Ciudad

Proyecto de ley

“Es fundamental reparar la violencia institucional”

Georgina Orellano, secretaria general de la la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar), presentó junto al diputado Carlos del Frade un proyecto de reparación histórica para trabajadoras sexuales que fueron privadas de su libertad


Georgina Orellano y Carlos del Frade presentaron el proyecto de ley.

“Desde la Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina (Ammar) acompañamos este tipo de iniciativa porque es fundamental poder reparar la violencia institucional”, sostuvo Georgina Orellano, secretaria general de la asociación, que junto al diputado provincial Carlos del Frade presentaron este lunes en San Lorenzo 1453 un proyecto de ley para crear un Régimen Reparatorio para Víctimas de Violencia Institucional por motivos de trabajo sexual o identidad de género. “Pedimos una reparación por las detenciones arbitrarias y todas aquellas situaciones que pasaron las trabajadoras sexuales. Muchas lo dejaron pero tuvieron que volver al espacio público para enfrentar la crisis económica. Nuestro trabajo no es un delito sino una actividad lícita”, explicó.

El proyecto se trata de una reparación histórica para las personas que fueron privadas de su libertad por ejercer en la vía pública. Consiste en una pensión mensual no contributiva, con carácter vitalicio, equivalente a la suma de dos veces el haber mínimo de pensión vigente en la provincia de Santa Fe.

“La sociedad tiene que entender que hay que darle una respuesta a nuestras compañeras. Este tipo de políticas vendrían a reparar un poco el daño que generó el propio Estado. En la actualidad ya no se rigen con el edicto policial para ampararse y desplegar todo su accionar, abuso de poder y detener de maneara ilegal, sino que usan otras herramientas, a través de la coima a los clientes, por ejemplo”, sintetizó Orellano.

En Argentina el trabajo sexual voluntario no es un delito pero los artículos contravencionales siguen vigentes en 18 provincias que criminalizan el ejercicio del trabajo sexual en la vía pública y comprenden multas y arresto de hasta 60 días para las personas que ofrecen servicios sexuales en la calle y habilitan el ejercicio sistemático de violencia institucional por parte de las fuerzas de seguridad. En Santa Fe se derogó en 2010, en Entre Ríos en 2003 y en Santiago del Estero en 2008.

La secretaria general de Ammar remarcó que en un momento donde la agenda feminista marca “no más violencia hacia el cuerpo de las mujeres, lesbianas, travestis y trans”, este tipo de políticas tiene que ser una bandera.

El diputado por el Frente Social y Popular explicó que es un proyecto de ley de reparación histórica para las trabajadoras sexuales que fueron vejadas, violentadas y extorsionadas por la fuerza estatal policial. “Es un hecho de reparación, un acto de mínima justicia frente a todo lo que sufrieron”, explicó.

Del Frade apuntó a las “cajas negras policiales que se siguen alimentando de lo que se les cobra a las trabajadoras sexuales, no sólo en la calle sino también en los departamentos”.

Y agregó que después de 35 años de finalizada la última dictadura cívico militar “empezamos a democratizar lo que significa la violencia contra las trabajadores sexuales y trans”.

El recuerdo de Sandra

 

El 27 de enero de 2019 se cumplirán 15 años del asesinato de Sandra Cabrera, quien fue secretaria de Ammar. La trabajadora sexual y dirigente gremial recibió un disparo en la nuca en la zona de la Terminal de Ómnibus en represalia por la lucha que llevaba adelante para combatir el castigo policial hacia las mujeres que ejercen la prostitución.

Su militancia sindical se caracterizó por la lucha por los derechos de las trabajadoras sexuales y por las denuncias por corrupción de integrantes de la policía, lo que le ocasionó constantes amenazas a su integridad física y a la de su hija.

Su asesinato quedó impune. Había sido imputado un oficial inspector de la Policía Federal. Como consecuencia del crimen, y de tantas denuncias que surgieron, se disolvió Moralidad Pública de la Policía, sin abrir juicio sobre los 40 miembros que la integraban y que fueron distribuidos entre diferentes brigadas. También se aceleró un proyecto que Sandra había presentado a la Legislatura para la modificación de los artículos 83, 87 y 93 del Código de Faltas, que facultan a la Policía a detener a las prostitutas “cuando hacen oferta pública y escandalosa de sexo”.

Desde enero de 2017 la plazoleta ubicada en Córdoba al 3600 lleva su nombre para que Rosario no olvide lo que le quitó la vida.

Si te gustó esta nota, compartila

Comentarios