Por Mauro Federico/Data Clave
Cuando el viernes 25 de septiembre se conoció la “filtración” de 272 páginas del Libro de Protocolos de Resoluciones de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) donde quedaron expuestos los títulos (no los contenidos) de 3.859 resoluciones del organismo con datos de unos cien espías y personal diplomático, un cortocircuito estalló entre la intervención y la fiscalía federal que había solicitado la información en el marco de la investigación por el espionaje ilegal durante el macrismo.
Desde esa misma tarde “todos los viejos espías estamos a los telefonazos limpios” relató a Data Clave un ex funcionario de Inteligencia con acceso directo al expediente de la causa que tramita en los tribunales federales de Lomas de Zamora.
El episodio generó desconfianzas y suspicacias entre la interventora de la ex Side Cristina Caamaño y la fiscal Cecilia Incardona, requirente de esos datos enviados por la AFI bajo estrictas condiciones de seguridad. “Se llegó a afirmar erróneamente en algún artículo periodístico que habíamos mandado las copias del libro de registros por correo electrónico, cuando el traslado se hizo en persona y fue entregada en mano al personal de la fiscalía”, aclaró una fuente de la agencia.
Las miradas apuntaron entonces a los dos fiscales -Incardona y Santiago Eyherabide- que subieron esas resoluciones al sistema informático donde tenían acceso todos los abogados de la causa judicial, sin tomar los debidos recaudos de protección de los datos del personal de la AFI allí mencionados.
Detrás del “error”, afloraron las observaciones de quienes vienen monitoreando el desempeño de Caamaño desde su condición de viejos conocedores del mundo de la inteligencia y que, en su gran mayoría, no comparten los postulados de una gestión que se propuso, desde el primer minuto, terminar con los “sótanos de la democracia”.
“La interventora de la AFI y la fiscal se echan la culpa pero lo cierto es que terminó en internet una información clave para la seguridad de los agentes, que figuran en esos listados por razones administrativas”, dijo a Data Clave otro ex funcionario con vasta experiencia en asuntos de inteligencia y seguridad. “La agencia no debió haber mandado ese libro bajo ningún punto de vista, no es información que se pueda compartir porque expone a personal que basa su labor justamente en la confidencialidad”, completó la fuente.
Es importante aclarar que en esos registros que terminaron en un archivo de PDF distribuido a miles de contactos de whatsapp (entre los que se encontraban funcionarios políticos y judiciales, periodistas y agentes) aparecen datos que consignan acciones de inteligencia donde no está en riesgo la seguridad nacional, pero si la seguridad del personal aludido.
“Lo que trascendió es un registro de números de resoluciones donde figuran nombres de agentes que requirieron trámites administrativos, algo burocrático pero cuya difusión es gravísima y causa un estrago mayúsculo pues se descubren nombres de agentes actuales y pasados, viajes al exterior donde se ven los países con los que los servicios de inteligencia argentinos mantienen relación y una información en detalle que puede abrir la sospecha de los equipos que se movilizan”, relató un ex agente consultado. “No hay agravio internacional, pero si existe un grave riesgo interno, que pone en peligro la vida de muchos de los agentes mencionados, sobre cuyos paraderos figuran datos de máxima exposición”, amplió el ex funcionario consultado.
Desde la AFI minimizaron estos planteos. “De todos los nombres de la lista, solo queda uno en cumplimiento del servicio en el exterior, no estamos hablando de un grupo de personas que fueron a cumplir misiones, sino de personal llevando a cabo diversas tareas que van desde la asistencia a un congreso de defensa, en Las Vegas, hasta un delegado argentino en Madrid, que es un ex juez federal al que premiaron con un cargo diplomático”. La fuente concluyó de manera categórica: “No tenemos duda que la filtración se produjo en la fiscalía y que el impacto que produce está lejos de ser un Wikileaks, sino que es más bien una opereta típicamente argenta”.
Otra pinchadura
Una semana después de este escándalo, se conoció otro episodio que generó más cuestionamientos sobre la instrucción de la causa del espionaje M. Se trata de una nueva filtración, en esta oportunidad de datos personales del ex presidente Mauricio Macri, cargada en el sistema Lex 100 de la Justicia.
Allí puede hallarse desde datos de contacto hasta su usuario y contraseña de Netflix, pasando por los números de teléfono móvil (personal y laboral), las direcciones de su oficina y la residencia en la que hoy vive junto a su esposa, Juliana Awada, y su hija Antonia; su dirección de correo electrónico y su usuario y contraseña de Facebook y Mercado Libre; su pin de Blackberry; la fecha de vencimiento de su licencia de conducir; su número de CUIT y clave fiscal; los datos de su pasaporte y visa para ingresar a Estados Unidos; su número de afiliado y plan a la prepaga Osde; el número de su tarjeta de crédito Visa; y la clave de su iPad
La información fue sustraída del celular del secretario privado de Macri, Darío Nieto, a la que se accedió tras aplicar un peritaje llevado a cabo sobre el aparato perteneciente al ex funcionario nacional. Tras la divulgación de este material, la defensa del ex secretario presidencial presentó un escrito en el que apunta contra el juez federal Juan Pablo Augé y los fiscales Incardona y Eyherabide y confirmó que apelará la subida al sistema Lex 100 de la Justicia de esos datos de su cliente que violan “su derecho a la intimidad y el de otras personas”.
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