Ezequiel Nieva
En Santa Fe las causas por delitos contra los derechos humanos han demandado mucho trabajo a víctimas, familiares y sobrevivientes. El último –ya que no el único– de los problemas fue la constitución del tribunal que llevó a cabo la etapa de audiencias orales en la denominada causa Brusa por la que se juzgó al ex juez federal y a otros cinco ex policías de la provincia y que hoy tendrá sentencia. El reflejo fiel de un problema mayor: una Justicia federal –la de la ciudad de Santa Fe– que se ha negado sistemáticamente a revisar su propio pasado.
La estructura vigente debe su apogeo y hegemonía a Víctor Hermes Brusa: un hombre que desde 1984, cuando se elaboró el informe de la Conadep, aparece denunciado como partícipe clave en repetidos operativos de los grupos de tareas, el mismo que en democracia supo lograr su ascenso de secretario a juez federal y que en las sesiones de tortura, según coincidieron todas las víctimas que declararon, actuaba como un sádico exaltado. Gritos, patadas de karate, cintazos con hebilla, quemaduras con brasas de cigarrillo: a todo echaba mano el funcionario cuya carrera judicial se vio truncada en el año 2000 tras la investigación de un incidente que lo tuvo como protagonista.
Si bien las primeras denuncias fueron realizadas hace un cuarto de siglo, el proceso formal comenzó hace una década, cuando varias víctimas presentaron denuncias contra Brusa ante el juez español Baltasar Garzón. En la Argentina estaban vigentes aún las leyes de Obediencia Debida y Punto Final; de ahí la imposibilidad de accionar contra Brusa y la necesidad de hacerlo en España, apelando al principio de que los delitos de lesa humanidad son imprescriptibles y pueden ser investigados y juzgados aun fuera del territorio donde fueron cometidos.
Garzón pidió la extradición de decenas de represores y en esa lista estaba Brusa. El Estado argentino denegó el pedido de Garzón –una decisión de Fernando De la Rúa– a la vez que en el Congreso se iniciaba el lento camino que iba a derivar en la anulación de las leyes de impunidad. Con la primera medida –la declaración de su inconstitucionalidad– se pudieron abrir los llamados “juicios por la verdad” y con la derogación definitiva se avanzó otro paso: pudieron ser reabiertas las causas archivadas en la década del 80 y comenzaron a abrirse nuevas causas derivadas de nuevas denuncias.
En el comienzo de la causa Brusa fue clave la decisión del juez Reinaldo Rodríguez de avanzar contra su ex colega y los otros imputados. El ascenso de Brusa a juez había sido parte de un complejo sistema de complicidades internas dentro de la Justicia federal. Una abrumadora mayoría de funcionarios debe a los favores de Brusa el hecho de haber sido nombrados o ascendidos, de allí las dificultades que se registraron para poder conformar un tribunal imparcial que lo pueda juzgar. Llegaron a ser sorteados una treintena de abogados para el cargo de conjuez antes de que se resolviera cortar por lo sano y traer a un juez de la vecina ciudad de Paraná para presidir el tribunal.
Pese a los cuestionamientos que luego se hicieron a la tarea de Rodríguez –que derivan en la separación de una parte de la causa, la que investiga el delito de asociación ilícita–, su participación fue determinante: procesó a los acusados, sorteó muchas de las trabas de la defensa y avanzó con las actuaciones. Cuando fue separado, la causa se empantanó. En 2007 el entonces conjuez Leandro Corti se hizo cargo y apuró los trámites. A principios de 2008 elevó la causa a juicio oral y, casi de inmediato, dejó su cargo para asumir al frente de la Secretaría de Asuntos Penitenciarios de la provincia.
El camino que se abre
Ya la etapa final de audiencias, hubo 98 declaraciones testimoniales y seis inspecciones oculares en lugares que funcionaron como centros clandestinos de detención. Los relatos de las víctimas fueron estremecedores. No sólo comprendieron los hechos investigados, sino que de ellos resultó la reconstrucción de la historia –en fragmentos– de cómo operó la represión en la ciudad y cómo se configuró, en torno a ella, una vasta red de complicidades e impunidad que salpica a casi todas las instituciones.
Entre otros hechos acaecidos después de la dictadura, los testigos coincidieron en señalar lo difícil que fue sostener sus denuncias en los primeros veinte de años de democracia, con tantos represores reciclados y cumpliendo funciones en la esfera pública: Nicolás Correa como funcionario de Jorge Obeid en Seguridad; Eduardo Ramos como personal de planta de la Municipalidad; Héctor Colombini ascendido a subjefe de Drogas Peligrosas, también bajo el mandato de Obeid; José María Berhnardt como director de Defensa Civil; Mario Facino, dos veces presidente comunal de San José del Rincón por el justicialismo santafesino.
En el juicio contra Brusa surgieron como en una catarata varias denuncias que aún no han sido investigadas y fueron referidas otras que ya llegaron a la Justicia, algunas de las cuales serán elevadas a juicio durante 2010. Entre ellas, la llamada “megacausa”, en la que están involucrados trece represores y que surge de la unificación de una quincena de denuncias sobre delitos de homicidio, desaparición forzada, ocultamiento de cadáveres, sustitución de identidad, falsedad de documento público y apropiación de menores, por el recordado caso de Paula Cortassa/María Carolina Guallane.
También llegará a juicio la causa Barcos, en la que se investiga a Horacio Américo Barcos –fue Personal Civil de Inteligencia (PCI) adscripto al Ejército– por haber secuestrado y torturado a Amalia Ricotti y a su esposo José Alberto Tur en 1978. Y se espera que lo mismo ocurra con las causas que se siguen por asociación ilícita –contra los mismos imputados en la causa Brusa– y las que corresponden a la desaparición de la docente Alicia López y al secuestro de Froilán Aguirre.
Antes de que sea tarde
Entre los muchos riesgos que derivan de las demoras en el arranque de los juicios cabe citar que cada vez se vuelve más difícil conseguir pruebas. En la mayoría de los casos, las únicas pruebas son los testimonios, y quienes pueden darlos “se van muriendo”, según graficó el abogado Horacio Coutaz, representante de la querella en la causa Brusa. Otro inconveniente es que los testigos, cuando no ven avances, pierden la poca o mucha confianza que tienen en el sistema y en muchos casos prefieren no ir a declarar. Quizá el fallo que se conocerá hoy pueda cambiar ese rumbo.
La división de las denuncias en distintas causas es una de las trampas judiciales que no pocos querellantes, funcionarios y dirigentes de organismos de derechos humanos vienen señalando desde hace varios años. La necesidad de una unificación de los procesos pasa por el grado de exposición al que se someten los testigos; al caso de Jorge Julio López pueden sumarse los distintos hechos registrados en Santa Fe desde el inicio de las investigaciones contra Brusa: las pintadas frente a la Casa de Derechos Humanos, el ataúd encontrado en la puerta de LT10 como un mensaje dirigido al juez Rodríguez y a la –por entonces– fiscal federal Griselda Tessio, los atentados contra el negocio del hijo de una pareja de querellantes y las amenazas contra la abogada de Hijos Lucila Puyol, contra la querellante Patricia Isasa y contra el fiscal José Ignacio Candioti.
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