Edición Impresa, Política

Derechos mayores

Es una provincia para viejos

El Congreso aprobó la ley de protección a personas mayores y Santa Fe es la primera provincia en aplicar la Convención Interamericana. Se creará un Registro de Cuidadores y otro de instituciones, y se impulsa la figura de un defensor propio. En territorio local hay 574 mil adultos mayores


“Santa Fe está construyendo una sociedad inclusiva a través de un Estado presente que cuide a los grupos más vulnerables y desprotegidos”, celebró el diputado Joaquín Blanco, tras la reciente sanción de la ley de Promoción y protección integral de los derechos de las personas mayores, de su autoría. Con la aprobación, la provincia cuenta con una normativa específica de protección a los adultos mayores.

“El espíritu de la ley es tener una visión positiva del envejecimiento y la vejez, lo cual supone valorar el aporte de las personas mayores a la sociedad. Esto implica también protegerlos del aislamiento y la exclusión social y considerarlos como participantes activos del desarrollo social y económico de nuestra sociedad”, destacó el diputado socialista.

La normativa busca proteger a los adultos mayores de situaciones de violencia física y económica, creando la figura del defensor provincial de Personas Mayores, que tendrá un servicio de atención para víctimas de abuso, maltrato y delitos económicos con personal capacitado para el seguimiento de este tipo de problemáticas.

En la misma línea crea el Registro Único Provincial de Cuidadores, que funcionará como una base de datos sistematizada donde deberán estar inscriptos aquellos que desempeñen esa tarea. Además deberán participar en cursos de formación profesional, asumir la obligación de respetar la integridad física y psicológica de las personas mayores y denunciar situaciones de abuso o maltrato.

También crea el Registro de instituciones públicas y privadas habilitadas para recibir a las personas mayores, con la finalidad de garantizar servicios y atención de calidad en los establecimientos residenciales de alojamiento, internación y centros de día. Y fija que el Estado tendrá la obligación de controlarlas, con penas y  multas de hasta 70 mil pesos aquellos establecimientos que no se encuentren en regla.

“Con las herramientas que brindará esta ley para la integración social, los geriátricos deberían ser la última instancia en cuidado de las personas mayores”, explicó el diputado. “Debemos ofrecerles herramientas para su desarrollo y autonomía”, completó.

Otro aspecto importante de la ley, destacó Blanco, es la perspectiva de género y el respeto de los derechos de las mujeres mayores, contenidos en el texto. Obliga al Estado su inclusión en el diseño e implementación de las políticas públicas.

“Con esta ley, Santa Fe se convierte en la primera provincia de la Argentina en aplicar la Convención Interamericana sobre Protección de los Derechos Humanos de las Personas Mayores, que obliga al Estado a profundizar o poner en marcha políticas públicas que concreten los derechos contemplados en ella; y permite que cualquier santafesino pueda interponer una petición individual para denunciar la violación de sus derechos”, resaltó el legislador.

Según las proyecciones del Indec, en Santa Fe hay cerca de 574 mil personas mayores de 60 años y hacia 2040, cerca del 22% de la población de la provincia estará en ese rango etario. “Promover y dar visibilidad a los cuidados de las personas mayores en un tema de interés público”, sostuvo Blanco.

“Apostamos a la integración intergeneracional como pilar fundamental para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Involucramos a la familia, a la comunidad y al sector privado, cada uno de los cuales asume funciones diferentes e imprescindibles”, concluyó.

 

Quién podrá defenderlos

La Defensoría Provincial de Personas Mayores, que impulsa la ley aprobada, plantea que un defensor del ámbito de la Defensoría del Pueblo representará a las personas mayores frente a instituciones públicas y privadas que brindan servicios (Pami, Ansés, bancos) velando por el cumplimiento de sus derechos de manera permanente y gratuita, recibiendo quejas y asesorando a los adultos mayores respecto a sus derechos y modos de acceder a la Justicia y denunciando a cualquier tipo de amenaza o vulneración de manera individual o colectiva.

En tanto, el Servicio de Atención para Víctimas de abuso y maltrato brindará atención y seguimiento psicológico, jurídico y social a través de un equipo técnico interdisciplinario. La norma propone Unidades Fiscales Especiales que se podrán crear en el ámbito del Ministerio Público de la Acusación para la investigación y persecución penal de denuncias sobre hechos de abuso y maltrato a personas mayores y todo tipo de delitos contra su patrimonio.

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