Espacios de atención en salud mental y consumos problemáticos del sur de Santa Fe denunciaron que no pueden trabajar con las medidas planteadas por los gobiernos a cuenta del covid-19. Dijeron que si bien les declararon como rubro escencial, las autoridades no les acompañaron con recursos para atender. Señalaron que a los gastos que tenían (transporte, alquiler, servicios y salarios) los dispositivos tuvieron que comprar alimentos y elementos de limpieza extra. Para asistir a unas 300 personas desde el inicio de la cuarentena trabajan 150 profesionales.
“Detrás de cada número expuesto hay una persona con sus padecimientos, hay una cara, un organismo, una subjetividad, un cuerpo que requiere atención y asistencia adecuadas”, explicaron a través de un comunicado las organizciones y completaron: “Igualmente sucede con les trabajadores, que a esta altura está más que claro que se encuentran comprometides con la problemática y sustentan en ese compromiso sus intervenciones, ya que las instituciones hemos visto menguados nuestros ingresos para cubrir las remuneraciones y en numerosos casos no hemos podido abonarlas en tiempo y forma”.
Según las organizaciones, la atención, que alcanza a poblaciones ya vulneradas, fue afectada por la falta de recursos, y vieron con preocupación que solo se hable de la problemática epidemiológica. Para quienes trabajan en los espacios de atención, muy poco se dijo de cómo trabajar en salud mental y consumos problemáticos durante la pandemia. Explicaron en el comunicado: “La salud mental de la población con la cual trabajamos se ha visto sensiblemente afectada debido a la mayor vulnerabilidad que presentan nuestres usuaries, quienes han sufrido una restricción de los circuitos habituales de circulación y atención, al tiempo que, para peor, en numerosas ocasiones han sido víctimas de la violencia institucional desplegada por el estado a través de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales”.
De fondo
En el comunicado también mostraron su preocupación por saber el rumbo de la Aprecod (Agencia de Prevención del Consumo de Drogas y Tratamiento integral de las Adicciones de Santa Fe). “El Estado provincial no cuenta aún hoy con el diseño de una política específica para el campo de las problemáticas de consumo en el actual contexto, como así tampoco una instancia institucional que canalice y articule las demandas de les ciudadanos usuaries”, dijeron desde las organizaciones. Como ejemplo del limbo que viven contaron que todavía les deben sueldos y aumentos acordados en 2019.
Firmaron el comunicado autoridades de Red Puentes, Vínculo, Programa Andrés Rosario, Familia Grande Hogar de Cristo, Volver a la Vida, Nazareth, El Rincón Cultural y Unidos Todos.
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