arrojaba a personas vivas al mar, justificando ese método de exterminio.
Para que la entrega de Poch sea un hecho, sólo falta ser ratificada por el Consejo de Ministros español, que el pasado 30 de octubre había decidido dar continuidad al proyecto.
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