Desde ayer el precio del peaje de la autopista Rosario-Santa Fe cuesta un 43 por ciento más. Así lo anunció el Ejecutivo provincial a través de un comunicado que se lanzó el martes último, en vísperas del feriado por el Día del trabajador, en el que se explica que la suba “responde a lo establecido en el contrato de concesión firmado con la empresa Autopista Rosario Santa Fe SA (Arssa) en diciembre de 2010”. Las quejas por la medida no se hicieron esperar y el referente de la Red Argentina de Consumidores, Christian Galindo, dijo, entre otras cosas, que el incremento “carece de razonabilidad” si se lo compara con la “evolución de los salarios”, como también con las últimas mediciones realizadas por el Instituto Provincial de Estadísticas y Censos (Ipec).
De acuerdo a la información oficial, las nuevas tarifas serán de 10 pesos para la categoría uno (que abarca a motos, autos y pickups), aunque sólo se aplicará el aumento en las cabinas apostadas en los kilómetros 22 y 141 de la autopista. Al tiempo aclararon que el precio de los “accesos secundarios no sufrirá variación” y de esta manera mantendrá el valor de 2,50 pesos.
Por su parte, el titular de Arssa, Iván Bergallo, expresó a un medio de prensa santafesino que los nuevos precios fueron propuestos por el poder concedente, es decir, por el gobierno provincial. También remarcó que lo que se recaude por el excedente de la tarifa del peaje “se destinará al Fondo de Obras creado cuando se firmó el contrato de concesión”. Al respecto, desde la Red Argentina de Consumidores reflexionaron: ¿Qué sentido tiene concesionar este servicio a un privado si los usuarios somos los financistas del mismo?” e insistieron en que “pagar peaje a cuenta de un beneficio futuro no es peaje” sino un impuesto que se traduce en un verdadero crédito del usuario al concesionario.
“Práctica habitual”
Amén de las disonancias sobre el fundamento del aumento, al cual Galindo consideró que “está en contra de cualquier norma técnica-económica de la ingeniería económica de transporte”, otro de los puntos de crispación para el referente de la Red Argentina de Consumidores fue la “forma” en que fue difundida la nueva medida por parte del gobierno provincial. “Es práctica constante y habitual el anunciar en vísperas de feriados o fines de semana las subas de las tarifas, las que luego rigen de manera casi inmediata”, dijo, y explicó que sin la previa y razonable anticipación, actúa en clara violación al derecho a la información de los usuarios.
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