El juez federal Julián Ercolini envió este miércoles a juicio oral al detenido falso abogado Marcelo D’Alessio, al suspendido fiscal de Mercedes Juan Ignacio Bidone y a otros nueve procesados en la causa por extorsión, espionaje ilegal y lavado de dinero que hasta fines del año pasado se investigó en Dolores.
El magistrado quedó a cargo del caso cuando pasó desde el fuero federal de Dolores a Comodoro Py y ahora dio por cerrada parcialmente la investigación en torno a diez hechos de extorsiones y espionaje ilegal y a maniobras de lavado de dinero y lo remitió a sorteo de un Tribunal Oral, según la resolución de 48 carillas a la que tuvo acceso Télam.
Como parte de la instrucción que sigue en el juzgado quedó pendiente una decisión sobre el envío a juicio de otros procesados, entre ellos el fiscal federal porteño Carlos Stornelli, porque aún hay recursos pendientes de resolución en instancias de apelación.
El juez rechazó pedidos de sobreseimiento de la defensa de D’Alessio y otros acusados y dio por terminada la investigación en torno a las maniobras extorsivas que sufrió un empresario querellante, Pedro Etchebest y otros nueve hechos.
Etchebest fue quien con su denuncia dio inicio a la investigación en el juzgado federal de Dolores.
A los procesados se les imputa “haber formado parte de una asociación ilícita que, en fecha incierta pero al menos desde el año 2016 hasta el mes de febrero de 2019, planificó y, en ciertos supuestos, ejecutó -sin poseer facultades para ello ni orden de autoridad competente- actividades de investigación, recolección, clasificación, ordenamiento, almacenamiento y análisis de información vinculada a personas, devenir de causas judiciales e integrantes de medios masivos de comunicación”.
En forma paralela, “la organización llevó a cabo maniobras extorsivas, intimidatorias y/o coactivas”.
En el caso puntual del entonces fiscal de Mercedes Bidone “proveía a la organización criminal de información solo asequible para organismos públicos respecto de registros migratorios y comunicaciones telefónicas, la que luego era utilizada en el marco de las diversas maniobras pergeñadas”.
Ercolini dio curso al requerimiento de elevación hecho en 2020 por el entonces fiscal de la causa en Dolores, Juan Pablo Curi y destacó la necesidad de avanzar hacia la etapa de juicio oral “máxime teniendo en cuenta que algunos de los acusados se encuentran privados de su libertad”.
D’Alessio está preso en la cárcel de Ezeiza desde el 15 de febrero de 2019 y ya fue condenado el año pasado en el primer juicio que enfrentó por extorsión a otro empresario, Gabriel Traficante, a cuatro años de prisión mientras que el fiscal Bidone recibió la pena de 3 años y 8 meses de cárcel, en un veredicto a estudio ahora de la Cámara Federal de Casación.
En el caso que se acaba de enviar a juicio a un tribunal oral de Comodoro Py, hay dos exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia con prisión domiciliaria y otro acusado, Aldo Sánchez, detenido en el penal de Marcos Paz.
Los enviados a juicio son D’Alessio, Bidone, dos exagentes de la AFI cuya identidad se preserva, Sánchez, Pablo Bloise, Marcelo Carthy de Gorritti, Mariano Diaz, Eduardo Menchi, el oficial de Prefectura Naval Franco Pini y el excomisario de la Policía bonaerense Norberto Degastaldi.
Una de las acusaciones de extorsión a D’Alessio gira en torno al empresario Etchebest, a quien “habría exigido ilegítimamente” y “en nombre del fiscal
federal Carlos Ernesto Stornelli” el pago de 300.000 dólares a cambio de “no quedar involucrado” en la causa conocida como “Cuadernos” entre enero y febrero de 2019.
En otro caso se le reprocha a D’Alessio como parte de la asociación ilícita que encabezó según la acusación, “frente a un supuesto requerimiento efectuado por Carlos Stornelli, tareas de recopilación de información respecto de Jorge Christian Castanon”, un piloto expareja de la mujer del fiscal porteño.
“También se reprocha a Marcelo Sebastián D’Alessio haber desarrollado, en el marco de la asociación ilícita, tareas de recolección de información -identificadas por la Comisión Provincial por la Memoria como “contrainteligencia”-, con relación a Natacha Jaitt y Mirtha Legrand, así como a los Sres. Eduardo Miragaya, Ignacio Viale, Raúl Martins, Gustavo Vera y Gabriel Anello”, enumera el requerimiento de elevación a juicio fiscal.
Sobre la acusación de lavado de activos irán a juicio los miembros de un grupo que se llamó “Buenos Aires” en la red de mensajería WhatsApp formado por D’Alessio, Bloise, Gorritti, Sánchez y un exagente de la AFI.
Todos habrían sido parte entre marzo y diciembre de 2018 de “una organización criminal dedicada a negociar, coordinar y concertar operaciones financieras internacionales varias veces millonarias en dólares estadounidenses o euros, que involucraban fondos de origen ilícito, el cual se pretendía disimular mediante un esquema especialmente diseñado para ingresar el dinero en el mercado legal y dificultar la trazabilidad de esos activos”.
Comentarios