Él tiene 46 años, y su esposa uno menos. Son argentinos, y le habían encontrado la vuelta al sustento económico en España: desde la localidad de Azuara, en Zaragoza, ofrecían por internet y mediante aplicaciones para celulares pizzas que ellos mismos elaboraban. Construyeron un negocio próspero, pero sin las habilitaciones correspondientes, por lo que terminaron detenidos el pasado lunes. Habían alcanzado a comercializar unos 12 mil kilos, con vehículos propios y de una compañía de cadetería. Tenían una red de clientes en 22 provincias españolas, que además de particulares comprendía a hostels, hoteles, empresas de catering, campings, piscinas y organizadores de eventos.
Las autoridades sanitarias españolas apresaron a G.P.S. y a su esposa, C.E.C, bajo la acusación de delitos contra la salud pública y contra la hacienda pública y la seguridad social.
El acecho a la pareja de argentinos comenzó el pasado 14 de enero, cuando autoridades de Zaragoza recibieron una comunicación de la Subdirección provincial de Salud Pública en la que les informaban sobre la detección de un negocio clandestino, el de los argentinos. Estaban los anuncios en internet, pero en Azuara no existía registro de ninguna empresa inscrita en el correspondiente registro sanitario.
El allanamiento del local donde elaboraban las pizzas fue en la mañana del 6 de febrero. La propietaria era la mujer, y su esposo figuraba como director comercial de la empresa sin registro. La Guardia Civil encontró allí un horno de grandes dimensiones, una máquina amasadora, dos mesas de trabajo, dos envasadoras al vacío, dos congeladores, cuatro heladeras, varios rollos de etiquetado, bandejas, útiles para la elaboración de pizzas, bolsas de envasado, bolsas isotérmicas para transporte, la materia prima y equipos electrónicos e informáticos. Los argentinos fueron detenidos cuatro días después, el lunes 10.
La investigación comprobó que el ámbito de comercialización de las pizzas era todo el territorio español, y que el negocio no acreditaba documentación sobre el origen autorizado del producto, ni las condiciones higiénicas en las que se elaboraba, lo que habilita la sospecha de un riesgo para la salud pública.
Las provincias en las que hasta el momento se pudo comprobar la recepción de las pizzas son Alicante, Asturias, Almería, Barcelona, Burgos, Cádiz, Castellón, Girona, Guadalajara, Huesca, Jaén, Lleida, Madrid, Málaga, Murcia, Navarra, Salamanca, Soria, Teruel, Valencia, Zamora y Zaragoza.
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