Carina Ortiz
La Cámara Penal de Santa Fe declaró la nulidad de la autorización para peritar los usuarios de los fiscales Roberto Apullan y María Laura Martí utilizados en los servidores del Ministerio Público de la Acusación (MPA). Este pedido fue formulado por fiscales rosarinos en la investigación que se inició por la intervención telefónica al ministro de Seguridad Maximiliano Pullaro en el marco de la pesquisa por las horas extra policiales (conocidas como Ospe). También los camaristas anularon una solicitud para revisar los correos electrónicos de dos policías que trabajan con los fiscales en la pesquisa por las horas Ospe.
Una investigación que llevaban adelante los fiscales Apullan y Martí sobre un presunto desmanejo en el pago de horas Ospe y dejó en la mira al jefe policial de la Unidad Regional V con asiento en Rafaela, Adrián Rodríguez, se transformó en un escándalo. En la pesquisa se pidieron intervenciones telefónicas, entre ellas a la línea que usaba el ministro de Pullaro que se filtraron a la prensa en octubre pasado. En ellas surgen conversaciones del ministro con parte de su grupo de trabajo, distintos funcionarios y hasta con el gobernador. Una de ellas la mantiene con Rodríguez: hablan sobre un concurso al que se había presentado el uniformado.
Esta situación generó la reacción de Pullaro, quien denunció penalmente a los dos fiscales santafesinos acusándolos de pinchar ilegalmente su teléfono y le dedicó frases muy duras como: “Fiscales como ellos no merecen ser parte del Ministerio Público de la Acusación”. “Hubo intencionalidad y mala fe para golpear a mi persona” o “queremos saber quiénes fueron los titiriteros de Martí y de Apullan”.
La investigación quedó en manos de los fiscales Juliana González y Gustavo Ponce Asahad, con asiento en Rosario, aunque el trámite del caso radica en Santa Fe. Los funcionarios hicieron algunos pedidos al Colegio de Jueces de la capital provincial y a la Oficina de Gestión Judicial (OGJ). Pidieron acceder a toda la información que se encuentra en los servidores del MPA vinculados con los usuarios de Apullán y Martín desde julio de 2017 a marzo de 2018. También solicitaron a OGJ los pedidos de intervención telefónica al juez y la autorización para una pericia informática integral de los aparatos de telefonía celular y notebooks de dos numerarios de la Dirección de Asuntos Internos que colaboraban con Apullán y Martí.
En una segunda resolución, el juez hizo lugar a un pedido para acceder a toda la información que se encuentra dentro de los servidores del MPA desde el 6 de noviembre de 2017 al 6 de marzo de 2018, respecto de las cuentas de correo oficial de los dos policías que trabajaban con los fiscales Apullán y Martí, con el fin de ubicar archivos de audios vinculados con la investigación, ya fuera recibidos o enviados por correo.
La defensa de los fiscales pidió la invalidez y revocatoria de la decisión judicial del juez Eduardo Pacoví, que fue rechazada y el caso llegó a la Cámara Penal de Santa Fe, más precisamente a las manos del vocal Enrique Álvarez.
La defensa de los fiscales cuestionó dos de las cuatro medidas ordenadas por el juez Pacoví: la primera y la última, es decir las vinculadas con los usuarios de los fiscales y las cuentas de correo de sus subalternos.
El vocal consideró que “no surge palpáreamente cuál es la actividad ilícita” que se le atribuye a los fiscales Apullán y Martí, tampoco de los policías que los secundaban, por lo que autorizar estas medidas “violaría el derecho de defensa”.
Evaluó además que el pedido de acceder a toda la información que se encuentra en los servidores del MPA respecto de los usuarios de Apullán y Martí “es temerario”. Ya que los fiscales están en funciones y manejan información sobre otras investigaciones, además en el pedido no explica puntualmente qué se busca.
También evaluó que la medida se notificó a la defensa de los uniformados. Para el camarista, hay varias irregularidades que inexorablemente invalidan estas dos solicitudes y declaró la nulidad de ambas autorizaciones.
Comentarios